El próximo lunes 20 de enero, la renovada bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) definirá los lineamientos para los próximos cinco años, en los que volverá a liderar el gobierno. La lista es bastante extensa y se basa en buena parte en las 48 “prioridades para gobernar” que Yamandú Orsi anunció a mediados de setiembre en Colonia, durante la campaña electoral. También incluirá otras iniciativas que la izquierda intentó impulsar, sin éxito, durante este período.

Una de ellas es la regulación de la eutanasia, un proyecto que centró parte de la agenda legislativa en los últimos cinco años, que divide a la sociedad y a los partidos y que generó una profunda discusión que ahora volverá a cobrar fuerza.

En esa línea, contará como aliado a buena parte del Partido Colorado. El diputado Felipe Schipani anunció el pasado jueves que, cuando comience la próxima legislatura el 15 de febrero, volverá a presentar el proyecto de ley que su correligionario Ope Pasquet impulsó en 2020, que logró la sanción de la Cámara de Diputados pero que irá al archivo, luego de navegar los últimos dos años en el Senado.

Foto: Estefanía Leal

El fracaso obedeció, en buena parte, a la oposición del Partido Nacional en la cámara alta. No obstante, la nueva conformación parlamentaria surgida de las elecciones de octubre, aventura ahora un desenlace diferente.

“Habilitar la eutanasia es permitirles a las personas morir con dignidad y ponerle fin al sufrimiento insoportable”, dijo Schipani en diálogo con El País, y adelantó que impulsará nuevamente la iniciativa a través de la Cámara de Representantes.

“Los seres humanos tenemos el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte”, afirmó. Su planteo fue apoyado por el senador electo, y exaspirante a vicepresidente, Robert Silva, quien llamó a seguir el legado de Pasquet y de “las mejores tradiciones batllistas”.

Schipani viene conversando con Federico Preve, diputado electo por el FA. Al respecto, ambos anunciaron una presentación conjunta del proyecto de ley para legalizar la eutanasia al inicio de la próxima legislatura.

Dado que el FA tendrá mayoría absoluta en el Senado y 48 de los 99 diputados, a nivel parlamentario se percibe que es “casi seguro” que se apruebe. Preve dijo además que su futuro colega nacionalista Diego Echeverría le adelantó su postura favorable. Otro voto que se descuenta es el de Gerardo Sotelo (Partido Independiente).

Foto: Archivo El País

El nacionalista Rodrigo Goñi reafirmó su postura “absolutamente contraria” a la práctica de la eutanasia pero, ante el nuevo panorama político, adelantó que propondrá introducir en el texto dos modificaciones “muy importantes”. Su objetivo es buscar el “mal menor” ante la eventual aprobación. El texto que se volverá a impulsar está dirigido a “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, o que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”. Goñi afirma que, con estas líneas, se abarca un “universo enorme” que, según estimó, podría comprender a 300 mil personas.

Por tanto, plantea “circunscribir” o “restringir” el acceso a este mecanismo a los enfermos en condición terminal. Así, el “universo” abarcaría a unas 20 mil personas, que son las que hoy están en condiciones de acceder al mecanismo de cuidados paliativos que, a juicio de Goñi, deberá seguir siendo una cuestión prioritaria. De esa manera, apuntó, se estarán previniendo “muertes evitables”. Al respecto, adelantó que su “primer pedido” en la nueva legislatura será el incremento de los recursos para estos cuidados paliativos.

Basado en cifras oficiales, Goñi aseguró que el acceso a los cuidados paliativos “crece mes a mes” y hoy alcanza al 65%. “Estamos a poco tiempo de poder garantizar el alivio del dolor a todas las personas”, afirmó.

Por otro lado, Goñi busca establecer un sistema de “garantías” técnico -como existe en otras parte del mundo- conformado por un psiquiatra, un especialista en la enfermedad que padece el solicitante, y un asistente social. En líneas generales, estos profesionales, tanto individual como colectivamente, deberían destacar que el paciente no esté sufriendo un periodo de depresión, no identificable fácilmente, que lo lleve a querer morir, e informarle sobre si existe algún tratamiento para su padecimiento. “Muchas veces, un médico general no está en conocimiento de los adelantos que pueda haber” en medicina, dijo el diputado.

El cometido del asistente social será, en tanto, verificar el entorno familiar del solicitante y comprobar que su decisión no está condicionada por situaciones de violencia o presiones económicas. Ante la firme posibilidad de que el proyecto se apruebe, Goñi dijo que se abocará a “atenuar” su impacto, recurriendo a lo que insiste en llamar un “mal menor”.