Redacción El País
El próximo 27 de octubre los votantes en Uruguay tendrán una cita con las urnas por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero tal vez no sea el único papel que tengan que colocar en la urna.

Seis plebiscitos, impulsados por distintos partidos políticos y organizaciones civiles, están en la recta final para lograr que sus propuestas se sometan a la consulta popular. Y esto prende alarmas en ciertas sectores empresariales como construcción, comercio y servicios y tecnología.

Desde la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) argumentan que perjudicaría directamente en la rentabilidad y cantidad de proyectos del sector, en la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay (CCSUy) coinciden y agregan que sería un “ataque a la propiedad privada” mientras que desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), lo ven como una “mala señal al exterior”.

Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de la constructora Saceem y presidente de la CCU, fue enfático contra estos plebiscitos. “Nuestra crítica es frontal contra el plebiscito de la Seguridad Social porque puede generar inestabilidad al eliminar las AFAPs. En particular, en la construcción, estas han permitido inversiones multimillonarias de infraestructura. Es un sistema que genera decenas de miles de puestos de trabajo. Sin esto no se hubiera invertido en infraestructura como se hizo; generó entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo”, graficó.

A modo de ejemplo, explicó que el modelo de Participación Pública y Privada (PPP) permitió ejecutar obras viales y otras referidas a la educación. “En el sector vial, un 30% de los proyectos debe responder a este modelo PPP”, indicó. En cuanto a reducir la edad de la jubilación a 60 años, un tema histórico en la construcción por su alta carga física, acotó que el cambio de las condiciones actuales de trabajo y de vida y el desarrollo tecnológico, cambiaron el panorama y permiten que las personas trabajen más tiempo. “La construcción ya no es lo que era hace 30 años. Se mejoraron las condiciones de trabajo, la maquinaria y la jornada laboral se redujo”, resumió.

Por su parte, Carlos Acle, actual presidente de la CUTI, también se mostró negativo. “Nuestro sector es principalmente exportador, vendemos Uruguay. Nuestro discurso cuando salimos al exterior es que somos un país serio, que mantiene los compromisos en el largo plazo. Y volver a atrás tendría un impacto en esa credibilidad”.

A su entender, si bien reconoce que existen los problemas que plantean resolver los plebiscitos, se deben buscar soluciones por otras vías, “por ejemplo con innovaciones tecnológicas”, dijo.

En tanto, Julio Lestido, presidente de la CCSUy, dijo estar en contra por varios factores. “En cuanto a terminar con las AFAPs, lo vemos como un ataque a la propiedad privada. “Qué hacemos con la gente que tiene su ahorro en AFAPs, cómo la incorporaríamos al sistema. ¿Le quitaríamos la ganancia que generó? Sería como una expropiación”, alertó. Además, al igual que Ruibal, señaló que estos fondos son una “fuente de inversión” del país que es “necesaria para generar crecimiento”.

Otro aspecto negativo llegará, añadió, al momento de financiar el cambio. “El Banco de Previsión Social dice que tiene que incrementarse el aporte patronal al doble y estimamos que el IVA se incrementaría en unos años a 34%. Esto encarece el país y podría generar desempleo, además de la pésima imagen que daríamos internacionalmente”, dijo.

En cuanto al plebiscito para limitar los intereses de los préstamos, sostuvo que haría que las empresas del rubro cierren y un corrimiento al “mercado negro”.

“No sirve, genera desempleo, y el que tiene que controlar no lo podrá hacer. Hay que estudiar el tema, pero topearlo no es la solución. El efecto puede ser más grave”, concluyó.