En 2019, antes que el covid-19 llegara a Uruguay y tuviera los impactos ya conocidos en el empleo, los ingresos y la actividad, había casi 440.000 personas que trabajaban 40 horas a la semana por $ 25.000 líquidos mensuales. Una realidad aceptada por el gobierno y la oposición, que coinciden en que, en estos casi cuatro años, el fenómeno se incrementó. La diferencia está en la magnitud de ese aumento.

El tema fue parte del debate en el Parlamento mientras se trataba el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Allí la diputada frentista Ana Olivera citó en sala un informe del Instituto Cuesta Duarte (ICD) del Pit-Cnt, presentado este año, que asegura que esa cifra creció desde entonces en unas 100.000 personas. La legisladora dio el dato, luego de esperar sin éxito que el ministro lo hiciera. “Me parece que es un dato importante, porque está asociado al porcentaje de trabajadores formales que están por debajo de la línea de pobreza”, dijo. Olivera se preguntó por qué el ministerio no incluyó, en las pautas salariales, ajustes diferenciales para estos trabajadores.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, le respondió que coincide en que existió un aumento. Aunque aclaró: “Pero a nosotros nos da que fue la mitad”. El ministerio estima en un poco más de 50.000 más en esa condición comparado al año 2019.

En diálogo con El País, Mieres atribuyó este fenómeno al “costo de la formalidad”. Parte del incremento, sostuvo, puede deberse a trabajadores que pasaron a desempeñarse en empleos formales y, por lo tanto, sus salarios nominales comenzaron a quedar registrados. Otra de las causas, agregó, apunta a que el salario real viene mejorando, pero aún no ha completado su recuperación.

“Está claro que para el gobierno, estos no son montos que nos dejen contentos”, aseguró Mieres. De todas formas, precisó, que a su cartera no le “pareció correcto” incluir en la última ronda de negociación salarial referencias a los sueldos sumergidos.

En la sesión también se intercambió sobre la problemática económica y laboral en la frontera. Fue planteada incluso por diputados del oficialismo, quienes cuestionaron si se tomarán nuevas medidas.

“Todos estamos preocupados por una situación a todas luces imposible de revertir en las circunstancias actuales”, señaló Mieres. La lectura del jerarca es que las condiciones de la economía argentina son de tal nivel de desacoplamiento que “no hay medida que alcance” o que le permita a Uruguay neutralizar el impacto. “Para un gobierno es feo decir esto, porque un gobierno lo que quiere es resolver problemas, pero este problema tal como está planteado es muy difícil de resolver”, insistió.

Ante los legisladores, Mieres sostuvo que las medidas que se adoptaron para generar empleo tuvieron un impacto mínimo y que “aunque desapareciera toda la carga tributaria” en la frontera, se seguiría “fuera de competencia” con Argentina.

Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social buena parte de la afectación laboral provocada por la diferencia cambiaria en la frontera puede explicarse por un aumento de la tasa de actividad ya que hay más gente buscando empleo y el mercado hoy no está en condiciones de absorber.

“Nadie puede dudar de que haya impacto”, concluyó el ministro.