Radacción El País
Una vez más, la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado vuelve a ser tema de campaña electoral. Están quienes plantean su reducción de cara a las internas, como el nacionalista Álvaro Delgado, y quienes plantean aumentarlo, como la frenteamplista Carolina Cosse. Lo cierto es que había 296.925 vínculos laborales con el Estado al cierre de 2022, cifra que tuvo una leve reducción de 1,5% en comparación a 2019, antes de que asumiera el gobierno.

Al principio del gobierno se anunció la implementación del “3 por 1”, con la promesa de que se reponía una vacante de cada tres que se generan. Pero, según apuntó el precandidato blanco Jorge Gandini, se está por cumplir “cinco años” de la aplicación de la medida y “hay que decir las cosas como son”. En ese sentido, el senador indicó en el programa radial En Perspectiva que se bajaron unos 3.000 vínculos, y se “disimula la disminución” con la “tercerización de servicios”.

Dentro del Partido Nacional, hay posturas diferentes sobre lo que se debe hacer con los funcionarios y el gasto del Estado. Por un lado, el precandidato Delgado tiene como uno de sus ejes de la campaña la eliminación de 15.000 funcionarios públicos; mientras que su par Gandini —en contraposición— no cree que se vaya a “reducir las plantillas” de vínculos y, en cambio, propone “utilizarlas mejor”.

Los 15.000 funcionarios, explicó Agustín Iturralde —coordinador del programa de gobierno de Delgado—, serían personas dedicadas a tareas administrativas. En ese sentido, aclaró que la idea no es que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tenga menos médicos y enfermeros, sino que cuente con “menos” empleados “liquidando sueldos”; y que en el Ministerio del Interior no se reduzca el número de policías, sino que sean “menos administrativos”.

Para Iturralde, hay que “presionar o estresar al jerarca para que vea cómo puede trabajar con menos personal administrativo”. El economista, además, cree que hay “espacio” para que esto se aplique en todos los incisos; y recuerda que todos los años se retira entre un 4% y 5% de funcionarios, de los que el 1% son personas que se dedican a estas tareas.

Por otra parte, la precandidata blanca Laura Raffo propuso la fórmula RAFFO —donde utiliza las letras de su apellido para enumerar propuestas— para bajar el costo de vida de los uruguayos. Uno de los puntos, el primero, es reducir los trámites y la burocracia. El argumento, según explicó la nacionalista a El País, es que la “burocracia estatal” actual “genera costos adicionales para la operativa de los pequeños comercios, de los emprendedores y las empresas”. Y que, en última instancia, ese plus que deben pagar se “refleja en los precios” que le llegan al consumidor.

Gandini, por su parte, habló de su experiencia en el Parlamento y apuntó que no conoce una “sola Rendición de Cuentas que venga con menos gasto” porque se “van generando respuestas a la demandas” que surgen. En ese sentido, consideró que hay que “tratar de tener un mejor Estado” con lo que se tiene, y que en el “Estado de bienestar que tenemos nadie quiere renunciar a las prestaciones que brinda”.

Foto: Fernando Ponzetto

Desde el Frente Amplio, la precandidata Cosse quiere, de ganar, que en el “primer año de gobierno se iniciará el plan con una cobertura para 10.000 personas, en tanto se van generando las condiciones de crecimiento para el objetivo de alcanzar 30.000 puestos de trabajo”. En ese sentido, se aclara en su propuesta que “no son nuevos jornales solidarios” (N.de.R: empleos temporales que da el gobierno en conjunto con la intendencia) ya que tendrían “mayor estabilidad”.

Dentro del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez plantea de manera directa, al igual que Delgado, la reducción de los funcionarios públicos. En su programa, apuntó que esta administración “culmina su gestión con casi 300.000 funcionarios públicos, prácticamente con la misma cantidad que inició”. Por eso, quieren llevar “adelante un eficaz programa” de baja de vínculos con el Estado “sin afectar derechos adquiridos, fundamentalmente a través de retiros incentivados y la no reposición de vacantes”.

Por su parte, el precandidato Robert Silva no plantea de forma explícita una disminución de los funcionarios públicos, aunque sí se propone la “evaluación del sistema de licencias en el sector público”, más allá de que este gobierno implementara un cambio radical de las condiciones.

Por último, Tabaré Viera busca una reforma del Estado al hacer un “diseño” para que “sea eficiente en su rol”. Su idea es establecer la “dotación justa, ideal para cada inciso y, a partir de allí, saber exactamente si hay funcionarios de más o de menos en cada área”.

Foto: Archivo El País