Redacción El País
Cabildo Abierto evalúa las declaraciones que hizo su director en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Bernardo Legnani, sobre el proyecto de prisión domiciliaria a estudio en Diputados (que ya tiene media sanción del Senado). El candidato a la presidencia por su partido, Guido Manini Ríos, dijo el viernes, ante la consulta de si se mantiene el respaldo al jerarca, que están “estudiando las notas y la documentación” que “elevó” esta persona “en su defensa o en su descargo”, y que “en base a eso” van a adoptar una “medida en la próxima semana”.

Legnani mencionó algunos “conceptos” —recogidos por La Diaria— en comisión de Diputados desde un “enfoque del derecho internacional humanitario” cuando el instituto compareció el 17 de julio. Y se explayó: “Desde ese enfoque, este beneficio (de la prisión domiciliaria) se aplica a individuos que hubieren cometido crímenes graves en el marco de la actuación ilegítima del Estado, acaecida en el período de 1968 a 1985. Las personas referidas son responsables de las más graves violaciones de derechos humanos”.

Así como también hizo mención a las “víctimas” que “están batallando desde hace más de 40 años por saber la verdad sobre el asesinato y desaparición de familiares; niños y niñas que crecieron lejos de sus familias, con identidades suprimidas, donde hay mujeres y hombres que, aún hoy, no han superado las secuelas de las torturas físicas y psicológicas padecidas”.

En ese sentido, opinó —según consta en la versión taquigráfica— que, “si quienes son responsables de estos crímenes no han contribuido a la verdad ni han mostrado signos de arrepentimiento, y si no median razones humanitarias, como, por ejemplo, la afección a la salud, otorgarles el beneficio propuesto en el proyecto no tiene fundamento en la normativa de derechos humanos; es más: va contra la obligación de reparar a las víctimas y puede conducir a una forma de impunidad”.

“No sería admisible que en un Estado de derecho la fórmula para la ejecución de una pena, por los graves crímenes cometidos, impuesta con todas las garantías se constituya en un factor de impunidad”, comentó el representante de Cabildo Abierto, y añadió: “De allí que el beneficio de la prisión domiciliaria para estas hipótesis delictivas debería ser hecho y decidido por el juez, considerando varios elementos, entre ellos, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de los delitos perpetrados y de su gravedad, así como los efectos de su liberación domiciliaria anticipada, es decir, cuáles serían los efectos que tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”.

En respuesta, la Junta Nacional de Cabildo Abierto expresó su “discrepancia y preocupación por las manifestaciones” de Legnani, y aclaró que “no representa en absoluto la postura del partido”. En un comunicado, se recordó que Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años en 2021 “que en su redacción original no tuvo el respaldo político necesario, pero que luego de varias modificaciones fue aprobado por el Senado en diciembre de 2023”. Por lo que la actual “no recoge la propuesta” de sus legisladores.