Una día después de haber confirmado su permanencia en la coalicióny con fuertes críticas a lo que considera una conducción “personalista” del gobierno por parte del presidente Luis Lacalle Pou, puede decirse que Cabildo Abierto vio cumplido uno de sus objetivos.

Una de sus grandes prioridades tiene fecha definida de aprobación. El próximo 6 de junio, la Cámara de Diputados sancionará el proyecto de ley que propone una reparación económica y moral para las víctimas de los grupos guerrilleros que actuaron antes y durante la dictadura militar.

La definición no estuvo exenta de polémica. El diputado cabildante Álvaro Perrone transmitió este martes al resto de las bancadas el reclamo de su partido: que el proyecto de ley, ya sancionado en comisión, fuera elevado este mismo miércoles al plenario de Representantes para su aprobación.

La postura sorprendió a blancos y colorados, que finalmente lograron convencer a sus colegas de que, por un “sentido de oportunidad”, la fecha elegida era por demás inconveniente y podía herir susceptibilidades. Mayo es el mes en el que en Uruguay se recuerda a los detenidos-desaparecidos bajo el terrorismo de Estado. Votar en este contexto un proyecto de estas características sería, a juicio de la mayoría de la coalición, una provocación.

Finalmente, Cabildo aceptó el argumento y se allanó a la postergación, pese que hace varias semanas venía insistiendo con la aprobación del proyecto.

Con todo, la iniciativa no recogerá unanimidades en la coalición. El diputado Iván Posada (Partido Independiente) confirmó que se limitará a dar su voto al proyecto en general, pero no apoyará ninguno de sus artículos en particular. El legislador dijo a El País que está favor de un reconocimiento a las víctimas de la guerrilla, pero discrepa con el camino elegido para efectivizar.

Será el tercer intento en 18 años por consagrar una ley de este tipo y el que, en definitiva, resultará exitoso. Para su puesta en vigencia falta todavía un paso: el proyecto ya fue aprobado por el Senado, pero deberá volver allí para que esa cámara ratifique, sin posibilidad de cambios, las modificaciones introducidas en Diputados que, en la práctica, alteraron sustancialmente la iniciativa.

El texto establece tres tipos de reparaciones: serán US$ 150 mil para los herederos de las víctimas fatales del accionar guerrillero, US$ 100 mil para los que quedaron incapacitados de forma permanente por estos actos y US$ 50 mil para los que haya sido privados de su libertad al menos por 72 horas. El proyecto comprende cualquier acción de este tipo ocurrida entre el 1 de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976. La estimación es el Estado deberá desembolsar por esta vía unos US$ 10 millones.

En la lista de posibles beneficiarios se incluyen 18 militares, 14 civiles y 34 policías, cuyos asesinatos fueron atribuidos al accionar de grupos de izquierda.

El aval al otorgamiento de las pensiones quedará en manos de una comisión especial que será presidida por el Ministerio de Educación y Cultura y que será integrada además por Economía y Finanzas junto a dos delegados de las organizaciones "más representativas de las víctimas. Para conceder las prestaciones se necesitará el voto de cuatro de los cinco delegados.

El diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Representantes, dijo a El País esperar que, más allá de de los problemas entre el Ejecutivo y Cabildo Abierto, no se produzca un cambio sustantivo en el relacionamiento a nivel parlamentario que impida lo que ha sido usual hasta ahora: la construcción de consensos.

Andújar expresó su “respaldo absoluto” a la decisión del presidente Luis Lacalle Pou en torno al caso que derivó en la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda.