POLÉMICA AL ROJO VIVO

JOAQUÍN SILVA

En la coalición de gobierno, pero sobre todo entre senadores del Partido Nacional, se quedaron ayer con la sensación de haber “conseguido un empate” en lo que era “un partido difícil”. Así lo señalaron varios a El País en el marco del llamado a sala al ministro Luis Alberto Heber.

Es decir, a priori, en el oficialismo predominaba la convicción de que toda la polémica generada por la imputación con prisión del exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano -por integrar un grupo criminal que falsificaba pasaportes a rusos, y quien además tenía una treintena de anotaciones policiales y un antecedente por estafa de 2013-, solo podía terminar con un debate parlamentario frontal con el Frente Amplio en el que concluiría con una derrota política -aunque no hubiera consecuencias más allá de eso.

Pero la estrategia seguida por Heber y la delegación de Presidencia -compuesta por el prosecretario Rodrigo Ferrés y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé-, que implicó poner la lupa en irregularidades en esta materia en las administraciones frenteamplistas, generó información nueva. Y esto llevó a que la oposición se quedara “sin nada más que decir” ya a mitad de la sesión, según dijo a El País un legislador oficialista.

Desde el otro lado, no obstante, la sensación fue positiva, porque el tono empleado por el miembro convocante, el senador Alejandro Sánchez, fue duro y al hueso. Fue algo que, por otra parte, marcó una diferencia con la interpelación llevada adelante el 22 de agosto por el senador Mario Bergara por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, y que en aquel caso había dejado en la bancada “gusto a poco”.

Sánchez no tuvo muchos pruritos para pedirle a Heber que diera “un paso al costado”, o decirle a Ferrés que mentía sobre el verdadero cargo que tenía Astesiano (ver recuadro). Dijo varias veces que se montó “un esquema de corrupción” desde “el piso 4 de la Torre Ejecutiva” y que el gobierno “le abrió las puertas de par en par al crimen organizado”. Y declaró que todo este episodio fue, también, “la mayor crisis de legitimidad de la historia de la Presidencia”. Varias veces insistió en cómo podía ser que Lacalle no fuera informado del antecedente penal de Astesiano, cuando consultó sobre eso mismo en 2020 y 2021 al Ministerio del Interior. “¿Están asumiendo la gravedad de esta desidia?”, se preguntó en más de una ocasión.

Sánchez hizo notar al ministro que le gritaba cuando exponía sus explicaciones. Heber decía que no, que en realidad hablaba fuerte. Como sea, en ese tono alto fue que el jerarca afirmó en la primera respuesta a Sánchez que el gobierno diría “toda la verdad”, y le pidió al senador que anotara, pues eso quería decir que repasaría algunos antecedentes de las gestiones de los expresidente Tabaré Vázquez y José Mujica.

Y entonces contó que en todos los casos hubo custodios con antecedentes penales. Por ejemplo, mencionó al jefe de la custodia de Vázquez -en ambos períodos (2005-2010 y 2015-2020)-, José Fabra, que poseía antecedentes judiciales por haber sido procesado sin prisión en el año 2000 por uso y retención ilícita de armas.

Los casos siguieron uno a uno hasta llenar una nómina de 12 personas (cinco con Mujica y siete con Vázquez), información que se completó al citar una carta enviada en 2013 por Presidencia al Ministerio del Interior para advertir sobre un reclamo que hacía entonces Alexey Silvavei -imputado como integrante de la banda de falsificadores que integraba Astesiano- para que le otorgaran un pasaporte uruguayo, trámite que estaba, supuestamente, demorado.

Heber dijo que eso era indicio suficiente como para sospechar que el grupo criminal no comenzó la operativa con este gobierno sino 10 años antes. “Ahí es cuando empieza”, remarcó. “¿Hay que decir toda la verdad, no? ¿No pedía el señor senador toda la verdad?”, preguntó, irónico, Heber, quien más adelante subió el tono de su voz otra vez hasta generar intercambios con la bancada de la oposición que motivó la intervención de la vicepresidenta Beatriz Argimón. “¡No estamos dispuestos a admitir que se quiera enchastrar al presidente de la República porque nosotros no lo hacemos! Porque esto podría vincular al presidente Mujica y nosotros no lo hacemos. Decimos qué es lo que no hacemos, pero en el 2013 empezó (...). ¿No querían toda la verdad?”, volvió a preguntar Heber.

Luego hubo espacio para que tanto Ferrés como Heber hicieran diferentes precisiones sobre todo lo relatado sobre este tema en los últimos días en los medios de comunicación, y entonces comenzó el espacio de intervenciones de los legisladores, pero ya para entonces todos sabían que no habría elementos nuevos a ser contados, salvo el convencimiento de varios senadores de la coalición sobre la necesidad de reforzar el sistema y el marco legal para evitar situaciones similares en el futuro y más falsificaciones de pasaportes uruguayos.

Pero antes de esa etapa hubo una nueva respuesta de Sánchez, que al tomar la palabra subrayó que lamentaba que “la delegación del gobierno haya utilizado casi el 60% de su tiempo para hablar del pasado y no para hablar de su gestión”; y que eso era “recurrente” y parte de la “lógica” discursiva de este oficialismo. “Eso es sistemático. Ya estamos acostumbrados: se les pregunta por algo que hacen ellos y contestan que la culpa es del Frente Amplio; se les pregunta por quién designa el presidente de la República y la culpa es de Mujica”, dijo Sánchez, que, en el mismo énfasis teatral de Heber acusó a la delegación del Ejecutivo de “mala leche” (expresión que el ministro había usado antes) y a todo el gobierno de informar “mal” al presidente, a quien “lo dejaron solo” desde la primera conferencia que dio sobre este tema el 26 de setiembre.

Uno de los momentos más ríspidos de la sesión se dio a partir de que el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, negara que Alejandro Astesiano fuera el jefe de la seguridad presidencial, algo que mereció la acusación del senador convocante, Alejandro Sánchez, de que estaba mintiendo.

“Le mienten al Parlamento en la cara (...) Tengo una nota de Astesiano con sello de seguridad de Presidencia”, aseguró el legislador del MPP, que, citó un documento firmado por el propio Astesiano. Se trata de una notificación del 2 de mayo de 2021, que se encabezaba de esta forma: “Por intermedio de la oficina del Servicio de la Seguridad Presidencial, el jefe de Seguridad del Sr. Presidente de la República Sr. Alejandro Astesiano, dispone...”. Y a continuación instruía una sanción para un integrante del equipo de custodia, por 15 días. El documento, además de estar firmado por Astesiano, tenía el sello del organismo del cual el hoy imputado aseguraba ser parte y jerarca. Pero Sánchez mostró además otra resolución del Poder Ejecutivo por la que se le designó una de las tantas misiones oficiales a Astesiano, y allí figuraba que el hombre tenía el cargo del jefe de este servicio.

Lo que Ferrés argumentó fue que, por la regulación vigente, un civil no puede tener ese cargo, que debe ser ejercido por un oficial jefe o superior de la Policía Nacional; y añadió que el jefe del servicio de la seguridad presidencial es Ricardo Martínez.

Y que en todo caso toda resolución que señalara lo contrario debía de tratarse de “un error administrativo”.

Por otro lado, el oficialismo dio cuenta de la resolución del 6 de marzo por la cual fue designado el comisario mayor Martínez como jefe de Seguridad Presidencial, documento que lleva la firma del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Ferrés también recordó que este organismo fue creado por el Frente Amplio en 2006, y que vino a sustituir a la Casa Militar, el ámbito del cual dependía hasta ese año la seguridad del mandatario. Sobre esto último fueron varios los senadores del oficialismo que se mostraron ayer proclives a modificarlo. Lo que plantearon es volver a la regulación anterior y quitar de Presidencia la responsabilidad de su propia custodia.