El Poder Ejecutivo sigue diseñando una alternativa para promover una reestructura de las deudas de las personas físicas y "en breve" habrá novedades. Lo aseguró a El País la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que viene trabajando junto al gobierno en la resolución de un tema que representa un desafío para la coalición de gobierno.

De la llegada de esa solución -y de qué tipo de solución represente- dependerá el accionar futuro de Cabildo Abierto. Sobre todo luego de conocer, oficialmente, que el proyecto que esa fuerza política presentó en ese sentido quedará por el camino. Otra vez, de la mano de sus socios en la coalición. Este martes los blancos, la mayor bancada del oficialismo, confirmaron que no dará sus votos al texto que configura la máxima prioridad para los liderados por Guido Manini Ríos.

"No estamos dispuestos, como Partido Nacional, a acompañar este último proyecto", expresó este martes la senadora Graciela Bianchi, ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Buena parte de las razones para esta negativa estuvieron contempladas en un informe que ese día había presentado ante los legisladores una delegación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), en donde se advertía de los significativos efectos negativos que, a ojos del sindicato, tendrá la propuesta si es aprobada.

El senador Charles Carrera ratificó a su vez la negativa del Frente Amplio a dar sus votos para la iniciativa cabildante. La razón: no tiene la lógica del proyecto original que había presentado Cabildo, que era enfocar la solución en la situación de los sectores más carenciados. Carrera reiteró que el proyecto de Cabildo resulta "invotable" y sostuvo que debería existir un procedimiento especial para este segmento de la población.

El proyecto de ley original iba dirigido a personas que no podían tener un salario superior a los $ 40.000, mientras que el actual proyecto permite acceder a la reestructura de la deuda con salarios de hasta US$ 3.000 o si se tiene una vivienda tasada en hasta US$ 240.000.

Desde filas cabildantes, el senador Guillermo Domenech le dijo a El País que esperarán un "tiempo prudencial" para ver si llega el prometido proyecto del gobierno y, sobre todo, cuál es su alcance. Si el resultado no conforma, recorrerá el camino ya adelantado en esa filas políticas: una campaña de firmas para consagrar su versión de la reestructura de deudas a través de una consulta popular.

Bianchi dijo a El País que los blancos van por atender tres situaciones distintas. Por un lado, la de las 690.000 personas que, según cifras del Banco Central, están registradas bajo la categoría de "deudores irrecuperables". Por el otro, avanzar en una iniciativa que está en la Cámara de Diputados y que pretende regular las operaciones de crédito y modificar las normas actualmente vigentes sobre la usura.

Finalmente, expresó la senadora, se pretende establecer una regulación sobre la actividad del Clearing de Informes y le adelantó a El País que está dispuesta a retomar una propuesta que manejaba el Frente Amplio en 2005 -cuando ella integraba esas filas- que representaba una de las prioridades con las que la coalición de izquierdas llegó al gobierno, pero que nunca fue plasmada en un proyecto de ley.

"Es una historia muy larga en este país", señaló Bianchi. "Muchas veces prometimos que lo íbamos a cambiar y nunca lo cambiamos", apuntó la senadora. "Tiene potestades brutales y es una empresa privada", Advirtió. "Incluso maneja las cancelaciones según el asociado y ustedes lo saben bien", les dijo a los delegados de AEBU durante la sesión de la comisión.

Bianchi sostuvo allí que, dependiendo del "arreglo" que se haga con el acreedor, se puede cancelar una deuda sin antecedentes. "La gente que desgraciadamente no está bien informada, se clava los nueve años", dijo. "Es, la verdad, kafkiano". Para eso también pidió la ayuda del sindicato bancario. Bianchi cuestionó que, muchas veces, pesa más figurar con deudas en el Clearing que tener un embargo genérico.

Carrera, por su parte, cuestionó que el estar registrado con deudas atrasadas en el Clearing imposibilite acceder a una persona a un conjunto determinado de políticas públicas. Por ejemplo, tener a su nombre servicios del Estado o acceder a una vivienda o a una garantía de alquiler. "La persona que trabaja en mi despacho no puede acceder al mismo contrato de Antel que yo tengo porque, en un momento, en la década de 1990, tuvo problemas familiares, se divorció y no pudo pagar", contó. "Tiene que tener un tarjetero de Antel, no puede hacer un contrato con los mismos beneficios que tengo yo", agregó.

Las cifras oficiales más recientes, correspondientes al año pasado, indican que unos 900 mil uruguayos figuran con algún tipo de atraso en ese registro.

El integrante del Consejo Central de AEBU, Roberto Bleda, coincidió en el "poderío" que ha tomado el Clearing de Informes, pero realizó una llamativa precisión: nadie está obligado a negar un crédito porque alguien esté en el Clearing de Informes. Ese registro, indicó, nada tiene que ver con la potestad de una financiera para otorgar un préstamo, ya que nada se lo impide.

Bleda admitió que, por la vía de los hechos, no es eso lo que sucede. "Trabajamos en los bancos y muchas veces el jefe te dice: 'No, si está en el Clearing, no'". El dirigente sostuvo que muchas veces los propios funcionarios indagan qué tipo de deuda es y cuántos años tiene, y en función de esos datos el crédito finalmente se otorga.

Bleda dijo compartir que el Clearing es una muy potente herrramienta y resulta peligroso que esté exclusivamente en manos de privados. "No solamente es el dedito para arriba o para abajo en el crédito, sino que además es una herramienta comercial que las empresas financieras utilizan para vender créditos". En su visión, es un tema que necesariamente habrá que discutir si se pretende abordar el endeudamiento problemático de gran parte de los uruguayos.