Disminuir la población penitenciaria, mejorar la atención a las personas privadas de libertad e invertir en infraestructura, recursos humanos, seguridad y, sobre todo, desarrollar políticas postpenitenciarias.

Estos serán los principales lineamientos que tratará el “libro blanco”, un documento que aborda los lineamientos estratégicos hacia dónde orientar la reforma del sistema penitenciario, un tema incluido en la Ley de Urgente Consideración (LUC), en su artículo 87, que resume los objetivos y establece un marco legal claro para la implementación de estos cambios.

Los avances fueron adelantados el pasado jueves 1° de agosto, durante una sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General del Poder Legislativo, por el coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas, Diego Sanjurjo, y la responsable del estudio Ana Vigna, especialista en materia carcelaria.

Según explicó a El País el senador blanco Carlos Camy, presidente de la citada comisión, este documento estará listo “antes que culmine este gobierno” y será un marco para trabajar la temática a corto, mediano y largo plazo. “La expectativa es que se culmine en este gobierno y sentará las bases de una política que tiene que ser de Estado”, aclaró.

Para la diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry, integrante de la comisión, esta presentación demostró que “el punitivismo no es la solución”.

“Tenemos cárceles superpobladas, sobre todo de jóvenes. Y muchas veces con delitos leves. Casi el 60% son delitos leves”, comentó. Sobre la no presentación del documento en la sesión, indicó que confirma que “no se llegará a concretar el artículo 87 porque no hay una línea presupuestal que refleje alguno de los aspectos que se plantearon. Por lo menos empezó con un lineamiento que quedará como insumo importante para el próximo gobierno”, reflexionó.

De acuerdo a la versión taquigráfica de la presentación, Vigna explicó que durante el último año se abocó a reunir información de diferentes ámbitos para conformar la base del “libro blanco” que, aclaró, es “un documento que intenta dejar sentados lineamientos estratégicos hacia dónde orientar una reforma a futuro para nuestro país”.

Por su parte, Sanjurjo identificó como una de las mayores problemáticas que sufre el sistema la reincidencia penitenciaria.

“Si no logramos que baje la reincidencia, que las personas que salgan de prisión no vuelvan, no será posible tener un país seguro. Para mí esa es la gran clave de las políticas de seguridad ante una población carcelaria que no para de crecer”, señaló. A su entender, las carencias y los problemas “no son puntuales”, sino que “hablan de un agotamiento estructural” y se requieren “varios períodos de gobierno concertados y coordinados para poder solucionarlas”.

El alto hacinamiento es uno de los grandes problemas de Uruguay, coincidió Vigna. Para revertir esto, durante la sesión adelantó que el documento abordará la necesidad de fortalecer las medidas alternativas a la cárcel ante un delito.

“Abordamos las derivaciones tempranas como casos de personas que hayan cometido algún delito producto de alguna situación de problema mental, adicciones y demás. Es necesario que no terminen en la cárcel, sabemos que esto no soluciona esas problemáticas, sino que incluso las intensifica”, sostuvo.

Además, para que la reinserción social sea más efectiva, adelantó que la oferta programática para oportunidades “tiene que estar basada en evidencia, que sean programas con un monitoreo, una evaluación”.

“No todo el mundo delinque por los mismos motivos, no tiene los mismos niveles de riesgo y debería haber un tratamiento específico para abordar los factores de riesgo delictivo”, señaló.

A su vez, aclaró que las políticas postpenitenciarias son un “elemento fundamental” en esta temática, pero trascienden al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) e incorporan a otros actores y a la sociedad civil.

La experta también hizo hincapié en el avance estructural del sistema penitenciario. Sobre esto, remarcó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de su personal.

“La incorporación de civiles es un gran avance, pero el libro blanco abordará la carrera penitenciaria, las condiciones de trabajo, el acceso a los puestos de dirección y demás. El rol del personal, las competencias y el reconocimiento son temas que también serán mencionados”, adelantó.

Otros pilares relevantes que sumará el documento serán la gobernanza del sistema y la actualización del marco legal vigente. Sobre el primer punto indicó que, si bien el INR tiene el rol rector, propondrá la inclusión de diversos actores públicos y de la sociedad civil, incluidos los familiares de los detenidos.

En tanto, sobre el segundo punto aseguró que será necesario adecuar el marco legal vigente, porque el actual data de 1975 y necesita una “actualización urgente” para “reflejar la realidad actual del sistema penitenciario”. Incluso, adelantó que otras medidas alternativas serán parte de este documento.

Como último punto, destacó la relevancia de generar campañas de sensibilización ciudadana para promover respuestas alternativas al problema del delito. “Me parece que es importante que en este libro blanco quede sentada la necesidad de generar campañas de sensibilización ciudadana que muestren formas alternativas de responder ante la problemática”, señaló Vigna.