Se los conoce como “cachilos”: autos antiguos, con problemas de frenos, chasis, amortiguadores y motores. Y en Uruguay no son pocos. Según estadísticas del Congreso de Intendentes a la que accedió El País, casi 270.000 autos matriculados entre 1901 y 1991 circulan hoy por calles y rutas uruguayas. Es decir, los vehículos más “nuevos” de esa categoría poseen 34 años de antigüedad y varios miles de kilómetros rodados.

De los 270.000 autos viejos, casi 100.000 tiene más de 50 años. Ello sucede porque en Uruguay, a diferencia de otros países, no hay una ley que otorgue la baja obligatoria para esos vehículos antiguos.

Muchos de ellos no tienen repuestos en plaza y sus dueños apelan a piezas vendidas en chatarrerías para poder mantenerlos operativos. Pero también existen autos viejos a los que sus dueños les dan un mantenimiento exhaustivo y circulan sin problemas gracias a que se importan repuestos del exterior.

“En 2024 se empadronaron 66.000 autos. Es un dato histórico. Con respecto a los cachilos que andan en la calle, en algún momento vendrá un plan de renovación”, dijo a El País el Director General de Asuntos Vehiculares y consejero del Congreso de Intendentes, César García.

Y agregó que, en el marco de ese plan de recambio, deberá abrirse una negociación entre los concesionarios de las marcas, automotoras, bancos, el Estado y los propietarios de los vehículos antiguos. “Uruguay algo tendrá que hacer en esa materia”, advirtió.

Hoy el parque automotor uruguayo posee 3.050.436 unidades, según los datos manejados por el Congreso de Intendentes y el Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive).

La patente de rodados, que se cobra a través del Sucive, representa el 50% de los ingresos reales de las intendencias y equivale a un punto del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay, afirmó García. Se prevé que este año, a través del Sucive, las intendencias recauden $ 28.367 millones (US$ 719 millones al tipo de cambio fijado por el Congreso de Intendentes de $ 39,4 por dólar).

La patente de rodados tiene, en el presupuesto de una intendencia, la misma importancia que las transferencias que hace el gobierno central a las comunas por el artículo 214 de la Constitución de la República. Esas transferencias se nutren con un porcentaje de lo que recauda el gobierno central en el interior del país por concepto de impuestos.

Además de regularizar los cobros por patente de rodados, el Sucive unificó los montos de las multas en todo el país.

García señaló que, en 2026, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares terminará su primer mandato de 15 años. Agregó que el Sucive tiene la particularidad de que se pueden renovar los pagos en forma automática.

El jerarca afirmó que el sistema de cobro no es obligatorio para las intendencias. “Si una de ellas se quiere ir, puede hacerlo. Sin embargo, ninguna intendencia se le ocurre retirarse del Sucive, porque además de perder dinero, perdería prestigia”, sostuvo.

Además, García recordó que el Sucive fue creado durante la gestión del entonces presidente José Mujica (2010-2015) como forma de terminar con la llamada “guerra de patentes” donde las intendencias de Colonia, Flores y Artigas cobraban precios más baratos que las comunas restantes por concepto de patente de rodados. Ello generaba, dijo García, que los dueños de los autos reempadronaran en aquellos departamentos donde el tributo era más barato.

Incluso, en 2015 un juez entendió que el manejo que se hacía en algunas intendencias con los precios de las patentes de rodados era ilegal.

El exintendente coloniense, Walter Zimmer, llegó a estar 70 días en prisión, imputado por un delito de abuso de funciones luego de haber estirado el plazo para empadronar autos en el departamento de Colonia. Se le tipificó abuso de funciones.

Dos años más tarde, un Tribunal de Apelaciones decidió por unanimidad archivar el caso y la absolución de Zimmer.