Redacción El País
La jueza de Familia de séptimo turno, Lillián Elhorriburu, dictaminó el 29 de mayo el cese de las medidas cautelares impuestas al diputado frenteamplista Gustavo Olmos, quien fuera denunciado en noviembre por su suplente en la cámara, Martina Casás, por acoso laboral y sexual. El 12 de diciembre, la magistrada había prohibido al legislador comunicarse con ella y acercarse a menos de 100 metros, restricciones que rigieron hasta el 6 de junio. Tras el dictamen judicial que puso fin a estas restricciones, Casás anunció a El País apelaría el fallo porque pretende que la distancia y la incomunicación se mantengan hasta noviembre, para evitar encontrárselo en actos de campaña del Frente Amplio. Sin embargo, el plazo para apelar caducó en las últimas horas sin que la denunciante presentara dicho recurso.

“Al final, como las medidas se cumplieron y en general es muy difícil que se extiendan, no vamos a apelar el fallo”, explicó ayer Casás a El País. Su abogado, Juan Raúl Williman, solicitó en la última audiencia extender las prohibiciones, lo que fue desestimado por la jueza.

Más allá de que cambiaron de opinión sobre la pertinencia de apelar, Casás aclaró: “Lo que sí vamos a tener presente es que ante cualquier contacto o cualquier acercamiento en estos días, sí volveríamos a pedir las medidas cautelares, pero por el momento no vamos a apelar el fallo”.

La investigación de Fiscalía y la demanda laboral siguen su curso por vías paralelas. “En general es difícil que se extiendan las medidas (cautelares), entonces nos parece un esfuerzo innecesario. Vamos a seguir enfocándonos en Fiscalía y el juicio laboral, así concentramos las energías ahí”, agregó Casás.

Estefania Leal/Archivo El Pais