Cambios a la ley de género: Asociación de Penalistas apoya propuesta de Lacalle Pou y espera trámite "rápido"

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay respalda el proyecto del Ejecutivo para reformar la Ley N° 19.580. Consideran que estas modificaciones restaurarán garantías procesales y promoverán la justicia.

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Cámara de senadores.
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Foto: Darwin Borrelli

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay celebró este domingo la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca reformar cuatro artículos clave de la Ley de Género N° 19.580.

Según el comunicado de la asociación, estas reformas son necesarias para “restablecer las garantías procesales tradicionales de un Estado de Derecho”, afectadas por la aplicación actual de la normativa.

En su declaración, la Asociación subraya que las modificaciones propuestas abordarán problemas relacionados con “las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso de las pericias, el castigo para denuncias falsas y la forma de reclamar reparos económicos”. Afirmaron que estas áreas han generado “situaciones de injusticia y manipulación indebida del sistema”.

La exposición de motivos del proyecto indica que, pese a los esfuerzos de la Ley N° 19.580 para subsanar la vulnerabilidad de las mujeres, “no logró abatir el número de casos de femicidio” ni evitó “las consecuencias del problema de la violencia de género”. Además, la normativa ha sido objeto de críticas y cuestionamientos de inconstitucionalidad, aunque estos fueron desestimados por la Suprema Corte de Justicia.

La Asociación de Abogados Penalistas espera que el Parlamento acoja rápidamente la propuesta del Poder Ejecutivo, ya que “sin duda implicará un avance significativo para el restablecimiento de las garantías para todos los ciudadanos”. También consideran que estas reformas son un paso necesario para una “reforma del Código del Proceso Penal”, en la cual ya están trabajando mediante una comisión de destacados profesionales y académicos con experiencia en el sistema penal.

Con este respaldo, la Asociación refuerza la necesidad de cambios que aseguren un proceso judicial más justo y equitativo, alineado con el artículo 8 de la Constitución Nacional, que exige igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

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