DESARROLLO SOCIAL

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que la cifra inicial de 11.000 asignaciones familiares suspendidas —que son cobradas por aquellos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, liceo o UTU— "fue descendiendo a medida que fueron acreditando haber cumplido con la contraprestación".

El ministro contó que cuando trascendió la primera cifra rondaba los 11.500, que "enseguida bajó a 11.000 porque se cierra en julio y en agosto se procesan los datos". Así, estos 11.000 casos responden al cruzamiento de datos de BPS y el sistema educativo. "Enseguida que se regulariza la situación se levanta la suspensión", dijo Lema en rueda de prensa tras la presentación de un nuevo centro de atención a personas con alta vulnerabilidad.

"Siempre pasa que se depura la cifra total. Sobre fin de año hay un nuevo control, con datos cotejados por las autoridades de la educación y BPS", explicó Lema, y detalló que el año pasado se dio la suspensión de alrededor de 9.000 casos.

El ministro volvió a hacer énfasis en que el mensaje es que exigir la contraprestación no es solo por los 11.000 casos implicados, sino "por las 369.000 que sí cumplen y por eso mantienen el derecho". Además, recordó que el rol proactivo de la cartera implica que se orotguen mecanismos para que todos puedan volver a disponer del beneficio.

Tras conocer el anuncio de que se cortarían estos pagos, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, solicitó una reunión con el presidente de BPS, Alfredo Cabrera, y también pidió mantener un encuentro con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva.

Cabrera precisó que ante esta situación “lo primero que se hace es anunciar y alertar, que eso es lo que prevé el decreto y lo que hace el banco”. “La baja sería en setiembre, lo empezamos a hablar en julio y damos agosto para poder volver a recuperar aquello que no estaba”, sostuvo.

También añadió que “está funcionando en el banco un canal donde cualquier persona que haya omitido registrar a su hijo puede ingresar y hacerlo de manera online”.

“Y le hemos enviado un SMS a cada una de aquellas personas que eran beneficiarios y que ahora no nos figuran en los registros, y además un mail advirtiéndole de que tienen la posibilidad de ingresar las certificaciones si se olvidaron, de manera tal de que el mes que viene no se les reduzca”, expresó.

“Está en la responsabilidad de los tutores, en definitiva en la patria potestad, el llevar a sus hijos a la educación”, concluyó.

Por su parte, Robert Silva dijo: “Esta situación nos genera una nueva alarma, nos pone en una actitud de acción y de actividad permanente como la que tenemos que estar”.

“Nuestras unidades coordinadoras en todo el país, junto con las comisiones descentralizadas, con Educación Secundaria y Técnico Profesional en particular, tenemos ya la identificación de los estudiantes, hemos iniciado un proceso de consulta a la familia, de ir tras ellos a buscarlos, a saber la situación de cada uno, qué es lo que le está pasando y de diseñar una propuesta, una estrategia que nos permite reincorporarlos”, señaló.

Silva también expresó su preocupación por las cifras de educación inicial y primaria. En este sentido, mencionó una "estrategia que la dirección general a través de las inspecciones está llevando adelante con los maestros comunitarios y de apoyo, una vez identificada la situación de esos niños que o no están inscriptos o no están concurriendo" a los centros educativos.

“No solo basta —que lo hablábamos con Beatriz— que estén inscriptos, sino también que concurran y mantengan su trayectoria”, apuntó.

Consultado sobre cómo se reinsertan los estudiantes que pudieron haber perdido mucho tiempo de clase, el presidente del Codicen destacó “estrategias de apoyo, de tutorías, de horas de acompañamiento” que se han establecido y están “dispuestos a establecer”.