El diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) le planteó a varios legisladores de la coalición de gobierno la necesidad de posponer la discusión del proyecto de ley de reforma del sistema de la seguridad social, y retomar recién su tratamiento luego que la Cámara analice y apruebe la Rendición de Cuentas que ingresará a mediados de año.

La comisión especial que analiza la reforma retomó su actuación este martes luego del receso de Semana de Carnaval sin que las diferencias entre los liderados por Guido Manini Ríos y el resto del oficialismo pudieran achicarse, lo que en esas filas hace entender que no estarán dando los tiempos para que el proyecto —tal como era la intención de blancos y colorados— quede aprobado antes de que finalice marzo.

El pedido fue confirmado por Perrone a El País. El legislador aseguró los consensos están "cada vez más lejos" de alcanzar, por lo que plantearon la idea de diferir su definición hasta tanto se vote el mensaje presupuestal. Un punto que, señaló, para su partido resulta fundamental.

La Rendición de Cuentas, que podrá ingresar hasta el 30 de junio al Parlamento, será la última que constitucionalmente podrá incluir un incremento de gasto. Perrone dijo al respecto que la prioridad es dar una discusión seria para que así los recursos que se asignen permitan cumplir los proyectos que están en proceso y los que aún restan.

En filas blancas y coloradas el planteo de los cabildantes cayó muy mal y se lo considera "disparatado". Diputados de ambos partidos remarcaron el "compromiso" que existe en la coalición de gobierno de votar el proyecto de reforma constitucional antes que termine este mes. También señalaron que una postergación dejaría una "muy mala imagen" de los legisladores del oficialismo. Fuentes nacionalistas optaron sin embargo por optar en ver el "vaso de agua medio lleno" apostar a que, en definitiva, la coalición terminará por sancionar el proyecto en el plazo acordado.

Cabildo Abierto ha planteado una batería de modificaciones a la reforma y dejó la puerta abierta a no votar el proyecto si esos reclamos no se cuntemplan. Los liderados por Guido Manini Ríos plantean su resistencia en el "corazón" del proyecto y reclaman acotar la cantidad de años de trabajo que se tomarán en cuenta para calcular la tasa de reemplazo. Hoy se toman los diez últimos o los 20 mejores pero la reforma plantea elevarlo a 25 años. Los cabildantes proponen fijarla en 15 años.

También piden incluir más excepciones al incremento a 65 años como edad mínima de retiro, la exclusión de la Caja Notarial en la reforma. Se oponen además a la posibilidad de que las AFAP puedan invertir sus fondos en el exterior del país. Cabildo puso además dos reparos de índole constitucional. Uno de ellos está referido a la creación de la nueva Agencia Reguladora de la Seguridad Social. El otro es el artículo 78 del proyecto, que le otorga al Poder Ejecutivo de turno la potestad de realizar una "adecuación paramétrica".

"No estamos hablando de votar, no tenenos pensado votar", remarcó a El País este martes Perrone al fundamentar su propuesta de aplazar la discusión del proyecto. La idea, señaló, es que una vez terminado el trabajo de la comisión con las distintas delegaciones que vayan a opinar sobre la reforma, cada partido pueda seguir recabando información, estudiar en forma detenida la documentación recibida y hacer las consultas del caso. "Se trata de tener más tiempo para tomar decisiones", señaló. "Si apretamos antes la decisión, tal vez esa decisión no sea la correcta".

De cumplirse lo reclamado por Cabildo la discusión de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados sería suspendida en julio y retomada en el a fines de agosto, plazos habituales para el trámite de la Rendición de Cuentas en esa cámara.

En otro orden la coalición de gobierno pidió unos días más de plazo para resolver si apoya el pedido del Frente Amplio de contratar a una consultora independiente para que realice una evaluación "imparcial" de los efectos de la reforma jubilatoria, fundamentalmente en las futuras pasividades.

El planteo, adelantado ayer por El País, fue fundamentado en las informes opuestos que el Poder Ejecutivo y entidades como el Pit-Cnt han presentado sobre los impactos que tendrá la reforma proyectada en las pasividades una vez puesta en práctica.

"Tenemos distintas versiones" apuntó este martes en rueda de prensa el diputado frenteamplista Gustavo Olmos al señalar que, "un día sí y el otro también", distintos actores del gobierno aseguran que la reforma traerá un "aumento generalizado" de las jubilaciones. Frente a eso, sostuvo, informes como los del Instituto Cuesta-Duarte y el Centro para las Investigaciones Económicas (Cinve) indican que, salvo los de bajos ingresos, la mayoría de los otros sectores perderán. Especialmente las capas medias.

Cada parte, recordó Olmos, acusa a la otra de tener sesgos y problemas metodológicos en sus análisis. Lo que se propone entonces, dijo, es que una entidad independiente asesora a la comisión y permitir así que los legisladores puedan tomar su decisión.