A PARTIR DE JULIO

P. S. FERNÁNDEZ / J. SILVA

La estrategia del gobierno para combatir la escalada de precios es poner más dinero en los bolsillos de los uruguayos. Así lo anunció el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ayer a la noche cuando informó que, a partir del 1 de julio, se dará un aumento adicional a los trabajadores públicos de 2% y en las jubilaciones del 3%.

El primer mandatario le sugirió al sector privado que defina la misma acción para así lograr que los salarios de todo el país no pierdan poder de compra y queden por encima de la inflación.

Es decir: el gobierno pretende que se adelanten los correctivos de sueldos acordados en las negociaciones salariales pasadas antes de que finalicen los convenios para que los trabajadores no quedan rezagados en su poder de compra.

Se trata de una realidad compleja. Hoy el mundo vive una escalada de precios de los alimentos provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania y Uruguay no es una excepción.

El ingreso real de los uruguayos bajó en 2018 y 2019, cayó fuerte en 2020 y se recuperó parcialmente en 2021.

No obstante, este repunte inflacionario amenaza nuevamente el poder adquisitivo de las familias uruguayas.

Antes de recibir a los líderes de los distintos grupos políticos en la tarde-noche de ayer, Lacalle Pou conocía todas las medidas propuestas que éstos le propusieron para bajar los precios. Por ejemplo, el paquete de acciones que los colorados de Ciudadanos, o que Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos, pusieron arriba de la mesa iban desde el adelanto de las negociaciones salariales hasta aumentos en las prestaciones de seguridad social pasando por el acuerdo de precios con las empresas productoras de alimentos y con las grandes superficies que los venden.

Lacalle Pou convocó a la Torre Ejecutiva al líder colorado Julio María Sanguinetti, el representante del Partido de la Gente, el diputado Daniel Peña, el senador y líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, y al ministro de Trabajo, Pablo Mieres como líder del Partido Independiente.

En la reunión asistieron la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, entre otros asesores del presidente.

Según relataron fuentes políticas a El País, la reunión entre Lacalle Pou y los líderes de la coalición de gobierno fue breve, porque el primer mandatario fue al grano. Expuso lo que luego presentaría en la conferencia de prensa.

“Arrancó contando su decisión de que había que cortar por lo sano (con el tema inflacionario)”, comentó a El País un participante del encuentro.

Luego, Lacalle Pou abrió un espacio para que los socios del oficialismo plantearan sus inquietudes. Uno de ellos, el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, inquirió, por ejemplo, por qué los aumentos para los funcionarios públicos y los jubilados recién regirían a partir del 1° de julio de este año.

La respuesta que dio Alfie fue que el gobierno estimaba que hasta ese mes la inflación no sobrepasaría el nivel de los salarios.

Hubo también más intercambios de ese tipo, que apuntaban a esclarecer y entender las medidas diseñadas.

El presidente Lacalle Pou insistió en que se debía tomar el camino de incrementar los sueldos para evitar que éstos pierdan poder adquisitivo.

A la salida del encuentro, el expresidente Sanguinetti dijo que el costo del incremento adicional para públicos y jubilaciones será de US$ 170 millones.

Lacalle Pou indicó que, con este agregado a las jubilaciones, pensiones y salarios públicos, se debería estar por encima de la inflación esperada.

“La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo. Al mismo tiempo hemos tenido una política económica sostenible que nos permite tomar estas medidas. La responsabilidad es la que nos faculta hoy ante esta coyuntura tomar estas medidas y sugerir otras acciones”, indicó.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, el ministro de Trabajo señaló que en 2021 se abrió la novena ronda de negociaciones, lo que significó la tratativa salarial por dos años para 600.000 trabajadores.

De esas mesas, según informó, buena parte acordaron ajustes por inflación al año o a los 18 meses y un 40% firmó un ajuste por inflación para julio de 2023.

Para estas últimas, dijo Mieres, es que el gobierno sugiere el adelanto del correctivo por inflación.

Tras finalizar la conferencia de prensa, Lacalle Pou fue consultado por los periodistas sobre si estas medidas son suficientes para contrarrestar el aumento de los precios. El primer mandatario dijo que está “convencido” sobre que las acciones que toma el gobierno son “paliativas”, pero aseguró que se están estudiando otras, que se darán a conocer en los próximos días.

Y adelantó que su posición es que se extienda la exoneración de IVA que ya rige para varios productos, entre los que están el asado de tira, algunos panificados y fideos.

De todos modos, aclaró que debe conversar esto con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

En relación a los sectores más vulnerables de la población que no tienen salarios ni jubilaciones o que sus ingresos no les permiten ubicarse por encima de la línea de pobreza, Lacalle Pou afirmó que el gobierno prepara otro paquete de medidas.

En esa línea, la jefa del equipo económico, Arbeleche, mantuvo reuniones días antes a la Semana Santa con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para diseñar políticas para atender a los más necesitados.

Según supo El País, el próximo paquete de medidas incluye aumentos adicionales a las ayudas económicas que reciben, por ejemplo los beneficiados con la aplicación TuApp.

La comunicación de ayer del jefe de Estado generó sorpresa en el sector empresarial privado.

Hasta las últimas horas de la víspera, los dirigentes de las distintas cámaras empresariales intercambiaron llamadas y mensajes en los grupos de WhatsApp para definir con qué posición irán al Consejo Superior Tripartito de salario, cuando sean convocados por el ministro Pablo Mieres.

Las fuentes consultadas prefieren no brindar una declaración hasta conocer en detalle la propuesta formal del Ministerio de Trabajo.

El anuncio del presidente también causó sorpresa en los directivos de la Cámara de Industrias del Uruguay.

El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antia, dijo que se está en un proceso de contratos hechos con proveedores y empresas.

“En el medio del río se nos pide (por parte de la presidencia de la República) un cambio de acción. Mientras nos piden cuidar los precios, por otro lado nos están solicitando que indexemos los salarios”, declaró el representante empresarial al ser consultado ayer a la noche.

Antia aclaró que la realidad de cada empresa es muy distinta y se vuelve a convocar a una negociación por rama, cuando hay casos donde las empresas comprendidas tienen “más aire” para realizar un ajuste salarial, y otras enfrentan una realidad económica más compleja.

Pit-Cnt disconforme con los anuncios de Lacalle

Dirigente critican falta de datos y “desprecio” a la negociación colectiva

Las primeras reacciones en la cúpula del Pit-Cnt y en el sindicato de los funcionarios (COFE) es de mesura, en tanto es muy pronto para hacer un análisis profundo del aumento del 2% para los salarios públicos y 3% jubilaciones y pensiones a partir del 1° de julio de este año. Pero desde el arranque los sindicalistas ya tienen algunos cuestionamientos, como por ejemplo la falta de información acerca de detalles sobre este anuncio.

“Tenemos mucha incertidumbre porque no sabemos si esto es un aumento o un adelanto del ajuste que se iba a hacer el año que viene”, dijo en ese sentido Martín Pereira, presidente de COFE e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical. “No tenemos claro de dónde sale este 2%”, insistió el dirigente en diálogo con El País.

José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de Cofe, compartió el planteo de Pereira, pero agregó que entiende que, además, hubo un “desprecio” por parte del presidente Luis Lacalle Pou a la negociación colectiva, en el entendido de que al hacerlo no dejó margen a los sindicatos para negociar otras cifras en la ronda de salarios. “Una cosa es convocar a la mesa de negociación y poner los números arriba de la mesa y negociar como establece la ley; otra es que el gobierno haga un anuncio y después convoque a la negociación”, sostuvo López, que también consideró importante destacar que los aumentos, “según el promedio de los salarios en la administración pública, no implican más que $ 600”. “Hay que poner todo en su justa medida”; remarcó.