Redacción El País
A seis meses de haber sido sumariados y apartados preventivamente de sus cargos, los dos jerarcas implicados en el pago irregular de horas extras a una funcionaria de la Intendencia de Artigas vuelven a trabajar en la comuna.

La exencargada de Recursos Humanos, Elizabeth Ramallo, se reintegrará en la dependencia de Alojamiento Transitorio para Pacientes del Interior. En tanto, el extitular de Liquidaciones, Miguel Romero, empezará a desempeñarse en la Oficina de Deportes, confirmó a El País el secretario general de la Intendencia de Artigas, Emiliano Soravilla.

El jefe comunal, Pablo Caram, firmó el jueves pasado la resolución con la conclusión del sumario para Ramallo. En el caso de Romero, el sumario sigue abierto ya que solicitó que se diligencien más pruebas, en el marco de la investigación administrativa abierta por el caso de Stéfani Severo, que durante casi dos años cobró indebidamente centenas de horas extras por mes, que claramente no eran trabajadas.

Soravilla señaló que, si bien Severo renunció a su cargo administrativo dentro de Recursos Humanos, la Intendencia de Artigas resolvió también rescindir “definitivamente” su contrato el jueves pasado.

En marzo, la investigación administrativa probó las irregularidades cometidas por Severo, que fueron derivadas a la Fiscalía Departamental de Artigas. El asesor jurídico Federico García Da Rosa consideró que el accionar de Severo, Ramallo y Romero fue “intencional, reiterado y voluntario, evidenciando la responsabilidad de los partícipes”.

Sin embargo, Soravilla dijo que “el informe sugiere una sanción, pero no es vinculante”. “Con el intendente entendimos que una sanción de seis meses con separación del cargo y retención del sueldo era suficiente. No así en el caso de la otra funcionaria. (Ramallo y Romero) tienen 30 años de carrera, sin antecedentes previos en el legajo”, explicó.

El caso tomó estado público a comienzos de año, cuando El País informó que Severo había cobrado 196 horas extras en un mes. El Partido Colorado prepara una denuncia ampliatoria, ya que asegura que hay 12 funcionarios más cobrando compensaciones indebidas.