Redacción El País
“Si se mezcla lo judicial con lo político, habrá una crisis institucional. Hay que trabajar sobre esto o van a terminar presos desde el presidente de la República, que no tiene fueros, para abajo”. Así lo sentenció el candidato a la Intendencia de Soriano, Guillermo Besozzi, imputado por siete delitos. Pero no es el único que acusó un vínculo entre la Fiscalía y el Frente Amplio, es más, es una de las principales tesis que repiten los dirigentes del Partido Nacional.
El propio Directorio del Partido Nacional el lunes —poco más de tres días después de la formalización de Besozzi— marcó su “preocupación por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad en los procedimientos”. Al mismo tiempo, marcó la “confianza en el Poder Judicial y sus pronunciamientos cuando son definitivos, en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear”.
Desde que se dio la imputación el jueves a la noche, varios dirigentes del Partido Nacional han hecho público su respaldo a Besozzi. Pero sabían que, tarde o temprano, iban a tener que tratar su imputación en la orgánica de su fuerza política. Esa instancia se dio el lunes a la mañana, cuando se reunió la comisión de Asuntos Políticos, a la que sus integrantes llegaron sin un borrador sobre la declaración que iban a realizar.
De la reunión de la comisión —donde algunos quisieron que el Partido Nacional realice una declaración más fuerte pero se tomó la decisión de medir las palabras— se elaboró un documento que, minutos después, se consideró en el Directorio. En una sesión breve, donde se ajustaron palabras, se votó por unanimidad lo que minutos después comunicó su presidenta, Macarena Rubio: el respaldo a la trayectoria personal y pública del imputado —“a quien le asiste el estado de inocencia”— y el respaldo pleno a su candidatura a la Intendencia de Soriano.
Pero eso no es todo: Rubio aseguró que, aunque el partido “siempre” tiene “autocrítica”, hay “cosas muy sacadas de contexto” de lo “poco” que han “podido saber de las escuchas” en las intervenciones del teléfono de Besozzi. Ante la consulta de si la declaración del partido se puede tomar como una presión a la fiscal, respondió: “De ninguna manera. Nos pronunciamos como partido político, siempre alertas del principio de separación de poderes. Reiteramos: confiamos en el Poder Judicial pero hay ciertos hechos por los que nuestros compañeros ya han manifestado la preocupación”.
Ante las críticas y cuestionamientos de los nacionalistas, el Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierda manifestó su “preocupación” porque se le atribuye al trabajo de la Fiscalía “irresponsablemente intencionalidades políticas para favorecer al Frente Amplio”. Al mismo tiempo, se rechazó el “ataque furibundo hacia el sistema de Justicia que se viene realizando sistemáticamente desde que se hizo pública la formalización” de Besozzi, “lo que no es nuevo en algunos actores”.

Los ataques y las defensas.
Uno de los tantos nacionalistas que se pronunció en defensa de Besozzi —al mismo tiempo que apuntó contra la fiscal— es el senador Sebasitán Da Silva. En especial se refirió a capturas de pantalla de presuntas publicaciones en la cuenta de Facebook de la fiscal que circularon entre los blancos, en las que critica al Partido Nacional. A la tarde, Alciaturi —después de las declaraciones del legislador— se dio de baja en la red social.
Da Silva indicó que no cuestiona la “afiliación política” de la fiscal pero que su “huella digital demuestra un enorme antiblanquismo”. En ese sentido, continuó: “Todo el sistema político tiene que asumir que estamos frente a una discusión absolutamente hipócrita. Todos gestionamos y tratamos de escuchar las demandas de la gente. Mire, si (Besozzi) está con una tobillera, yo debería estar con dos porque en la sequía, que fue grande, no dejé una escuela rural sin pedirle que abriera las porteras para que el ganado pudiera tomar agua en los bebederos”.
El senador, además de decirle “antiblanca” a la fiscal, opinó que es una “atrevida” que “no tiene la ecuanimidad para juzgar a gente del Partido Nacional porque anteriormente ha dicho cualquier cosa”. Y remató: "En la Fiscalía hubo una orden expresa o tácita de darnos con un caño”.
Por otra parte, el diputado blanco Rodrigo Goñi condenó el “atropello en el accionar del fiscal”, y apuntó contra el prosecretario de Presidencia: “No vamos a permitir que desde el Poder Ejecutivo, y sabemos de quién estamos hablando, de Jorge Díaz, que se intente direccionar la designación del nuevo fiscal de Corte. Ante un nuevo atropello que atenta contra las bases del estado de derecho, el Parlamento no puede estar ausente”.
Por su parte, el senador Martín Lema contó que el sábado habló con Besozzi y lo encontró “absolutamente convencido de que se va a probar su inocencia".
A la noche, se pronunció el presidente Yamandú Orsi, en una ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo, sobre las acusaciones a Díaz: "Cada cual se hace cargo de lo que dice y piensa". Y añadió: "El poder político no se puede meter en organismos que dictan Justicia. Hay que dejar actuar a la Fiscalía y al Poder Judicial (de manera) libre y con independencia técnica”.
Minutos antes habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien sostuvo que es “Narnia” pensar que su partido “puede controlar a la Fiscalía", y defendió a Díaz: “No tiene nada que ver. Es un disparate colocarlo como que tiene incidencia en Fiscalía, es como colocarme una incidencia del movimiento sindical del cual participé”.
Al mismo tiempo que habló Pereira, la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay se defendió de las acusaciones. En su sede, en un apartamento en el Centro de Montevideo, el presidente del gremio, Willian Rosa, señaló que es “inadmisible y reprobable que, cada vez que se investiga el poder, surgen ataques sistemáticos a nivel personal e institucional con acusaciones carentes de evidencias”. En ese sentido, indicó que “estas acciones” buscan “dar un mensaje a todos los fiscales diciéndoles 'cuidado con lo que hacen' en investigaciones de corrupción pública”.
Rosa apuntó, además, que el “nivel de agresión desplegado no solo afecta a la institución Fiscalía sino que socava la imagen que esta y todo el sistema de Justicia tiene, garantía, en última instancia, del sistema republicano” que “orgullo” defienden.
A raíz de las acusaciones que recibieron en el marco del caso de Besozzi, ampliarán la denuncia que presentaron en julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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