AGENDA PARLAMENTARIA

El gobierno de Luis Lacalle Pou llevaba cinco meses de trabajo y se había aprobado hacía pocas semanas la Ley de Urgente Consideración -negociada y promulgada en medio de la pandemia por el coronavirus-, cuando el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, decidió que era el momento de discutir la necesidad de reinstalar la Caducidad. Hoy, su iniciativa quedará por el camino.

Cuando Manini presentó un proyecto de ley con esa propuesta y dijo en el Parlamento que el objetivo era evitar que “ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo les interesa la venganza”, en alusión a jueces que condenaron a militares por violar derechos humanos, a su criterio sin pruebas y con testigos que aportaron información falsa.

Pero la iniciativa, sobre la cual por esos días se discutió mucho, y que incluso dividió las aguas en la coalición de gobierno, fue perdiendo impulso, hasta salirse de la agenda y quedar finalmente por el camino.

Según comentaron a El País fuentes parlamentarias, las negociaciones no avanzaron en profundidad por dos razones de peso. La primera era que los senadores del Partido Nacional decidieron no acompañar el proyecto porque desde un principio no lo encontraron “viable”, fundamentalmente debido a que no iba a ni siquiera generar cambios en la línea de trabajo de los jueces, que rigen mayormente su trabajo por la “jurisprudencia internacional”, como lo dictado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fallo condenó a Uruguay en 2011 a investigar todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período dictatorial, a raíz del caso Gelman.

La segunda razón es que los liderados por Manini Ríos, molestos porque en los últimos meses hubo “más procesamientos” contra militares que en 15 años de gobiernos frenteamplistas, se convencieron de que tal cambio no tendría efecto. Tras varias “consultas jurídicas”, los cabildantes entendieron que “hay consenso” de que la ley no iba a modificar la dirección de la Justicia, por lo que ya no ven sentido impulsarla.

El objetivo del proyecto de Manini Ríos -firmado además por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano- no era solo derogar la ley 18.831, votada en 2011 por legisladores del Frente Amplio. La misma que había declarado la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la última dictadura militar y restablecido “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”.

El proyecto de Manini tenía además otros seis artículos, que declaraban, entre otras cosas, que el Derecho Penal solo podía nutrirse de “disposiciones constitucionales” y que ya había agotado su “función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional”, además de mantener plazos de prescripción de los crímenes.

El 31 de julio de 2020, cuando anunció por primera vez su intención de presentar el proyecto, Manini Ríos se refirió a la Ley de Caducidad como la única de las “casi 20 mil leyes” del Estado que fue ratificada en las urnas en dos oportunidades, pero que “un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría exigua (...) se derogó”.

“Entonces, mi planteo hoy es: ¿no será tiempo de reinstalar la Ley de Caducidad?”, se preguntó el líder de Cabildo en su momento, en diálogo con radio Monte Carlo.

Y se explayó: ”¿No será tiempo de derogar la ley que derogó la Ley de Caducidad y de esa forma contribuir y de una vez por todas a dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren, con falsos testimonios, muchas veces llevando a inocentes presos, como ha ocurrido en el pasado y la propia Justicia terminó sobreseyendo a los que fueron encarcelados injustamente?”.