RESPUESTA

El senador frenteamplista Charles Carrera anunció este lunes que solicitará el reexamen de la denuncia al Estado uruguayo por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie, que fue archivada la semana pasada. "Tenemos sobrados fundamentos para hacerlo", aseguró.

Para Carrera, el fiscal Gilberto Rodríguez "centró toda su investigación en la presunta existencia de un solo delito, cuando se habían denunciado varios. Pero, además, la valoración que realizó —respecto del delito de abuso de funciones— fue desde una mirada inverosímil".

"Tanto en la denuncia penal como en las sucesivas ampliaciones, la bancada de Senadores del Frente Amplio expresó la existencia de varias figuras delictivas que involucran a los jerarcas denunciados: Luis Alberto Heber, Juan José Olaizola, Rodrigo Ferrés y Juan Curbelo", detalló el senador en su boletín semanal.

"Dentro del cúmulo de delitos por los que deberían haber sido investigados por Fiscalía, estaban, entre otros, el delito de fraude y el de falsificación ideológica de documento público, sin embargo, el fiscal eligió investigar un solo delito: el abuso innominado de funciones", agregó.

"Todavía estamos analizando el escrito que dispuso el archivo", dijo Carrera, por lo que solo valoró que, de momento, entiende que "existen sobrados argumentos, pruebas y fundamentos jurídicos para solicitar que otro fiscal revea la decisión de archivo".

Por otro lado, para el senador, "dada la posición asumida por el fiscal Gilberto Rodríguez, reconociendo que los decretos posteriores a la firma del acuerdo padecen de vicios de todo tipo, no sería descabellado pensar que al amparo de esta posición el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulará este acuerdo por vicios de ilegalidad".

"Lo que se resuelva en esta instancia ya no dependerá del fiscal Rodríguez, sino del juez penal competente, que deberá decidir si se prosigue con esta investigación en manos de un fiscal sustituto. Tenemos la plena confianza de que así será", cerró el senador.

Pese a las evidencias presentadas por la oposición y tras la investigación, la Fiscalía determinó que “las conductas que se pretenden imputar carecen de relevancia jurídico penal”. Sostuvo que la firma del acuerdo y la ausencia de asesoramiento por el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) no son considerados “hechos imputados” e indicó que las conductas “fueron realizadas en el contexto de una decisión de conveniencia y oportunidad en el marco de la política portuaria”.

De todas formas, expresó que esto no los exonera de cumplir con la ley, que tiene como uno de sus principios fundamentales mantener la libre competencia regulada y prevenir las actividades monopólicas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución.

Rodríguez afirmó que “resulta imprescindible separar la decisión de mantener la confidencialidad para la conformación del acuerdo de la conducta llevada a cabo por el indagado Curbelo en prescindir de la opinión del resto de los directores de la ANP”. En este sentido, señaló que antes de iniciar el acuerdo ya se había pactado la forma de negociación, incluso en instancias previas a que asumieran las nuevas autoridades. Esto fue tramitado por el anterior secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, según el fallo al que accedió El País.