CARGOS DE CONFIANZA

El Estado uruguayo destinó, en junio, $ 4.296.498 para pagarle el salario a los 42 adscriptos que tienen los ministerios. En diciembre del año pasado, en cambio, había destinado $ 7.246.387.

Los nuevos adscriptos -esos que por ley puede contratar el ministro de forma directa y sin mayores requisitos que la confianza política- ganan, en promedio, $ 20.533 más que aquellos que estaban contratados el año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que el monto de dinero final sea inferior? Ocurre que, con el cambio de administración, el número de asesores se redujo a la mitad, pasando de 86 a 42.

Pese a que el Poder Ejecutivo no emitió un lineamiento sobre la cantidad de asesores -ni siquiera forma parte del plan de ahorro de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche- en la práctica se dio una reducción en todos los ministerios. La excepción son las carteras de Salud y de Vivienda -los únicos dos ministerios liderados por Cabildo Abierto- que tiene uno y dos adscriptos más que antes respectivamente.

Periodistas, economistas, militares retirados, médicos, abogados, estudiantes y un largo etcétera integran la lista de adscriptos que hoy tienen los ministros. La ley de Presupuesto que se aprobó durante el primer año de la gestión de José Mujica, en 2010, creó esta figura para que los secretarios de Estado contraten -sin dar justificaciones- a sus hombres y mujeres de confianza (sobre todo hombres: 64%). Y según Diego Gonnet, asesor de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), “no está en los planes cambiar esta normativa”.

Hace un año y medio, cuando la campaña electoral recién encendía los motores, el Movimiento de Participación Popular (MPP) había sugerido la reducción del número de adscriptos fijando un tope máximo de cinco por ministerio.

Por entonces, seis ministerios frenteamplistas superaban ese tope. Incluso había tres que excedían los diez: Ministerio de Transporte (12), Ministerio del Interior (11) y Trabajo (11). Hoy, en cambio, son dos los que superan ese límite que nunca terminó por concretarse: Vivienda y Trabajo con seis cada uno.

Tampoco se atendió la queja del legislador nacionalista Gustavo Penadés, quien a mediados de 2017 dijo que “dos adscriptos del Ministerio de Defensa ganan casi lo mismo que un contralmirante”. De hecho, cualquiera de los tres asesores que hoy tiene el ministro Carlos María Uriarte, en Ganadería, percibe una retribución nominal de $ 174.381 (unos $ 30.000 más que un contralmirante).

La licenciada en Relaciones Internacionales Adriana Lupinacci, la contadora Daiana González y la administradora rural María Mercedes Antía son las tres adscriptas de Ganadería que tiene registradas la ONSC y son, a la vez, las mejor pagas. Se les agregan los dos adscriptos de Turismo que tienen la misma remuneración: los abogados Álvaro Paolino y Daniel Alejandro Reta.

En el polo opuesto de la tabla está el contador Raúl Quijano, del Mides, con un salario de $ 30.000.

Eso sí: Gonnet aclara que “el adscripto no tiene descripción de tarea ni horario: puede ser un encargado de comunicación, un asesor técnico o…”

-¿O hacer la plancha?

-Eso mismo, hacer la plancha.

Más allá de repartir cargos, sobre todo en las direcciones de las secretarías, los ministros tienen tres vías legales para armar sus equipos de confianza. Las dos más extendidas son los pases en comisión y los adscriptos. La tercera herramienta es la contratación mediante fondos de organismos internacionales o gestionados por organismos internacionales. Este último instrumento fue clave para la confección de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, cuando aún no contaba con financiamiento propio.

Pero a diferencia de lo que sucede con los adscriptos, “en los fondos internacionales el currículum vitae pesa”, explica Gonnet. Significa que se trata de personas de alta formación e idóneas para el asesoramiento técnico.

Distinto es lo que pasa con los adscriptos. La mitad de los funcionarios de confianza que, bajo esta modalidad, estaban contratados en diciembre, carecerían de título universitario. Lo mismo ocurre con un tercio de los adscriptos vigentes. Incluso hay tres personas que ni siquiera son técnicos o estudiantes universitarios.

Uno de los que figura sin datos de formación alguna, según la información que brindó la ONSC, es Gabriel Cunha. El responsable del programa del Mides de personas en situación de calle, que estaba vinculado a la iglesia Misión Vida y había sido una pieza clave en el juicio de la exsenadora Verónica Alonso con una imprenta, gana, por mes, $ 114.264.

Abogado o escribano es la profesión más recurrente entre aquellos adscriptos que son profesionales (once en total). Hay nueve que son economistas, contadores, licenciados en Administración o estudiantes de estas carreras hermanadas. Y ocho son periodistas, licenciados en Comunicación o estudiantes de esta disciplina.

-¿Por qué si todos los ministerios tienen su equipo de Comunicación más de la mitad de las carteras contratan un adscriptos con esa especialización?

-Además del equipo fijo, de planta, los ministros tienen la necesidad de que alguien los asesore desde lo estratégico y desde la visión política. Alguien que los ayude a reforzar el proyecto político del jerarca.

-¿Esa estrategia no sería un obstáculo para la transparencia informativa?

-Cualquier mensaje que elabore un organismo público es una pieza con una intencionalidad detrás, como también cada comunicación de una empresa o un organismo no público supone un interés: qué se dice y qué se deja por fuera. El contrapeso para eso son las herramientas de acceso a la información pública y la obligación de los organismos de rendir cuentas. La prueba está en que, en cada Rendición de Cuentas, la ciudadanía se entera quiénes son y cuántos ganan los adscriptos a los ministros.

Nada establece, sin embargo, que esos idóneos en Comunicación sean, efectivamente, asesores en la materia. Porque, otra vez, los adscriptos no tienen una descripción de tarea. Tanto es así que a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, la asesora un militar retirado y una estudiante de Enfermería, o que al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le ayuda una exfuncionaria de otra cartera que ahora está jubilada.