DOCUMENTO "COMPROMISO POR EL PAÍS"

El viernes de la semana pasada los partidos de la oposición presentaron un documento llamado "Compromiso por el país" en el que se establecía la base sobre la que se regirá la coalición en caso de que el 24 de noviembre el candidato blanco Luis Lacalle Pou gane las elecciones. 

Esta versión fue presentada como un "borrador" y ciertos puntos generaron polémica, especialmente el referente a educaciónque, entre otros aspectos, proponía expandir la experiencia de los liceos militares al interior del país así como que los representantes docentes del Codicen tuvieran voz pero no voto. 

Ayer en la tarde Lacalle Pou presentó una versión final del documento, firmado por los líderes del Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, con algunas modificaciones en varios de los capítulos. Estos son, uno a uno, los cambios que se realizaron:

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En el nuevo documento, en el primer capítulo, se incluyó el planteo de realizar durante 2020 una auditoría de gestión u201cque permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de los recursos públicosu201d, un reclamo de Cabildo Abierto.

También, se agregó reducir progresivamente la flota vehicular del Estado, la cantidad de asesores y adscriptos. El Partido Independiente propuso reducir los cargos de particular confianza, sustituyéndolos por cargos de alta dirección pública y fue incluido en el documento.

En el borrador se proponía u201cdisminuir el déficit fiscal para alcanzar la sustentabilidad de las finanzas públicasu201d mientras que el documento final propone "disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio". 

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En el nuevo documento quedó eliminado el planteo de modernizar la institucionalidad del Banco Central y agregó la incorporación de un paquete de leyes anticorrupción (u201cel enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominiou201d), así como una normativa que establezca el ingreso y ascenso de personas contratadas en los gobiernos departamentales.

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En el tercer capítulo se modificó el punto referido a la gobernanza. En el borrador se hablaba de "reforma" de la misma, pero en el documento que fue aprobado se cambió por "aplicar a las empresas públicas las mejores prácticas de gobierno corporativou201d.

También se modificó otro punto, referente a las empresas subsidiarias de Derecho Privado. Se pasó de establecer u201crevisión sistemáticau201d a u201cestablecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías de gestión".

Además, agregaron la u201cfijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladorasu201d, que no aparecía en el borrador inicial.

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Respecto a las medidas de impulso al crecimiento, dieron marcha atrás a la autorización de importación de combustibles refinados, así como a flexibilizar la cadena de distribución.

Ahora, se plantea u201cavanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los consumidores las eficiencias obtenidasu201d.

Por otra parte se agregó que buscarán "impulsar al sector agropecuario como motor de la economía" y se quitó "la propuesta de autorizar la importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución".

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En materia de inserción internacional, ahora se plantea u201cestablecer un Plan Estratégico de Política exterior 2020-2025, que guarde estrecha relación con las necesidades y oportunidades del país productivou201d.

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El sexto capítulo, sobre seguridad, es uno de los que incluye más retoques. A pedido del Partido Colorado y del Partido Independiente, se dejaron de lado algunas propuestas, en parte vinculadas a la reforma u201cVivir sin miedou201d que fue impulsada por el senador Jorge Larrañaga.

Los puntos que se eliminaron fueron el de "la pena perpetua revisable para delitos gravísimos", el de "la inexcarcelabilidad de los delitos previstos por la ley de estupefacientes" y "la exclusión de las salidas transitorias a reincidentes de delitos de narcotráfico, homicidio y otros". Sin embargo Lacalle Pou dijo que igual se mantiene u201cel espíritu de la reforma de Larrañagau201d.

Por otro lado se incluyen planteos de Manini Ríos: la construcción de una cárcel de máxima seguridad para narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad, la reestructuración de la Fiscalía General (además de fortalecer el vínculo entre Policía, Fiscalía y Justicia) y se incluyó la revisión de la ley de procedimiento policial en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones.

Por otro lado, se añadió: "Profundizar y ampliar la formación policial en todos sus niveles y tareas, creando la especialidad de investigación criminal y poniendo sus planes operativos en sintonía con las mejores prácticas a nivel internacional; fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral; profesionalizar los procesos de selección y valoración de competencias, desarrollar capacidades institucionales para la atención de enfermedades profesionales y desarrollar buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado; revisar la Ley 18.315 (Ley de Procedimiento Policial) en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones; revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas; revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento".

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Sobre las políticas de Defensa, en este documento no incluyeron el punto acerca de la vivienda militar, en el que se buscaba fomentar el acceso digno por parte del personal subalterno.

Además se prometió establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas.

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El capítulo de educación fue uno de los que generó más polémica en el momento en que se dio a conocer el borrador del acuerdo, el documento final tiene algunas modificaciones que van en esa línea.

Dieron marcha atrás en la expansión de liceos militares y también en la decisión de no darle voto a los representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen). A pedido de los colorados, la redacción dice que se fortalecerá el rol director del Codicen en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y se mantendrán los consejeros electos por los docentes. Ahora no se especifica si tendrán voto.

Se agregó además la u201cextensión del tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el paísu201d y agregaron la creación de un u201cPlan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEPu201d.

También se añadió el u201cdesarrollo de proyectos de formación técnico-profesional destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan, iniciándolos en el aprendizaje de oficios y en la incorporación de nuevas tecnologías constructivasu201d.

Aunque mantuvieron la idea de profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación, se agregó que esto será u201capoyándoseu201d en la experiencia del Plan Ceibal y de UTU.

En tanto, se cambió el término u201canalizaru201d por u201creduciru201d u201cla cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindiblesu201d.

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En el noveno capítulo, se prometió considerar una eliminación gradual del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan los jubilados. Esta es otra propuesta de Manini Ríos.

Además se mantuvo la propuesta de u201ciniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo políticou201d, aunque se le hace un agregado.

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En el capítulo 10 se pasa de hablar del "combate frontal a la violencia basada en género" para proponer "el combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular".

Además se agregó fomentar las "políticas públicas de conciliación entre la vida laboral y la vida doméstica, como manera de disminuir la brecha de oportunidades entre géneros". 

Por otra parte se modifica la "permanencia de leyes que han sido votadas en los últimos años" por "mantener la legislación vigente y continuar trabajando" en beneficio de en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico, por su orientación sexual. A esto se agrega además aquellos que fueron discriminados "por otras características personales". 

El último punto fue cambiado en su totalidad.

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En el capítulo 11 ("Proteger el mundo del trabajo") no se realizaron cambios, mientras que en el 12 hubo una modificación: el documento final da marcha atrás en el punto referente al "corralito mutual" y en vez de plantear que lo u201celiminaránu201d ahora se señala que u201ces necesario superaru201d esta herramienta.