MANINI RÍOS EXPRESÓ APROBACIÓN

El 3 de noviembre de 1999 las paredes de Montevideo amanecieron tapizadas. “Llegó la hora de votar juntos”, decían los afiches, en los que aparecían Jorge Batlle y Luis Hierro López. Aquel mensaje logró su cometido y los colorados ganaron el balotaje, el primero de nuestro país, con el apoyo de militantes y dirigentes blancos. Por estas horas, un senador frenteamplista recordó aquella campaña, pero esta vez para describir otra posible alianza, la del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA).

Juntos reunirían los votos necesarios para aprobar en ambas cámaras el proyecto de ley que restringe la venta de campos a extranjeros. Tras cuatro meses de estudio de la iniciativa, el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, informó a El País que su partido apoya el proyecto, siempre y cuando se logren algunos cambios puntuales, mientras que en el FA sostienen que, aunque hay senadores que aún no han definido su postura, estarán los votos para aprobarlo.

“La razón que nos moviliza a presentar este proyecto es el denominado problema de la extranjerización de la tierra”, plantean los nueve senadores del FA que lo presentaron. “El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, con lo cual queremos decir que este es, en muchos casos, el ‘talón de Aquiles’ de las posibilidades de desarrollo de nuestro país”, agregan los legisladores en la exposición de motivos del proyecto de ley que está a estudio de la comisión de Ganadería del Senado.

El documento dice que “la soberanía nacional no es definible solo en función de la propiedad privada de los suelos”, pero alerta que “esto importa y mucho sobre todo en un pequeño país como el nuestro”.

En este sentido, un informe de la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) publicado en 2017 revela que desde 2001 hasta esa fecha se habían perdido en el país 8.000 productores familiares y se habían vendido 8.000.000 de hectáreas, de las que el 61% fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría, extranjeras.

El proyecto de ley, que busca frenar esa tendencia, fue presentado el 22 de julio de 2020 por las senadoras Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo y Lucía Topolansky, y los senadores Óscar Andrade, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, José Mujica y Daniel Olesker. El proyecto no entró a la comisión con las firmas de la senadora Liliam Kechichian, ni de los senadores Danilo Astori (ni de su suplente, José Carlos Mahía), Mario Bergara ni Enrique Rubio. Mahía dijo a El País que “no hay unanimidad” dentro del FA, pero que confía en que habrá “consenso”.

El coordinador de la bancada del FA, Carrera, le quitó importancia a la falta de cuatro firmas de senadores frenteamplistas en el proyecto. “El Frente cuando presenta un proyecto, y le da estado parlamentario, se compromete a promoverlo en comisión y tratar de que sea ley”, dijo a El País.

Consultado sobre por qué su partido no presentó antes esta iniciativa, teniendo en cuenta que tuvo mayoría parlamentaria durante 15 años, Carrera respondió que “todas las normas tienen su tiempo” y que en los últimos años se aprobaron otras leyes que significaron avances en este sentido, como la 19.283, votada en 2014, que regula la adquisición de tierras por sociedades anónimas.

Este escenario por un lado obliga a la coalición de izquierda a avanzar en la negociación interna, en la búsqueda de unanimidad, y por otro lado podría establecer un acuerdo inédito en el Parlamento, alcanzado por la oposición junto a uno de los cinco socios de la coalición multicolor.

El senador cabildante Guillermo Domenech ya había adelantado a El Observador en julio que compartía “algunos aspectos” de este proyecto de ley impulsado por la izquierda.

El FA tiene 13 senadores y CA tres, con lo que alcanzarían los 16 votos necesarios para obtener mayoría en la Cámara Alta. En Diputados, el FA tiene 42 representantes y CA 14, por lo que también cuentan con más de la mitad de los votos.

El asunto, como aclara Mahía, es que el pacto se selle y las manos, a la hora crucial, estén en alto. “Quiero ver si Cabildo lo apoya en el Senado. Quiero ver la película entera”, dice el senador astorista.

Tras la confirmación de que CA acompañará el proyecto si se introducen determinados cambios, cuyo contenido no fue detallado por Manini, el coordinador de la bancada del FA tendrá que asegurar los votos en el Senado y, por lo tanto, convencer a Kechichian, Astori (o Mahía), Bergara y Rubio.

“Si el Frente Amplio decide en determinado sentido, yo acato las definiciones del Frente”, adelantó Mahía. Esta ha sido la postura tradicional de los legisladores que aún no han tomado postura.

A su vez, Kechichian respondió a El País que aún no ha estudiado el proyecto y Bergara y Rubio prefirieron no hacer declaraciones.

El artículo 4 del proyecto de ley presentado por el FA establece que “solo podrán adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión las personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no domicilio o residencia en el territorio, cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos: 1) Que hubiesen adquirido la ciudadanía legal (...) 2) Que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país”, entre otros requisitos.

El siguiente artículo del proyecto plantea que no podrán comprar tierras “personas jurídicas constituidas en un país extranjero” o cuyo capital sea en su mayoría “de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero”. La iniciativa propone otras restricciones, todas en esta misma línea.

Ambos proponen aumento a militares

El Senado estudia por estas horas el Presupuesto Nacional que regirá para los próximos años y los partidos presentaron sus propuestas para la reasignación de recursos.

El Frente Amplio y Cabildo Abierto concuerdan en que se debería aumentarse el sueldo de los soldados, y las partida para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y para becas de la Universidad de la República.

En cuanto al primer punto, el gobierno propuso un aumento salarial de $ 600 para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, lo que fue aprobado en Diputados. El FA y CA proponen ahora que se aumente $ 200 más el salario de los militares, y el partido liderado por Guido Manini Ríos, otro incremento para los oficiales de más bajo rango.

Cabildo solicitó que este aumento se financie con la construcción de rutas por parte del Ejército, mientras que el FA sugiere otra vía de financiación. “Se propone un aumento para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas un 30% mayor que el propuesto por el Poder Ejecutivo, que se financia con el no incremento en la cantidad de oficiales superiores que se propone en esta ley de presupuesto, es decir, manteniendo la reducción gradual en la cantidad de oficiales prevista en la Ley Orgánica Militar vigente ($ 76 millones de pesos)”, dice la propuesta de la coalición de izquierda.

Para financiar las partidas extras para el Inisa, cuya presidencia está en manos de CA, el FA pide “disminuir una asignación excesiva e injustificada para electricidad en el Ministerio de Defensa, dado que las autoridades no supieron explicar el incremento contenido en el planillado”.