La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó una serie de irregularidades y situaciones complejas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Entre ellas, la existencia de gastos de funcionamiento comprometidos sin crédito disponible, la modificación de los cupos financieros de créditos otorgados -lo que obligó al organismo a cambiar sus condiciones de pago y establecer criterios de priorización para hacer frente a sus obligaciones-, junto a una serie de apartamientos normativos en la planificación de las normas y a la ausencia de mecanismos que permitan identificar en forma oportuna las necesidades de las diferentes unidades.

A eso se agrega que en la revisión quedó en evidencia la carencia de controles para detectar desviaciones y la inexistencia de seguimiento y monitoreo de las situaciones detectadas.

Las conclusiones están incluidas en el informe de relevamiento realizado por el organismo de contralor en febrero de este año, al que accedió El País.

Entre otros objetivos, el trabajo buscó relevar el proceso de asignación presupuestal hecho por el prestador en sus distintas unidades, su ejecución y el pago de los gastos de funcionamiento. También verificar los controles implementados en el proceso de planificación de compras y las actuaciones realizadas por su unidad de auditoría .

Comprendió el período enero a setiembre de 2024, sin perjuicio de que para algunas pruebas, se señaló, se consideró un período más extenso. Abarcó el trabajo de la Gerencia Administrativa, la Dirección de Recursos Materiales y la de Recursos Económicos y Financieros.

Al respecto, según se indicó, en la Planilla de Cierre Mensual en la que cada unidad debe informar sobre la ejecución de los gastos, fueron detectadas facturas de ejercicios anteriores que serán ingresadas con créditos del ejercicio actual. Así como otras facturas pendientes sin ingresadas al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Estado por falta de crédito.

Según el informe, ASSE comenzó el Ejercicio 2024 con un crédito inicial de casi $ 16 mil millones para gastos de funcionamiento. A lo largo del año, recibió cinco refuerzos presupuestales, lo que derivó en un crédito final de más de $ 24 mil millones. Los últimos dos refuerzos fueron otorgados el 27 de diciembre ($ 35 millones) y el 31 de diciembre ($ 2 mil millones). Entre estas partidas se incluyen $ 200 millones para el pago de salarios.

Además, a lo largo del año se asignaron $ 1.630 millones suplementarios para otros gastos, como Comisiones de Apoyo, ajustes salariales y pago de juicios.

En estos datos no están incluidos los montos comprometidos sin existencia de crédito vigentes, las "deudas sin crédito". "A la fecha de este informe, no se tiene certeza de dicho monto", aseguró la AIN, ya que aún se estaban procesando las planillas mensuales remitidas por las distintas unidades ejecutoras de ASSE. El monto firme más reciente corresponde a setiembre de 2024, en donde las "deudas sin crédito" ascendían a $ 2.436 millones.

Este aspecto fue una de las mayores preocupaciones señaladas este mes a la bancada del Frente Amplio por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en cuando a los "gastos a asumir" en esta administración heredados del pasado gobierno. Oddone habló allí ante los legisladores del oficialismo sobre ASSE como un organismo "con un mayor gasto permanente, facturas encajonadas y deuda flotante".

El informe de la AIN presentó al respecto la evolución de las "deudas sin crédito" al cierre de los últimos ejercicios. En 2018 fueron por $ 75 millones y en 2019 por $ 376 millones. En 2021 treparon a $ 563 millones, en 2022 a $ 1.368 millones y en 2023 cerraron en $ 3.582 millones.

El relevamiento indicó que, en el caso de ASSE, desde enero de 2024 el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Tesorería General de la Nación, estableció cupos para gastos por libre disponibilidad, fijando topes mensuales. En virtud de esto, la Gerencia Administrativa comenzó a fijar criterios, limitando los pagos a realizar. Dichos criterios se fijaban a principios de mes conforme a los cupos disponibles.

Así, el criterio dispuesto fue priorizar "los proveedores asistenciales imprescindibles, la continuidad asistencial , los proveedores sensibles a los flujos financieros, las empresas tercerizadas y los proveedores locales pequeños". ASSE, por otra parte, recurrió a acuerdos con los proveedores asistenciales más importantes, en función de pagos fijos con independencia del uso de lo servicios, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando existieran "amenazas de corte de servicios".

De esta forma, los gastos de funcionamiento no priorizados en un mes pasan al siguiente y se priorizan con un criterio de antigüedad. Según una estimación de Tesorería, a enero de 2025 la antigüedad promedio de las deudas era de seis meses. En concreto, al 20 de enero, los gastos pendientes de pago por obligaciones registradas ante el SIIF, ascendían a $ 5.403 millones. A la cotización vigente a ese fecha, equivalían a US$ 127 millones.

En cuanto al control de la planificación de las compras, el informe de la AIN subrayó la ausencia de mecanismos, por parte de ASSE Central, que permitan conocer de forma oportuna las necesidades de las diferentes unidades ejecutoras, por lo que las adquisiciones se efectúan sin un previo relevamiento. En la medida en que surjan necesidades no tenidas en cuenta, las contrataciones carecen de eficiencia, al no contar con las ofertas más convenientes.

Según el informe, ASSE no presentó planes de acción para mitigar los riesgos a los que quedó expuesto a partir de todas las situaciones detectadas. Tampoco realizó auditorías de seguimiento.