Redacción El País
La iniciativa privada que pretende construir un complejo residencial con 29 edificios en Punta Ballena se encuentra en la etapa de puesta de manifiesto “a consideración ciudadana”, informó este martes el ministro de Ambiente, Robert Bouvier.

Los responsables del proyecto presentaron al ministerio un informe de impacto ambiental que es analizado por la cartera. En el texto se explica que el emprendimiento plantea la construcción de 29 edificios con sus servicios e infraestructuras asociados (incluyendo la construcción de ocho salones de usos múltiples y porterías), totalizando 320 unidades de vivienda.

El proyecto se ubica en la ladera a ambos lados de la Sierra de la Ballena y su acceso se prevé por Carlos Páez Vilaró (ruta panorámica), accediendo por la Ruta Interbalnearia, en el km 121.

“Estamos hablando de terrenos privados. Una iniciativa privada, un proyecto que fue presentado ante el ministerio y le estamos dando el trámite que corresponde”, aseguró Bouvier en rueda de prensa.

Foto: Ricardo Figueredo

“En la página web del ministerio se puede acceder al proyecto y ya lo han hecho casi 6.000 personas. Ha habido reuniones en Punta Ballena, nos parece importante la etapa de conocimiento de la ciudadanía sobre lo que se va a hacer”, expresó el ministro.

Una vez que trascendió la iniciativa se realizaron manifestaciones en su contra en el departamento de Maldonado. El pasado domingo hubo una concentración que incluyó actividades recreativas y música. También se creó una cuenta en la red social Instagram que sube contenido en contra del proyecto y advierte por los presuntos riesgos ambientales de la propuesta.

Bouvier explicó que una vez finalizada la etapa “de manifiesto” habrá “una audiencia pública donde quien lleve adelante el proyecto explicará a la ciudadanía cómo va a ser”. “Son terrenos privados. Veremos en las instancias de consulta ciudadana la evaluación que tenemos y la de impacto ambiental que haremos”, añadió.

Según consta en el sitio web del ministerio, este proyecto fue aprobado por el ejecutivo de la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado, y forma parte de un acuerdo transaccional en el cual las partes realizaron concesiones recíprocas para “poner fin a una situación que fue resuelta definitivamente por la Suprema Corte de Justicia y que busca contemplar intereses públicos y privados en juego”.

El acuerdo tiene como objetivo concreto “poner fin a un largo litigio sobre la zona de Punta Ballena, que la Justicia ha reconocido de propiedad privada, y se encuentra actualmente sometido a la única condición de la aprobación del proyecto por la autoridad ambiental”.