El cimbronazo político y judicial que causó el descubrimiento de que más de un centenar de ciudadanos rusos tramitaban pasaportes uruguayos con documentación apócrifa y que en esa maniobra estaban involucrados gestores, un escribano, el exjefe de la custodia presidencial y funcionarios diplomáticos, encendió las alertas a varios niveles.

Y es que, de acuerdo a los expedientes que entregaron a la Justicia funcionarios de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) con al menos 60 denuncias, fueron más de 180 los pasaportes que se emitieron para rusos entre 2016 y 2022.

De ese total, menos de una decena corresponden a ciudadanos rusos que presentaron padres o abuelos uruguayos que eran reales. Apenas un 5%. El resto, iniciaron el trámite entregando partidas de nacimiento apócrifas donde se agregaban supuestos parentescos inexistentes, según relataron a El País fuentes judiciales vinculadas al caso.

La entonces fiscal del denominado caso Astesiano, Gabriela Fossati, solicitó el año anterior que la DNIC revisara uno por uno los pasaportes uruguayos otorgados a ciudadanos rusos para cotejar si la información familiar que brindaron era real o apócrifa.

Desde diciembre pasado funcionarios del organismo presentan informes a la Fiscalía detallando el proceso de cada trámite y las averiguaciones hechas para intentar dar con el paradero de los uruguayos que figuran como padres o abuelos.

Alrededor de 170 provinieron del consulado uruguayo en Moscú y llevan la firma de los excónsules Stéfano Di Conza -imputado en la causa- y Gustavo Piegas, formalizado. Hubo casos contados en que los pasaportes para ciudadanos rusos se tramitaron desde consulados de otros países. El informe que la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería presentó a la fiscal Fossati el año pasado indicaba que fueron solicitados “en Austria, tres; en México, dos; en Chile, uno; y en Palestina, uno”.

Durante meses los funcionarios de Identificación Civil intentaron dar con el paradero de los padres o abuelos declarados en la partida de nacimiento. Parte de ellos estaban fallecidos lo que implicó que se buscara contactar a posibles parientes como tíos o sobrinos de esas personas a quienes se les consultaba si conocían al ruso que había tramitado el pasaporte o si era posible que su familiar haya tenido algún tipo de contacto con Rusia.

Un patrón que se identificó, de acuerdo a lo que consta en el expediente, es que se usaban nombres de personas fallecidas que vivían en la colonia rusa de San Javier.

En algunos casos, de hecho, los funcionarios que revisaron la documentación con que habían sido tramitados los pasaportes constataron que un mismo familiar -padre o abuelo uruguayo- era presentado como el vínculo para distintos ciudadanos rusos.

En una de estas situaciones revisadas, según relataron las fuentes, la respuesta que los funcionarios dieron a Fiscalía fue que con la misma identidad de una señora uruguaya se accedió a un pasaporte para su nieto ruso -algo legal-, pero luego figura como el vínculo familiar de otros cuatro ciudadanos rusos que no tenían ninguna relación.

Hubo dos mecanismos por los cuales se tramitaban los pasaportes. En ambos se amparaban en las leyes 16.021 y 19.362 -que permiten a hijos y a nietos de uruguayos acceder a cédula y pasaporte- tramitaban los documentos. Desde el consulado uruguayo en Moscú, donde actuaban Di Conza, Piegas y otros diplomáticos, no era necesario inscribir la partida de nacimiento en la sección de Extranjeros del Registro Civil, lo que implicaba un paso menos en el trámite.

Desde Uruguay, donde actuaban el gestor ruso, el escribano y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, sí se debe cumplir con la inscripción, un trámite que habitualmente demoraba unos dos meses.

La Fiscalía, hasta el momento, no ha encontrado una vinculación directa que refleje una organización entre lo que se hacía en el consulado en Moscú y lo hecho por la organización que integraba Astesiano en el país. En algunos momentos ambos delitos coexistieron en tiempo y espacio.

En la indagatoria al gestor, Fossati supo que muchos rusos llegaban a Uruguay portando el pasaporte uruguayo emitido en el consulado en forma irregular y luego buscaban tramitar la cédula de identidad que figuraba en dicho documento.

Sin embargo, sí se continúa indagando sobre los vínculos y responsabilidades que tenían otros actores en la sede diplomática en Rusia. Según la investigación fiscal, dentro del consulado operaba una pareja integrante de la red -tenía en la sede diplomática su propia oficina- y actuaban en connivencia con uno de los cónsules formalizados.

Según supo El País, la pareja se encargaba de tramitar los documentos uruguayos, cobraban una cifra que rondaba los US$ 50.000 y luego repartían entre los funcionarios de la sede. Un imputado que declaró ante Fossati señaló en la Fiscalía que hasta el chofer y la trabajadora que sacaba las fotocopias recibían su “parte”.

También trascendió que, en alguna ocasión, millonarios rusos llegaron a pagar hasta US$ 100.000 por cada pasaporte uruguayo para que sus hijos pudieran escapar del servicio militar obligatorio y evitar así ser destinados a luchar en Ucrania.