PARLAMENTO

Finalmente Cabildo Abierto presentó ayer ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad, iniciativa que en los últimos días dividió las aguas de la coalición y despertó fuertes críticas de la coalición de gobierno.

El proyecto de ley consta de siete artículos, lleva la firma del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano -y fue divulgado a través de Twitter por la periodista Patricia Madrid. El artículo 1° establece: “Declárese el derecho de los sucesores y familiares a la búsqueda de los desaparecidos en los excesos que se hubieren cometido durante el período de facto”.

El artículo 2°, en tanto, marca: “Mantiénese el derecho a percibir las reparaciones que se han otorgado a las víctimas y/o a los sucesores y familiares de las víctimas de los excesos que se hubiesen cometido antes del 1° de marzo de 1985”.

“Declárase que el Derecho Penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional, por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema”, dice el artículo 3°.

El 4° señala: “Derógase la ley 18.831 y en consecuencia dejarán de existir los efectos que de ella se deriven”. Esta ley interpretativa de 2011 restableció “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. El artículo 3 de esta ley interpretativa señala: “Declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”.

El artículo 5° reza: “Ratifícase que por imperio del principio constitucional de reserva legal, la única fuente de Derecho Penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales”, sostiene el artículo 5°.

El 6°, por su parte, indica: “Ratifícase la plena vigencia de los principios de irretroactividad de las leyes penales y de las leyes procesales penales que fueren más perjudiciales para los indiciados o enjuiciados y deróganse todas las normas que directa o indirectamente desconozcan estos principios”.

Finalmente, el artículo 7° dice: “Mantiénese la vigencia de todos los plazos de prescripción previstos para los delitos en nuestro sistema penal (Código Penal y Leyes Penales Especiales).

Ayer mismo durante la media hora previa de la sesión del Senado, Manini sostuvo que “esa ley (la de Caducidad), la más legitimada de todas nuestras leyes, fue derogada por la mayoría de un voto en el Senado en el año 2011, por una ley que en parte fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a partir de ahí se abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”, expresó.

Los integrantes de Cabildo Abierto esperan que el texto del proyecto sea discutido en la próxima reunión de coordinación de bancada de la coalición de gobierno.

La intención de Cabildo Abierto, incluso antes de haberse presentado el proyecto de ley, dividió aguas en la coalición de gobierno.

Poco antes de que se conociera la presentación de la iniciativa, el ministro de Defensa, Javier García, había dicho en rueda de prensa que es “legítimo” que cada legislador o partido “empuje” los temas que crea conveniente, pero subrayó que lacoalición de gobierno “empuja los temas de todos”.

En esta línea agregó que la agenda del gobierno está marcada por el documento “Compromiso por el País”, que firmaron todos los socios de la coalición previo a la segunda vuelta electoral de noviembre de 2019 y que no incluye reinstalar la ley de Caducidad.

García dijo que se trata de un aspecto que genera “divisiones” en la sociedad y que la misión del gobierno es trabajar “por la unidad”. Para el Ministerio de Defensa, agregó, la prioridad hoy son las FF.AA. “del siglo XXI”, que no pueden ser “rehenes del siglo XX”.

En el Partido Independiente (PI) se pronunciaron en contra de reinstalar la Caducidad. El diputado Iván Posada dijo que la propuesta de Manini “es como una vuelta hacia el pasado”.

“Indudablemente todo este tema significa ingresar en el túnel del tiempo para volver a discutir temas que Uruguay en su momento definió, bien o mal”, agregó el legislador en diálogo con Montevideo portal.

“Creo que ha habido un fallo que constituye un cambio cualitativo importante desde el punto de vista de la actuación del sistema de justicia uruguayo, que es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fallo sobre el caso Gelman ha sido el punto de referencia para la actuación e investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se han desarrollado desde 2011 a esta parte”, añadió. Pablo Mieres, presidente del PI, respaldó los dichos de Posada plenamente