La decena de exfuncionarios de la extinta Casa de Galicia que declararon ante la Justicia en el marco de la causaque investiga la actuación de sus entonces autoridades coinciden en algo: todo era decidido y resuelto por Alberto Iglesias.

“Manejaba absolutamente todo”, es una frase que se repite en varias de las declaraciones que se realizaron en los últimos meses ante el fiscal de Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez, según relataron a El País fuentes judiciales vinculadas al caso. En alguno de los relatos llegando a reconocer que no existían controles de las inversiones o del dinero que ingresaba a las arcas de la mutualista porque se iba “detrás del líder”.

La denuncia penal contra las autoridades de Casa de Galicia fue presentada por el Ministerio de Salud Pública el 3 de diciembre de 2021. Luego, el 29 de diciembre de ese mismo año -ya con la mutualista cerrada desde el 23 de diciembre-, el director general de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y el director de la División de Servicios Jurídicos, Martín Thomasset, hicieron una ampliación. El texto que se entregó en ese entonces señala que fueron las interventoras de Casa de Galicia las que le hicieron llegar a la cartera de Salud Pública un informe donde se detallan una “serie de hechos de apariencia delictiva”.

La larga lista de irregularidades que, según consta en la denuncia, se habrían cometido en la hoy extinta mutualista van desde la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, a la adquisición de una clínica por US$ 3,5 millones sin una tasación previa, y a una maniobra a través de una casa de cambios por la cual su expresidente, Alberto Iglesias, habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de US$ 180.000.

Una funcionaria, que se desempeñó como gerenta adjunta al gerente general hasta que asumió Iglesias, relató que todo cambió con su llegada. “Antes quien realmente tomaba las decisiones era la gerencia. Cuando Iglesias ingresó dijo literalmente: ‘Acá el gerente voy a ser yo’”, narró. En otro pasaje de su declaración agregó que a partir de 2018 Casa de Galicia se manejaba con “una parte política que hacía lo que Iglesias quería”.

Un relato similar hizo el secretario de la comisión directiva, quien en su declaración aseguró que Iglesias “manejaba absolutamente todo” junto al secretario general, Marcelo Brasca. Y recordó que cuando se realizaban las reuniones de directiva “ya estaba todo hecho” y “no se pedía autorización a la directiva”. “Iglesias informaba lo que había hecho”, sostuvo de acuerdo al relato de las fuentes.

El manejo económico de Casa de Galicia estaba centralizado en Iglesias. Desde las grandes inversiones hasta el cobro de un cheque. A medida que la situación financiera empeoraba y los bancos de plaza se negaban a dar créditos, el camino que eligió el entonces presidente de Casa de Galicia fue recurrir a prestamistas privados que cobraban intereses de usura. Intereses que, según el relato de los testigos ante el fiscal Rodríguez, nadie conocía exactamente hasta qué porcentaje llegaban.

Entre esas decisiones discrecionales, que relató el secretario de la comisión directiva ante la Justicia, mencionó “cesiones y préstamos, en los que la directiva no participó, por montos de $ 30,5 millones” en cheques de un prestamista.

El vínculo con determinados prestamistas era “de amistad”, declaró el secretario, al punto tal de que uno de ellos “le dio un auto (marca) BMW color blanco a Iglesias con el que iba a Casa de Galicia”.

Otro funcionario que ocupó el cargo de tesorero entre 2018 y 2021 acudió a declarar el 8 de diciembre de 2022. Allí el entonces tesorero, según las fuentes judiciales consultadas, dijo que Iglesias era quien “manejaba parte de la ingeniería financiera de Casa de Galicia”.

“Él manejaba el tema del dinero que la institución movía”, enfatizó. Y agregó que en la directiva se aprobaba recurrir a prestamistas privados, pero en las sesiones no se conocían los montos que solicitaban.

En otra instancia declaró el contador de Casa de Galicia. En la audiencia el fiscal de Delitos Económicos le preguntó específicamente sobre cómo llegaba el dinero que daban los prestamistas. El contador respondió que en general “venían por banco”, aunque luego reconoció que recordaba “muy bien que existieron tres transacciones grandes en efectivo”.

“Una de ellas la recibió el presidente Iglesias en su domicilio en una caja de zapatos, la cual fue entregada por él mismo, y puede que la suma haya sido US$ 300.000. De allí se ingresó en tesorería” y, según el contador, “está todo listado y contabilizado para qué pagos se uso”. En los otros dos casos se trató de sumas menores que fueron dadas en las oficinas de los prestamistas ubicadas en la avenida 18 de Julio.

Otra trabajadora, que fue funcionaria de Casa de Galicia durante 30 años y que estuvo a cargo del departamento Contable, también alertó por desprolijidades en el manejo financiero que tenía la exmutualista.

“Existía una falta de información al departamento Contable para iniciar el balance, las conciliaciones bancarias no estaban al día, había muchísimos comprobantes que faltaban ser registrados”, afirmó la entonces jefa contable.

Por su función, el tesorero debía estar cerca del control y seguimiento de las operaciones que pretendiera hacer la mutualista. Sin embargo, según su relato ante el fiscal de diciembre pasado, en los hechos esto no ocurría.

El tesorero remarcó que Iglesias era quien “manejaba parte de la ingeniería financiera de Casa de Galicia”, siendo quien recibía grandes sumas de dinero en efectivo y controlaba cada cheque que se emitía.

Luego, el fiscal lo indagó sobre diversas operaciones y le preguntó cómo funcionaba en la práctica el análisis previo a tomar la decisión. Por ejemplo, al recurrir a los prestamistas privados. El tesorero relató que en la directiva se aprobaba recurrir al financiamiento, pero no se sabía por qué montos. Y agregó que era Iglesias quien los conseguía. “Para nosotros era una bendición porque seguíamos tirando”, sostuvo.

Fiscal: ¿Las ideas se discutían o simplemente respaldaban?

Tesorero: Nosotros respaldábamos.

Fiscal: ¿No había una votación?

Tesorero: Lo que pasa es que nosotros estábamos en el plan de ir detrás del líder.

Fiscal: ¿Pero nadie ejercía un rol de control?

Tesorero: No, porque lo apoyábamos.

El cuarto punto de la denuncia presentada por el MSP se refiere a la adquisición de una clínica de los doctores Leborgne, una operación que según el MSP fue por US$ 3,5 millones, y que se hizo sin tasaciones previas del equipamiento ni de la marca en cuestión.

Varios de los testigos fueron consultados por este negocio. Entre ellos quien fuera el tesorero entre 2018 y 2021. “Vino un día Iglesias que tenía algo que nos iba a hacer despegar y era la compra de la clínica Leborgne”, declaró el entonces tesorero al fiscal Rodríguez.

Allí indicó que “los Leborgne no vinieron a golpear a Casa de Galicia para vender la clínica” sino que todo lo “tramitó Iglesias que era el que tenía vínculos”.

Al ser consultado por el fiscal sobre si se controlaba la viabilidad del negocio o si se había analizado la compra teniendo en cuenta los números deficitarios de Casa de Galicia, el tesorero dijo que no.

“Nosotros veníamos con proyecciones para adelante. Estábamos comprando la clínica Leborgne que se nos decía que íbamos a ser los uno”.

El fiscal le preguntó quién decía eso. “El presidente”, le respondió el tesorero y agregó sobre Iglesias: “Era la persona que ponía el pienso y lideraba”.

Y por último resaltó que “era importantísimo” para Casa de Galicia “cómo lo posicionaba” Iglesias.

El próximo miércoles el Frente Amplio interpelará a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por el cierre de Casa de Galicia.

La fuerza opositora ha cuestionado la ley que determinó cómo sería el reparto de los usuarios y funcionarios de la exmutualista hacia otros prestadores de salud. En particular, hacia el Círculo Católico, donde previamente trabajaba el hoy presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

La instancia parlamentaria será en la Cámara de Representantes y la miembro interpelante será la diputada frentista Cecilia Cairo.