Por Fabián Cambiaso
El lunes que viene el Frente Amplio llevará a cabo tres reuniones distintas con una misma premisa. El Secretariado Ejecutivo, la Mesa Política Nacional y la bancada de senadores se encontrarán ese día con un objetivo preciso: determinar acciones políticas y parlamentarias en torno a la última novedad del caso relacionadoal exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que impactó de lleno en la Torre Ejecutiva.

La Diaria publicó este miércoles el contenido de uno de los chats que integra la carpeta de investigación fiscal, que indica que Astesiano habría utilizado el sistema de seguridad y vigilancia del Estado para realizarse un "seguimiento" los pasos que dio que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, momentos antes de chocar con su autoen la zona de Punta Carretas el 4 de febrero de 2022, mientras estaba alcoholizado y por lo que debió después cumplir con trabajos comunitarios por resolución judicial.

Según lo afirmado allí, el excustodio recibía información al instante sobre el procedimiento policial, que aparece compartiendo con Nicolás Martínez, el secretario personal del presidente Luis Lacalle Pou.

"¿Eso fue ahora? ¿Chocó este? ¿Mamado?", preguntó Martínez. "Sí, ahora, estoy que le hagan espirometría ya", contestó Astesiano. "Estoy con todo eso ahora. Y ya estoy pidiendo resultado de espirometría", le informó luego, por mensaje de audio y acotó unos minutos después: "Nico, 1,53 (gramos de alcohol en sangre) le está dando la espirometría. Ahora dispuso el Jefe de Policía que vaya el coordinador hasta ahí y el jefe de Zona. 1,53 la espirometría", insistió.

Astesiano le mandó también algunas imágenes del operativo y resultado de la espirometría. "Está en el horno", escribió Martínez. "Ahora Nico llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este hijo de puta", respondió Astesiano según los audios publicados por el matutino. Martínez nunca contestó a esta afirmación.

En la mira del Frente Amplio aparece una interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como responsable político de la situación. Con todo y más allá de las consecuencias parlamentarias que se puedan pedir, en la oposición se apunta a la responsabilidad directa de Luis Lacalle Pou, al afectar esta vez a funcionarios de su entorno directo. "Sin lugar a dudas el presidente debe dar una explicación, no se puede quedar callado", reclamó el senador Charles Carrera.

En diálogo con El País Carrera sostuvo que el tema es muy preocupante. “Es de una gravedad extrema que se se pesquise y se persiga a representantes de la oposición y militantes sociales con infraestructura que debería estar al servicio de la seguridad de los uruguayos”, advirtió. "Esto daña a la democracia y a la institucionalidad republicana".

Carrera sostuvo que la responsabilidad de Heber está dada desde el momento en que lo afirmado por Astesiano en el chat con Martínez demuestra que el ministro mintió cuando, en la interpelación a la que fue sometido el pasado 12 de octubre sobre el tema, dijo que Astesiano no una era una persona relevante. "Quedó demostrado que era una persona de mucho poder" dijo Carrera, basado en las afirmaciones del excustodio presidencial. "Dispuso operativos, decidió la realización de una espirometría e intercambió imágenes reservadas de videovigilancia", alertó.

El senador frenteamplista optó por detenerse en el "mensaje" que se percibe, desde el gobierno, en contenido de los chats recientemente divulgados. "Preocupa que el odio al movimiento social y a la oposición que allí se transmite", dijo. "Los ciega su odio y les parece que no tienen límites", apuntó.

En la misma línea se expresó su correligionario Eduardo Brenta, para quien los audios conocidos en las últimas horas exigen un pronunciamiento de Lacalle Pou. El senador frenteamplista reclamó que el mandatario aclare si habilitó esa "pesquisa" y, sobre todo, si sabía "quién era" el jefe de su custodia presidencial. "Es urgente que el gobierno aclare seriamente y no por mandaderos", pidió. La aclaración, insistió, debe venir del propio Lacalle Pou. "Es lo menos que nos merecemos los uruguayos", agregó Brenta que advirtió que, de lo contrario, el presidente "se expone a perder la poca credibilidad que le queda".

Brenta sostuvo que la situación se agrava si se confirma el contendido de otro chat, en el que Astesiano aparece citando una supuesta charla que tuvo con Lacalle Pou en la que se confirma que el presidente estaba al tanto de sus antecedentes. "Cuando yo entré, él andaba con al ficha mía", dijo el excustodio, según el audio difundido también por La Diraia. "Fue y se la llevó a Nicolas Martínez". Astesiano continuó su relato: "el presidente agarró y le dijo: 'mire, a mí no me venga a hablar del Fibra, yo sé todo del Fibra. Sé lo que hizo para darle de comer a la familia. Del Fibra sé todo, cuidó a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hijos. Del Fibra no me venga a hablar".

Según Astesiano, Lacalle no tuvo en cuenta las advertencias de esa persona porque "vio que era una traidor", ya que "un tipo que va a hablar sobre nosotros, que va a investigarnos a nosotros mismos, es un traidor". Así lo indicó en el audio que dio a conocer el matutino.

Sobre esto, el senador frenteamplista sostuvo que, de ser cierta esta versión, cae por tierra lo afirmado por Lacalle Pou en setiembre del año pasado respecto a que no estaba al tanto de los antecedentes de su custodio. "Debe haber una salida rápida del presidente echando claridad a este asunto" pidió Brenta, al advertir que se comienza a instalar una situación de "descreimiento absoluto" hacia las afirmaciones del presidente.

Por su parte, el senador socialista José Nunes reparó en el hecho de que Astesiano no tenía competencia ni necesidad de realizar una "investigación" sobre los incidentes que involucraron a Abdala. La pregunta a responder entonces, dijo, es quién le facilitó esa información desde la Policía. "Allí hay una falta grave de las autoridades policías que le brindaron esa información", reparó. Nunes sostuvo que, si esto se comprueba, existe una clara responsabilidad política de las máximas autoridades del Ministerio del Interior. Nunes coincidió en que Lacalle Pou debería aclarar personalmente toda esta situación

El artículo 22 de la Constitución. Allí se establece que "todo juicio criminal empezará por acusación de parte o acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas". También el artículo 287 del Código Penal, que reza: "el funcionario público que, con abuso de funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión".