REFORMA JUBILATORIA

Blancos quieren votar reforma jubilatoria este mes y Cabildo pide más plazo: todo se define en un día

En medio del debate por la rebaja tributaria y con muchas idas y vueltas oficalismo acordó sesión especial para definir el tema

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Diputados de la coalición. Foto: presidencia de Cámara de Diputados
Diputados de la coalición.
Foto: presidencia de Cámara de Diputados

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados no fue nada fácil para la coalición de gobierno. En carpeta había algunos temas que se presentaban complicados y que inevitablemente iban a generar un prolongado debate. En el orden del día estaba la discusión de un recurso presentado por un grupo de vecinos de Maldonado para detener un proyecto inmobiliario en la zona Marina Beach y el proyecto que consagra la rebaja tributaria promovida por el gobierno, que terminó convirtiéndose en ley.

En el medio, varios cuartos intermedios que alargaron la sesión durante varias horas y que procuraron definir qué pasaría con un aspecto fundamental para el oficialismo: la reforma jubilatoria.

Sobre la mesa estaba el planteo de Cabildo Abierto de postergar el plazo legal de actuación de la comisión especial que analiza el tema en la cámara, que finaliza el 31 de marzo. Los liderados por Guido Manini Ríos plantearon este miércoles una prórroga de 30 días. El diputado Martín Sodano le había dicho a El País que el nuevo plazo era necesario ya que las las múltiples respuestas que su partido demandó a varias de las delegaciones que concurrieron a la comisión a expresarse sobre el proyecto vienen demoradas.

La intención del resto de la coalición era contemplar en parte ese pedido y limitar la prórroga a quince días, hasta el 18 de abril. Fuentes parlamentarias señalaron a El País que todo se complicó cuando los nacionalistas se percataron de que Sodano, en paralelo, estaba negociando una ampliación del plazo con el Frente Amplio.

La decisión salomónica fue entonces que el tema se va a resolver de una u otra forma el miércoles 29 de marzo. Allí se definirá si se existirá no una prolongación del plazo.

La excusa legal es que, de cualquier forma, esa sesión será necesaria para que la cámara vote la incorporación al proyecto de las eventuales modificaciones que requieran la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Ese día se evaluará si existe margen para una eventual prórroga.

El diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo a El País que los blancos se mantienen en la postura de que el proyecto quede aprobado en comisión antes del 31 de marzo, y que la ley sea discutida y sancionada en el plenario los días 13,14 y 15 de abril. Una postura similar mantiene el Partido Independiente. El legislador dijo que existe disposición a contemplar todos los planteos que se presenten, pero sostuvo que existió un "tiempo prudencial" para el análisis y el debate de la iniciativa.

En el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez señaló por su parte que "preferiría unos días más" que el plazo previsto originalmente, para así permitir que las propuestas de modificación que se vayan a hacer sean "adecuadamente formuladas". Entre otros planteos, los colorados presentarán una fórmula para excluir a la Caja Notarialdel proyecto de reforma.

Lo que sí está claro es que la mayoría de la coalición rechazará por "inviable" el planteo de fondo de Cabildo depostergar la discusióndel proyecto y aprobar primero la Rendición de Cuentas, que recién ingresará al Parlamento el 30 de junio.

La comisión recibirá el martes 21 a la última delegación que concurrirá al Parlamento por el proyecto y a partir de allí el oficialismo comenzará a trabajar en torno a las múltiples sugerencias de modificaciones que existen sobre el texto. Para eso está prevista una nueva reunión con el Poder Ejecutivo y con el abogado Rodolfo Saldain, corredactor del proyecto de reforma.

Cabildo sigue manteniendo su postura: de no contemplarse una serie de cambios que entiende necesarios en el proyecto, su voto a la reforma estará en duda. Los blancos también permanecen firmes en defensa de la intención del Poder Ejecutivo: ningún cambio puede ir contras las bases de la reforma y poner en riesgo su sustentabilidad.

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