La irrupción de la empresa estatal venezolana Venvidrio, que por US$ 460 mil compró en una subasta pública el pasado 20 de marzo al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) el horno industrial que perteneció a Alenvidrio SA (integrada por Envidrio), puso en alerta a parte del sistema político que ve una maniobra “oscura” en la transacción comercial.

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, quien en el pasado hizo un seguimiento de los acuerdos comerciales entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela, dijo a El País que planteará en los próximos días a la bancada de su partido que se reabra la investigación parlamentaria sobre los negocios del gobierno de Nicolás Maduro con las administraciones del Frente Amplio.

El 31 de octubre de 2016, en el Plenario de la Cámara de Diputados, los votos del Frente Amplio y Unidad Popular bloquearon la creación de una comisión investigadora de los negocios entre Uruguay y Venezuela que venía siendo impulsada por Goñi. En aquella instancia, el FA no contó con el voto de Gonzalo Mujica, que desacató el mandato de la fuerza política, pero hizo mayoría con Eduardo Rubio de Unión Popular para que naufragara la investigadora.

Casi ocho años después, Goñi considera que los motivos para investigar siguen tan vigentes como antes. El legislador dijo a El País que se siente “sorprendido” por lo que ocurrió en la subasta del horno industrial. Afirmó que Venvidrio, tal como se ha denunciado ante la Justicia, fue socia de la empresa liquidada, por lo que no puede aparecer luego a hacerse de los bienes.

“Quiero que se investiguen a fondo las razones de esta nueva incursión económica y comercial del Estado de Venezuela en el Uruguay. Voy a plantear en nuestra bancada de Diputados que se reabra la investigación parlamentaria, porque los negocios de Venezuela en Uruguay siempre son oscuros y esta historia no termina nunca”, detalló.

“Esta nueva operación de compra en el remate de un bien industrial por parte de la empresa estatal venezolana, justifica reiniciar la investigación, no solo para los hechos del pasado, sino para dejar al descubierto la intenciones del régimen de Maduro en Uruguay, que incluso pueden involucrar lavado de activos o desvíos de fondos obtenidos en forma ilícita en Venezuela, a través de inversiones en Uruguay”, afirmó.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

El legislador agregó que las empresas uruguayas siguen sufriendo el daño de aquellas malas decisiones. Puso como ejemplo el caso de Conaprole que pese a los años transcurridos no logra cobrarle a una empresa de alimentos estatal venezolana una deuda que supera los US$ 30 millones.

En 2016 Goñi pretendía determinar las irregularidades en los millonarios préstamos que concedió el Fondes a empresas gestionadas por trabajadores vinculadas a capitales venezolanos y que en su mayoría terminaron fundidas.

Aquel capítulo derivó en un proceso judicial que terminó con el procesamiento del ex diputado del Frente Amplio Daniel Placeres, vinculado a la cooperativa Envidrio.

En aquella instancia Goñi denunció penalmente por “intervenciones arbitrarias en el comercio exterior con Venezuela, al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno y a la concesión de fondos públicos en forma indebida”.

Goñi sostiene que “ya es hora” que se conozcan los entretelones de los negocios que se cerraron en la administración de José Mujica.

El legislador recordó que en aquellos años el actual presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, hizo 16 viajes a Venezuela y que nunca quedó claro si los vínculos políticos “se cruzan” con los económicos.

“Es necesario averiguar si no hubo irregularidades desde el gobierno uruguayo para facilitar negocios ilegítimos a través de fondos como el Bolívar Artigas, o del propio Bandes”, dijo. En este sentido, Goñi indicó que no está claro el papel que juega en Uruguay el Bandes, propiedad del Estado venezolano.

“Tiene solo dos sucursales en el exterior, una en Portugal y otra en Uruguay. En esta subasta se utilizaron fondos que salieron del Bandes, y no son irrelevantes. Queremos saber por qué y para qué se utilizan esos fondos”, dijo.

Ya en 2019 Goñi había denunciado un aumento de depósitos desde el exterior en el Bandes por parte de personas vinculadas al régimen venezolano.

El pasado lunes 8 de abril, El País informó que un empresario recurrió a la Justicia para que la subasta del horno industrial de Alenvidrio SA sea anulada. Para que se entienda todo el proceso es necesario hacer un poco de historia: el Bandes subastó el horno industrial por US$ 460 mil; pero la compradora fue Venvidrio, accionista de la deudora.

El empresario José Andrés Guichón, que también pujó por el horno, se presentó ante la Justicia, según consignó El País. “Resulta claro que la empresa venezolana Venvidrio, mejor oferente en la subasta, es una persona jurídica especialmente relacionada con la fallida, no solo por ser titular del 50% de su paquete accionario sino porque además fue administrador de derecho, o incluso aún lo es, ya que el mandato en cuestión nunca ha sido revocado según la última información del registro correspondiente”, indica la denuncia.

El empresario hizo una consulta jurídica al abogado Pablo Bárcena, quien señaló que “no es admisible que el propio empresario que causó la crisis pueda luego venir a comprar los activos de la empresa para pretender continuar con el emprendimiento pero habiéndose liberado de su pasivo. Sería una forma muy perversa de permitir liberarse de los pasivos para luego comenzar de nuevo de cero”

Y agrega: “si quien adquiere lo hace sin hacerse cargo de pasivos de especie alguna, jamás podría ser el propio deudor”.