El Poder Ejecutivo acudirá en los próximos días al Parlamento y buscará alternativas que permitan la aprobación de un proyecto clave para sus intereses. La Cámara de Representantes preveía aprobar ayer el proyecto de ley que propone la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). La iniciativa, defendida fuertemente por la mayoría del oficialismo y prácticamente todo el ámbito científico y académico local, permitiría a los investigadores uruguayos presentar una única solicitud de patente a nivel internacional, en un único idioma, facilitando así el trámite para la protección de sus invenciones en todo el mundo.

Cabildo Abierto volvió a frenar su aprobación y forzó que vuelva a ser analizado en comisión, al pedir que el gobierno introduzca una modificación, que considera, sustancial.

El pedido está avalado por el artículo 64 del tratado y fue mencionado el lunes en rueda de prensa por el senador Guido Manini Ríos. “Entendemos que es necesario el acuerdo, pero también es necesario proteger a ciertas industrias. No estamos pidiendo nada raro, es algo que han hecho otros países”, dijo Manini Ríos ante los medios y agregó que quieren ser “coherentes con su postura de la defensa del trabajo nacional”.

El cabildante aseguró que industrias como la del medicamento o los fertilizantes se verían afectadas y que requerirán de un tiempo de adaptación para que su viabilidad no corra riesgo.

Por ello, se pretende que el gobierno introduzca una modificación que le permita a Uruguay hacer una “reserva” del capítulo II del acuerdo, que refiere al “examen preliminar internacional” al que deberán someterse las solicitudes de patentes y que, se indicó, sería el aspecto más perjudicial para la industria nacional.

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En este tipo de tratados, se entiende por “reserva” al pedido de un Estado de excluir los efectos jurídicos de ciertas disposiciones en su aplicación. Los cabildantes afirman que países como Estados Unidos o Suiza fueron por el mismo camino al adherirse.

Cabildo Abierto venía de frenar la semana pasada la aprobación del proyecto, ante el temor sobre el impacto del tratado en sectores como la industria nacional del medicamento, el costo de los fármacos de alto costo o el acceso de los pequeños y medianos productores agropecuarios a las semillas genéricas. “Nuestra lectura es que le pega duro a la industria nacional”, había dicho Manini Ríos a El País días atrás.

Las conversaciones apuntaron este martes a que Cabildo habilitara con su voto el pasaje del proyecto al Senado -tal como se había manejado la semana pasada- y que la definición se tomara en el Senado, donde existe una amplia mayoría favorable al texto. Sin embargo, esto no sucedió y el proyecto volverá a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja, a la espera de la opinión de Cancillería y del Ministerio de Industria. “Vamos a ir a escuchar el planteo de Cabildo Abierto y ver las opciones”, dijeron a El País fuentes de esas secretarías.

Otra visión esbozó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. En diálogo con El País, el legislador blanco descartó que la reserva proteja a la industria nacional. “No se ha interpretado bien el tratado”, dijo Goñi, quien agregó que la actitud de Cabildo Abierto es “inentendible e incomprensible” y haría de Uruguay el único país que quedaría en esa condición.

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