El 20 de julio de 2022 una máquina excavadora de un equipo abocado a la búsqueda de detenidos desaparecidos en la última dictadura (1973-1985) rompió un cable de alta tensión de 6.000 voltios. A dos años de este suceso, no se pudieron retomar los trabajos en una zona considerada clave por los investigadores.

Ubicado en el Servicio de Material y Armamento (SMA), el predio de unos 8.000 metros cuadrados está justo detrás del centro de detención clandestino “300 Carlos” o “Infierno Grande”, actualmente un galpón militar, donde fueron torturados militantes de izquierda entre los años 1975 y 1977.

De hecho, los restos de Eduardo Bleier y Fernando Miranda fueron hallados décadas después, en los años 2019 y 2006, respectivamente, en el contiguo ex Batallón 13, sobre el mismo predio que hoy está separado por un alambrado.

"Llevamos un año paralizados porque no hay una solución para esa zona", lamentaba en julio del año pasado la antropóloga Alicia Lusiardo, responsable del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) en radio Sarandí, donde puntualizó que en el predio a explorar contaban con “información de posibles enterramientos” allí.

La "solución", que aún no se concretó, tuvo varios capítulos previos. El último escenario acordado fue que los trabajos para remover el peligroso cable del predio militar, con un costo de unos US$ 50.000, iban a ser pagados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), UTE y el Ministerio de Defensa (MDN).

El ministro de Defensa Armando Castaingdebat había declarado el 28 de mayo, minutos después de que se confirmara que restos hallados en el Batallón 14 pertenecían a la militante comunista Amelia Sanjurjo, que la firma del convenio iba a ocurrir a principios de junio.

No obstante, este paso aún no se concretó. UTE y la cartera de Defensa aguardan una resolución formal del Inddhh, encargado de la búsqueda de detenidos desaparecidos y que tiene la cautela del predio, confirmaron a El País fuentes de los tres organismos involucrados.

Wilder Tayler, uno de los directores del Inddhh, dijo consultado por El País que hay un acuerdo "de palabra" entre el organismo con UTE y MDN de que se va a cofinanciar la remoción del cable de alta tensión.

Tayler manifestó estar "de acuerdo" con el proyecto de convenio alcanzado a la fecha, que está siendo revisado por abogados. Lo que restan "son detalles, nada más", entre ellas la firma del acuerdo entre las tres partes.

"Los fondos de la Inddhh están", aseguró el directivo. No obstante, por el volumen de gasto, Inddhh solicitó hace "unos 10 días" la autorización al Poder Legislativo para obtenerlos, tal como ocurre en otros casos.

"Es un trámite regular, que se hace en todos los casos que se supera una cierta cantidad de dinero", explicó Tayler, quien remarcó que se trata de un "trámite administrativo, que no es extraordinario".

El directivo del Inddhh indicó este lunes que el pedido "está al despacho de la vicepresidenta de la República". Consultada luego por El País, Beatríz Argimón, dijo que se le hizo un "ajuste" al texto del convenio y que tras ese cambio lo firmó en esta misma jornada.

La resolución autorizó la transferencia del Inddhh de $ 485.000 a UTE para financiar parte de la remoción que cuesta unos $ 2 millones en total, el equivalente a US$ 50.000, según el texto al que accedió El País.

Si bien no se fijó de antemano una fecha para retomar la excavación en la zona, desde el Inddhh buscan que sea "lo antes posible", añadió Tayler. Como "no es un predio grande", estimó que los trabajos pueden insumir un "mes y medio de trabajo", en un escenario sin lluvias.

Cipriano Goñi, subdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa, consultado por El País dijo que el panorama sobre este tema cambió "desde abril - mayo" de este año, cuando el Inddhh "puso el tema arriba de la mesa de nuevo", planteando que la remoción tenía un "costo muy elevado", que no podía afrontar.

"Como es un tema de enorme sensibilidad para el país, y en el cual estamos todos comprometidos, Ministerio de Defensa y UTE le propusieron al Inddhh hacer un convenio tripartito", añadió el jerarca de Defensa.

El pago del arreglo no será a partes iguales. "No me gusta en estos temas hablar de montos de dinero, pero la mayor de este nuevo trazado del cable va a ser puesto por partes iguales por el MDN y UTE, y el remanente por la Inddhh", dijo.

"Lo importante es que de una vez por todas vamos a poder salir de este tema y se van a seguir las excavaciones en ese predio, que desde hace un tiempo están paradas", valoró el jerarca.

"Queremos hacerlo a la brevedad posible, porque entendemos que es algo que no puede esperar más. Estamos ansiosos de poder firmar este convenio", insistió.

Dicho convenio ya está redactado. "Estamos aguardando en este momento por una cuestión formal del Inddhh, que necesitan tenerlo para poder disponer de esos fondos", explicó Goñi en referencia, a la próxima autorización del Poder Legislativo.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, también consultada por El País, dijo que la empresa pública ya resolvió a nivel de directorio que cofinanciará la obra de remoción del cable. Ahora están "a la espera" del Inddhh, por su aprobación de presupuesto, añadió, en línea con lo dicho por Tayler.