La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) está abocada a poner en marcha una serie de procedimientos e innovaciones para dotar de mayor transparencia las adquisiciones y contrataciones al año que hace el sector público por unos US$ 8.000 millones.

Los planes apuntan a corregir situaciones del pasado, que permitían, en compras centralizadas, a una lista cerrada de pocos proveedores ofertar durante años en contratos millonarios y con precios que se mantenían por mucho tiempo aunque el producto bajara de valor en el mercado y ausencia de controles de calidad. Hacia el futuro la Agencia también generará innovaciones para incentivar los procedimientos competitivos, facilitar la publicación de documentación para que esté al alcance de toda la ciudadanía y permitir el cruzamiento de datos con organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas.

En el mundo entero la contratación y compra pública están expuestas a la corrupción. Es uno de los sectores de riesgo donde el dinero de los contribuyentes puede ser desviado con cierta facilidad en pequeña o gran escala. En ese sentido, Uruguay ocupa un lugar de privilegio en los rankings internacionales por un sistema que incluye la obligatoriedad (hay organismos y rubros exceptuados) de publicar todas las convocatorias a procedimientos competitivos y todas las adjudicaciones de compra directa que superen determinado umbral, que en el caso de la Administración Central es de $ 50.200, para los Gobiernos Departamentales de $188.000 y para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados $ 250.800.

Además, desde 2015 está disponible para la ciudadanía el Observatorio de Compras Públicas. “Pero aún queda mucho para hacer”, dijo a El País Hugo Odizzio, integrante del Consejo Ejecutivo de ARCE.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

En 2021 el gobierno decidió sacar del Ministerio de Economía y Finanzas la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) y la dejó bajo la órbita de ARCE. Esta unidad tiene bajo su responsabilidad la administración de los procedimientos de compra de todos los alimentos, servicios de alimentación, medicamentos y afines que consumen los organismos estatales (cárceles, Inau, hospitales, etc.). Solo en medicamentos el Estado adquiere más de US$ 100 millones al año. En productos cárnicos las compras ascienden a US$ 15 millones y en alimentos en general superan los US$ 80 millones.

El sistema anterior dependiente de Economía presentaba graves disfuncionalidades. La Auditoría Interna de la Nación había detectado entre 2018 y 2020 “debilidades significativas y críticas” como “deficiencias en la información y en los procedimientos de compra, debilidades en la etapa de adjudicación, ausencia de controles sobre las cantidades entregadas por los proveedores, falta de diligenciamiento de las denuncias presentadas por los Organismos, estilo de dirección ‘autocrático’, entre otras.

Por ejemplo, se encontraron licitaciones con más de 1.500 ítems, la ausencia de un sistema informático, lo que hacía que todo ese volumen de información se manejara con planillas de Excel, paramétricas rígidas que se mantenían en el tiempo aunque el precio del producto bajara en el mercado y contratos millonarios blindados a siete o 10 años con solo dos o tres proveedores que impedían el ingreso de nuevos oferentes.

ARCE está realizando un rediseño de este sistema de adquisiciones centralizadas, pasando los procedimientos al modelo de Convenio Marco que, en el caso de la carne y gracias a una mayor competencia y sometimiento del precio a criterios más flexibles, ha permitido reducir el valor de algunos cortes hasta un 30%.

El Convenio Marco es un llamado público y un proceso de selección similar a una licitación, aunque no compromete cantidades a comprar. Una vez establecido el Convenio Marco, el Estado compra los productos incluidos en él directamente a los proveedores mediante una tienda virtual.

En el caso de los insumos médicos, las contrataciones con un número muy limitado de laboratorios solían estar vigentes hasta por una década. Actualmente ARCE tiene en marcha un proceso de compra dinámica con 65 laboratorios compitiendo. Este modelo hace que los organismos llamen a precio cada vez que van a hacer una contratación, y eso permite mantener constantemente vigente el valor de los productos.

“Es un cambio grande en las reglas de juego. Tuvimos muchas reuniones con los proveedores para explicarles estos cambios”, indicó Odizzio.

El Convenio Marco también sustituyó a la compra centralizada tradicional en el caso de los traslados médicos que contrata ASSE y en la última licitación se generó un ahorro del 30%, detalló Odizzio.

La Auditoría ha concluido que todos los aspectos críticos detectados en la UCA cuentan con acciones implementadas o en proceso de implementación que mitigan los riesgos identificados.

Otro proyecto apunta a definir un sistema de evaluación positiva para los proveedores, lo que implica que ARCE extienda su tarea más allá de la adjudicación y también sea informada de la ejecución del contrato. Eso permitirá crear una especie de ranking de reputación de proveedores mediante criterios que trascienden el de las sanciones que se aplican por incumplimiento.

Un plan más ambicioso, aunque no previsto para el corto plazo, tiene que ver con un sistema de inspecciones aleatorias para verificar la calidad de los productos adquiridos.

ARCE también comenzó a trabajar con el Tribunal de Cuentas y las observaciones que realiza. Si bien solamente se reitera el gasto en el 3% del total de las adjudicaciones que se publican en el Observatorio de Compras, ese universo puede representar transacciones por varias decenas de millones de dólares.

ARCE también cuenta con metodología para determinar si existe un fenómeno de “cartelización de precios” entre los proveedores, un desvío que en el rubro de la obra pública es común en la región. La Agencia se apresta a comenzar a implementarla en el área de la construcción en el marco de su cometido de monitoreo.

Otro proyecto apunta a que cualquier ciudadano tenga acceso a toda la información vinculada al proceso de compra. Actualmente esa información está publicada por los organismos pero solo la Agencia Reguladora de Compras Estatales puede acceder a ella. El rediseño del Observatorio de Compras permitirá que cualquier persona llegue a los microdatos del procedimiento. El sistema permitirá incluso descargar todos los documentos asociados. La información se podrá abrir por organismo contratante y tendrá filtros que permitirán agrupar los datos por producto adquirido, tipo de procedimiento etc.

Este rediseño apunta a dotar de más transparencia los procedimientos de compras públicas permitiendo que cualquier ciudadano acceda a toda la trazabilidad del procedimiento.

“Nuestro objetivo es que exista para todo el Estado una tienda virtual tan eficiente, fácil de usar y transparente como para permitir que hasta el ciudadano común pueda comprar en ella”, remató Odizzio.

El País