El Frente Amplio y Cabildo Abierto aprobaron ayer en la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados varios cambios al proyecto de ley que otorga créditos laborales para extrabajadores de Casa de Galicia por hasta US$ 30 millones y que fue votado la semana pasada en el Senado. La cámara baja se disponía a tratarlo unas horas más tarde en el plenario, pero a pedido de algunos legisladores, que solicitaron más tiempo para estudiarlo, la votación fue postergada para el próximo martes. En paralelo, el Poder Ejecutivo prepara un proyecto alternativo para responder a la problemática.

La comisión aprobó ayer por mayoría, con cuatro votos sobre siete presentes, las modificaciones al proyecto de ley que se sancionaron en el Senado. Uno de esos cambios, introducido en el artículo 5, refiere al plazo otorgado para que mutualistas contraten a “los extrabajadores de Casa de Galicia que a la fecha no hubiesen sido incorporados por las instituciones obligadas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 20.022, de 14 de febrero de 2022”. Mientras que la cámara alta votó la semana pasada que estos exempleados serían contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) o por otras instituciones en un plazo máximo de 60 días, la iniciativa aprobada ayer en comisión de Diputados establece que “se distribuirán entre las obligadas en un plazo máximo de 180 días a partir de la promulgación de la presente ley”.

Además de la ampliación del lapso, de dos a seis meses, no aparece mencionada ASSE en el texto que salió ayer de comisión. Este cambio responde a que, desde la semana pasada, comenzó el año preelectoral, por lo que el Parlamento no puede aprobar ampliación del gasto público y el prestador público de salud no puede asumir nuevas contrataciones.

La comisión aprobó ayer que ingresara como grave y urgente en el plenario, y así sucedió, pero a la hora de votar este tratamiento, la coordinadora de la bancada del Frente Amplio, la diputada Lucía Etcheverry, pidió su postergación. “Se ha solicitado por parte de algunos legisladores una semana más, es decir que ingrese en el orden del día de la sesión del martes que viene, a los efectos de analizar en profundidad algunos de los artículos, pero esto no implicaría poner en riesgo el reconocimiento de esos derechos (laborales de los extrabajadores), que no son derechos que se estén imponiendo, sino que son derechos adquiridos”, expresó la legisladora.

El proyecto establece que los créditos laborales “se garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 Unidades Indexadas por trabajador” y deberán ser abonados en un único pago en el plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley. En definitiva, cada extrabajador podría cobrar hasta $ 600.000, unos US$ 15.000, lo que suma una erogación de unos US$ 30 millones para el Estado.

De todas maneras, la diputada colorada María Eugenia Roselló, que integra la comisión, alertó que en caso de aprobarse esta iniciativa “sería recurrir a una solución viciada de inconstitucionalidad, pasible de ser impugnada”.

La aprobación de este proyecto en el Senado, con votos de las bancadas del Frente Amplio y Cabildo Abierto, y de los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo, generó una crisis en el oficialismo, aunque incomparable a la que se desató en las últimas horas en el Poder Ejecutivo, tras la renuncia del hasta ayer canciller, Francisco Bustillo.

Legisladores blancos alertaban lo crítico que resultaba que dos senadores nacionalistas votaran con frentistas y cabildantes un proyecto diferente al impulsado desde el gobierno y, para dimensionar la relevancia que le daba el presidente Luis Lacalle Pou a tal disidencia, advertían que el mandatario envió a tres ministros al Palacio Legislativo para intentar frenar la iniciativa: la de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; y la de Salud Pública, Karina Rando.

A pesar de que no lograron torcer el impulso de Botana y Straneo, las tres carteras aún trabajan en un proyecto alternativo para darle una solución a los extrabajadores de Casa de Galicia. “Estamos buscando alguna fórmula legislativa” para resolver el tema, dijo Mieres a El País.

En ese sentido, varios legisladores de la coalición manifestaron estar al tanto de que el Poder Ejecutivo busca una vía oficialista para resolverlo.

El Poder Ejecutivo había presentado un proyecto de ley para pagar hasta US$ 8 millones ($ 174 mil por cada exempleado), lo que está por debajo de los US$ 30 millones que propusieron Botana y el Frente Amplio, y de los US$ 42 millones que reclaman exfuncionarios. Pero este proyecto oficialista no prosperó.

Las horas pasan para el gabinete y los plazos se acortan. El martes próximo es la cita agendada por frentistas y cabildantes para dar sus votos al proyecto aprobado en el Senado y en comisión de Diputados.

La semana pasada, representantes de la oposición junto a los del socio díscolo del gobierno se disponían a votar el proyecto en el plenario de Diputados, pero blancos, colorados y el legislador del Partido Independiente, Iván Posada, resolvieron no entrar a sala para no dar quórum y de esa manera impedir su tratamiento. Lo lograron por un voto, ya que había 49 legisladores presentes en la cámara baja y la sesión debió ser suspendida, porque se ne-cesitan 50 para legislar. “Vergonzoso”, exclamó en sala Etcheverry, ante el plantón de la coalición. Hoy unos y otros siguen buscando acuerdos para saldar las deudas con los extrabajadores.