Redacción El País
El directorio de la Caja de Profesionales Universitarios, con la abstención de su presidenta, Virginia Romero, y en una dura sesión, aprobó redactar un nuevo pliego de condiciones para contratar una auditoría que determine las razones, y eventualmente responsabilidades, por la gestión que en los últimos diez años ha desembocado en una crisis que podría llevar a la institución a la quiebra en 2025.

Esto sucedió en medio de un pedido por parte de la Caja para que el Parlamento vote un proyecto de ley por el cual profesionales de 45 carreras deberían sumarse a esta y realizar así los correspondientes aportes.

En los estados financieros de agosto la Caja está teniendo un déficit acumulado de 39 millones de dólares, por lo que se estima que terminará 2023 con una pérdida de 60 millones de dólares.

En la sesión de directorio del 12 de octubre, el director Blauco Rodríguez Andrada planteó a sus pares que ante diez años de balances que llevaron a la institución a una situación económico-financiera tan crítica, resultaba indispensable hacer esfuerzos para explicarle a los afiliados qué fue lo que ocurrió.

Ya en 2012 había estudios que demostraban la inviabilidad de la Caja de Profesionales en un horizonte no mayor a los diez años. Hoy, con un proyecto de rescate estatal que fue rechazado en el Parlamento, la Caja quebraría en 24 meses.

En los últimos años la institución hizo llamados para contratar auditorías de gestión, pero estos siempre quedaron desiertos. Ahora, el director Rodríguez Andrada planteó la necesidad de hacer un nuevo llamado en el que se incluyan solamente aquellas cláusulas que eviten todo posible conflicto de intereses y que se eliminen las muy específicas para lograr que se presente la mayor cantidad de oferentes posible.

“Una vez que se presenten empresas, decidiremos si lo hacemos o no, pero ya en base a la posibilidad de concretarlo. No como ha ocurrido hasta ahora, con llamados desiertos, quizá debido al grado de exigencia de algunas de las cláusulas. No sé cuántas de ellas son las mínimas posibles desde el punto de vista legal y cuáles de otra índole”, sostuvo Rodríguez Andrada. Una de las razones que impide que empresas se interesen en el llamado es la obligación de saber manejar el sistema informático que utiliza la Caja. Algunos directores no comparten que este sea un requisito indispensable.

Para abrir el abanico de oferentes, el director Robert Long sugirió la semana pasada en el directorio que se hiciera un llamado internacional de manera de permitir la presentación de consultoras extranjeras. Pero enseguida la presidenta Romero planteo dificultades, como que la firma debería tener una sucursal en Uruguay y RUT para emitir factura.

“No podemos adjudicar a una empresa que no está habilitada. No es posible hacerlo”, sostuvo la presidenta.

Rodríguez Andrada insistió en que los reparos legales no deberían ser un obstáculo para prestadores internacionales del servicio.

Long señaló que la contratación podría ser de hasta US$ 500 mil, a lo que la presidenta recordó a sus pares que no hay presupuesto hasta 2025. “Una vez que se empiece a hablar de él, ahí se podrá incorporar este tema”, dijo.

La acotación elevó el tono de la conversación en el directorio y Rodríguez Andrada se explayó: “Se pueden conseguir recursos del presupuesto interno; recortar otros rubros. Creo que esto es una prioridad. No sé cómo lo haremos, dando un ejemplo muy vulgar y muy básico: venderemos la mesa y nos sentaremos afuera. Pero humildemente, y con el mayor respeto, una cosa es tolerancia y otra es obsecuencia. Luego del trabajo serio que estamos haciendo todos, más allá de que nadie es dueño de la verdad, de que nadie garantiza resultados sino procesos en la toma de decisiones, por lo menos estoy orgulloso de las decisiones que como directorio hemos tomado en equipo. No es fácil alinear diferentes ideas para lograr sacar adelante un barco”.

Y agregó: “Dicho sea de paso. Otros directorios no quisieron, no pudieron o no supieron unificar en un pro mayor, y este lo ha logrado en forma muy positiva. Más allá de eso, me resisto a tener que escuchar personas o instituciones que considero responsables directos de la debacle de esta Caja, porque formaron parte de ella, salir a hacer política barata, que combato desde todas las estructuras y agrupaciones de las que formo parte. Dicen poco menos que los culpables de esta situación somos nosotros, que lo que planteamos es un disparate y piden que aparezca una varita mágica a cubrir la falta de millones de dólares que quedó. Yo quiero saber la verdad. No digo que haya culpables, pero sí saber qué ocurrió. Yo también me pregunto qué pasó en estos diez años para llegar a este estado. Quiero saber si la toma de decisiones o la falta de ello contribuyó para que se llegara a esto. Con eso quedamos todos con la conciencia tranquila”.

“En base” a todo esto, Rodríguez Andrada pidió que se llevara adelante “una auditoría de gestión”. Finalmente, el directorio, con la abstención de la presidenta, encomendó a los Servicios redactar nuevas bases para elaborar un llamado a dicha auditoría.