Redacción El País
Hace tiempo que varios precandidatos a presidente de esta campaña electoral tienen claro que, en el mejor de los casos, en este 2024 enfrentarán momentos “muy duros” de los que muchos no saldrán ilesos -metafóricamente hablando. Y, que, en el peor, deberán activar un control de daños para saber qué impacto ha sufrido su imagen pública o su propia candidatura.

Algunos de los más de 15 precandidatos que hoy están en carrera, de hecho, tuvieron charlas con sus familias al respecto el año pasado, y quienes rodean a los dirigentes que buscan el premio máximo en el ciclo electoral de este 2024 viven pendientes de lo que pueda afirmarse de sus líderes y que ello a su vez obligue a una rápida reacción mediática.

En el plano público, no hay un solo precandidato que admita que en alguna circunstancia pueda avalar prácticas espurias para dañar a su adversario -hipótesis que está en el aire desde esta semana, a raíz de la denuncia que enfrenta el precandidato Yamandú Orsi, acusado en Fiscalía por una persona trans de haber sido agredida por el dirigente del Movimiento de Participación Popular 10 años atrás

Fuentes políticas señalaron que el precandidato blanco Álvaro Delgado, por ejemplo, entiende que en función de sus últimos discursos y mensajes transmitidos a la interna de su partido ha “bajado línea” a su estructura y militantes de que el agravio, las acusaciones infundadas a los rivales y la desinformación “no es el camino” estratégico a seguir en esta campaña. Y lo mismo se sostiene desde filas de otros precandidatos de la coalición.

Sin embargo, el hecho de que ya se esté en un clima distorsionado a partir de la denuncia que enfrenta el exintendente de Canelones y que perfectamente pueda estarse ante un evento típico de campaña “sucia”, hizo que en varios comandos de los precandidatos montaran guardia, aunque por el momento, según indicaron a El País dirigentes de distintas filas partidarias, no hay “protocolos” o planes de acción definidos para evitar el camino por el que han ido los sistemas políticos de Estados Unidos, Brasil o Argentina -por citar tres casos- que han tenido a candidatos de primer orden enfrentando escándalos públicos determinantes.

“Con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Me parece que es peligroso que la campaña electoral se empiece a centrar en este tipo de cosas”, dijo en entrevista con El País Pablo Mieres, ministro y precandidato por el Partido Independiente, y agregó: “Creo que estamos en un mundo donde todo se vuelve, redes sociales mediante, parte de la agenda pública. La división entre lo público y lo privado ha cambiado fuertemente, pero tenemos que discutir los temas de fondo”.

Y si Uruguay, que no está nunca ajeno a los fenómenos mundiales, sigue por esta senda, ¿qué deberían hacer los partidos?

Para la politóloga, Mariana Pomiés, no hay más receta que defender la institucionalidad de una forma colectiva. “Deberían dar una respuesta conjunta, acordar un compromiso de parte de todo el sistema por una campaña limpia, concentrada en la discusión de ideas y de propuestas, dejando de lado las rencillas personales”, reflexionó la directora de la consultora Cifra.

Ante la misma consulta, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, señaló en tanto que siempre ha tenido contacto telefónico con su par del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya que mantener la buena convivencia política es lo que exige “la cultura de partidos que tiene este país”.

Foto: Estefanía Leal.

Ahora bien, si el escándalo público que enfrenta Orsi es o no la primera perla de un collar que muchos temen que sea largo este año, es parte de la discusión en la que están enfrascados por estas horas el oficialismo y la oposición. Del lado del gobierno, y específicamente entre los blancos, han deslizado más o menos directamente -por lo bajo, sin vueltas- que si se trata de una operación, esta podía nacer dentro de la propia interna frenteamplista.

Y esto ha sido negado enfáticamente por la otra precandidata de la izquierda con chances de ganar en junio, Carolina Cosse, y también por Francisco Legnani -coordinador político de la campaña de Orsi-, quien en diálogo con El País dijo que en su equipo han descartado “de plano” esa posibilidad. “En el Frente Amplio esas cosas no pasan”, señaló.

El dirigente opositor Edgardo Ortuño, en tanto, dijo esta semana en Canal 12 que si bien no buscaba “establecer responsabilidades en términos de un partido”, esperaba que los nacionalistas, en tanto tienen en sus filas a la militante Romina Celeste -quien dio a conocer esta denuncia, antes de que la víctima llevara su caso a Fiscalía-, tenían que “hacerse cargo de tener una persona que, con sus banderas y apoyando una de sus precandidaturas, tiene este tipo de prácticas”.

Los blancos, por su parte, respondieron con dureza a esa insinuación. La precandidata Laura Raffo fue enfática al afirmar ayer que ese tipo de “acusaciones” son “absolutamente inaceptables” y que el Partido Nacional, de casi 200 años de historia, sería “incapaz de hacer alguna de estas acciones”, palabras similares que por su parte empleó Iturralde.

El senador blanco Sebastián Da Silva, fiel a su estilo, respondió en tanto que una “campaña sucia” fue “la que hizo, por ejemplo, Carolina Cosse, cuando salió a decir que si se tomaba el agua salada iban a nacer niños deformes”, dijo recordando una conferencia de prensa de la entonces intendenta de Montevideo, durante la emergencia hídrica.