Redacción El País
La Justicia archivó, en segunda instancia, la denuncia penal presentada por la Intendencia de Salto en 2016 y ratificada tras una auditoría en 2017 al exintendente colorado Germán Coutinho, por presuntas irregularidades durante su gestión, según confirmó El País con acceso a la sentencia judicial.

En su columna de opinión publicada en El País bajo el título "8 años después no es noticia", el exsenador colorado Pedro Bordaberry salió en defensa de su correligionario y lamentó los años de espera: "El daño está hecho, el odio ganó. Solo queda la tranquilidad de conciencia de quien sabe que actuó de acuerdo a derecho".

Bordaberry apuntó contra los medios de comunicación que cubrieron la noticia cuando se hizo la denuncia, pero no publicaron esta semana el archivo de la causa, luego de que el intendente Andrés Lima apelara al primer fallo. "Esta semana, luego de ocho años de calvario, la Justicia ordenó archivar la denuncia. Es la segunda vez que lo hace. Tomó la decisión con base en un informe del Instituto Técnico Forense, que concluyó que no hubo delito", detalló Bordaberry.

A pesar de que la noticia "pasara desapercibida", el excandidato a presidente criticó a la sociedad toda: "Hay estudios que concluyen que una buena noticia es comentada, en promedio, por cuatro personas. Una mala por 16. A nuestra sociedad parece interesarle más que le hagan una denuncia penal a quien ocupó un cargo político, que la Justicia la rechace. En especial, si transcurrieron ocho años".

"Cuando se recurre a la Justicia criminal, cuando lo que tiene que manejarse en el ámbito político es llevado al judicial, quienes lo hacen olvidan que alrededor del político hay una familia, padres, hijos, esposa, que sufren con él. Lo sé por experiencia personal", expresó Bordaberry, y recordó por nombre a cada integrante de la familia de Germán Coutinho.

Señalando directamente a quienes denunciaron a quien fuera su compañero de fórmula en las elecciones de 2014, Bordaberry expresó: "Gritaron desde una tribuna que había una denuncia penal para conseguir un puñado de votos más. Lograron su objetivo. También obtienen otro: que quienes tienen vocación y capacidad para dedicarse a la actividad política lo piensen dos veces. Se planteen si vale la pena hacer el esfuerzo patriótico de renunciar a otras actividades mejor remuneradas, cuando hay quienes están dispuestos a enlodar su nombre".

En diciembre de 2017, la Intendencia de Salto, a través del abogado Federico Álvarez Petraglia, ratificó la denuncia penal que presentara luego de que una auditoría mostrara una serie de irregularidades durante la administración de Coutinho.

La auditoría fue llevada adelante por la empresa Deloitte, contratada mediante licitación pública.

En octubre de 2022, la Justicia dispuso en primera instancia el archivo de la causa al no encontrar "ninguna ilegalidad" durante la gestión de Coutinho.