NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA

Si quedaba alguna duda entre los senadores del Partido Nacional, en las últimas horas fue disipada. Los nacionalistas finalmente se encolumnaron detrás del proyecto de ley que procura establecer un régimen de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza de los hijos menores de edad, luego de que la senadora Carmen Asiaín incorporara en el borrador modificaciones de redacción para terminar de convencer a la senadora Gloria Rodríguez, que mantenía algún reparo.

Según contaron a El País fuentes parlamentarias, los cambios están vinculados con los pasajes de la iniciativa que hacen referencia a la situación de padres denunciados por violencia, y que de acuerdo a la legislación vigente dejan de tener derecho a la tenencia o visita de los menores mientras la Justicia dilucida la situación. El nuevo proyecto plantea que, en caso de denuncias y de aplicación de medidas cautelares, los jueces aseguren el cumplimiento del “debido proceso” y tengan la potestad de garantizar “toda vez que sea posible” que los denunciados continúen viendo a sus hijos en escenarios de control, como pueden ser lugares públicos o en presencia de abuelos.

Pero ahora, para lograr la conformidad de Rodríguez, en el texto se explicitó que los magistrados tienen asimismo potestad “de aplicar todas las medidas cautelares y de suspender el régimen de visitas” en caso de que se considere que esa es “la mejor” opción para “proteger el interés superior del niño, niña y adolescente”.

Además, y también “a instancias” de Rodríguez, el documento -que unifica los proyectos de los blancos con el de Cabildo Abierto- señala a texto expreso que cada vez que se refiere a padres incluye a todos aquellos “que estén ejerciendo la patria potestad, en las distintas modalidades de familia que hay hoy”, señalaron las fuentes.

El principal desafío que tienen en este momento los blancos es lograr los votos del Partido Colorado, que todavía no ha tomado una posición orgánica. Sin embargo, algunos legisladores han planteado públicamente sus dudas. Incluso se organizó una actividad partidaria por Zoom dedicada a la discusión de este tema, con la invitación de expertos, en donde se volcaron críticas al proyecto.

La senadora Carmen Sanguinetti, que ya ha manifestado reparos en los medios de comunicación, volvió a hacerlo este lunes en esa actividad, que fue organizada por la Prosecretaría de Género del partido. También participaron los diputados Felipe Schipani y María Eugenia Roselló, y el senador Pablo Lanz, que integra la Comisión de Constitución de la cámara alta, en donde se discute la iniciativa.

Sanguinetti aseguró allí que entiende que todavía falta “la foto del problema, si hubiera un problema” detrás de la necesidad de crear una ley como la que promueven blancos y cabildantes. Y aseguró que el reclamo de algunos padres que no pueden ver a sus hijos por supuestas denuncias falsas o debido a demoras del Poder Judicial podría ser una “situación a mejorar”, aunque no necesariamente a través de una ley. “No tenemos la claridad de decir bueno, si existieran denuncias falsas, ¿cuántas de esas denuncias son falsas? ¿Realmente es un volumen significativo?”, cuestionó.

La respuesta a esas preguntas no ha incluido estadísticas, dijo Sanguinetti, quien entonces se refirió a “un dato de España, que es (que) el 0,01% de denuncias (son) falsas”.

No obstante, la senadora perteneciente al sector de Ciudadanos recalcó que el debate también destapó “una olla” que demostró que hay “aspectos de mejora” en el funcionamiento de la Justicia.

Sin embargo, su conclusión sigue siendo que “está faltando la foto de las debilidades del proceso de hoy”, y que continúa inclinándose hacia la opinión de que “no sería la vía de la modificación legislativa la forma más eficiente o más efectiva de mejorar” la situación.

Los blancos aspiran ahora a convencerla con los últimos cambios introducidos en el borrador, pero irán antes por el voto de Lanz, con quien El País intentó sin éxito el contacto.