LEY DE PRESUPUESTO

Los senadores de la coalición multicolor aprobaron ayer en comisión la creación de la base de datos para reconocimiento facial y el pasaje de los datos personales desde la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) a la Secretaría General del Ministerio del Interior. Con estos artículos del Presupuesto, el 178 y el 179, el oficialismo le da un marco legal al nuevo sistema de control y seguridad pública que fue diseñado por el anterior gobierno. Por su parte, los legisladores del FA advierten que este cambio “no es legal sin la autorización de cada titular de la imagen” y buscan una nueva fórmula para acordar con el oficialismo.

El almacenamiento de datos personales que están en manos de la DNIC por parte del Ministerio del Interior alertó a la senadora frenteamplista Silvia Nane, que asumió en lugar de la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse. “¿Qué medidas de seguridad vamos a aplicar después a esa base de datos? ¿Cuáles son esos usos específicos de seguridad pública? No consideramos que sea un debate para un proyecto de ley de presupuesto porque no es un dato que se agota en cinco años, sino todo lo contrario”, dijo Nane el martes pasado en comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

El secretario general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, le respondió que “esa discusión quizá debió hacerse antes de que el Estado gastara más de US$ 1.000.000” en un software que permite el cruzamiento de datos de la DNIC con las 8.400 cámaras desplegadas en el país. El jerarca explicó que “en agosto se llamó y el 14 de febrero de 2020 se adjudicó, por parte del Estado, la adquisición de un software” que funciona como “plataforma de reconocimiento facial”. O sea, esto sucedió en el pasado gobierno del FA.

La coalición multicolor votó ayer en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado la creación de la base de datos y el pasaje de la información de la DNIC a la Secretaría General del Ministerio del Interior, pero Nane confía en lograr cambios en el plenario de la Cámara Alta, donde se votará la semana próxima.

El FA pretendió lograr el apoyo de los blancos para dos sustitutivos pero la negociación no prosperó aún. El primer sustitutivo (del artículo 178) refiere a la creación de una base de datos de identificación facial “que será administrada por la DNIC con fines de seguridad pública”, y el segundo (del 179) autoriza a esta dirección a “habilitar y suministrar” a la Secretaría del Ministerio del Interior, “previa autorización de juez o fiscal en el ámbito de sus respectivas competencias, un servicio web para verificación facial de las personas mayores de edad de las que lleva registro”.

En el fundamento del cambio, el FA explica que “la DNIC es un órgano desconcentrado del Ministerio del Interior por lo que no es legal sin la autorización de cada titular de la imagen, que dicha dirección migre todas las imágenes de mayores de 18 años a otra base de datos y mantenga actualizada la misma, fuera del ámbito de su competencia”. El sustitutivo plantea que “se debería solicitar el consentimiento a cada uno de sus titulares, en el momento de tramitarla”.

Ya que la compra del software de reconocimiento facial se resolvió en la gestión de Eduardo Bonomi en Interior, los frenteamplistas pretenden acompañar la iniciativa pero buscan que el instrumento se use específicamente para la identificación facial en el marco de un procedimiento de investigación criminal.

Legisladores del FA negociaron ayer con el senador Carlos Camy, el nacionalista encargado de analizar cambios sobre Interior, pero no lograron que la coalición acompañara la propuesta para aprobarla por unanimidad.