Ocho peritos convocados especialmente ante la comisión investigadora del Parlamento que trabaja en el llamado caso Carrera coincidieron en que no existen elementos de prueba que permitan asegurar, de manera concluyente, que la bala que dejó paralítico a Víctor Hernández, un civil que residía en La Paloma y que luego recibió atención gratuita en el Hospital Policial, salió de la casa en que la que vivía el entonces subcomisario de esa localidad, Marcos Martínez.

El tema viene siendo analizado por una comisión que indaga específicamente sobre las "presuntas irregularidades" ocurridas en la Dirección General del Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, cuando esa oficina fue dirigida por el actual senador frenteamplista Charles Carrera.

El autor de la denuncia que dio origen a la investigación fue el senador nacionalista Jorge Gandini, que en diálogo con El País señaló que todos los técnicos se mostraron de acuerdo un un aspecto: faltan pruebas fundamentales para llegar a un resultado fidedigno, lo que echaría por tierra la tesis que de manera oficial siempre se sostuvo sobre el asunto.

Por un lado, los técnicos marcaron ante los legisladores la ausencia de la bala, que nunca pudo extraerse del cuerpo de Hernández, y que en las pruebas que se le realizaron aparece aplastada y fragmentada. Por lo tanto, nunca pudo determinarse su calibre. Tampoco nunca se pudo identificar el arma con la que se disparó la bala que hirió a Hernández, así como tampoco se pudo ubicar ninguna vaina en la escena del hecho.

Lo único que se pudo determinar, señalaron los técnicos ante la comisión, fue la posición en que estaba ubicada la víctima a la hora de recibir el disparo. Posición que se basó en el testimonio que aportó el propio Hernández para definir una posible trayectoria que pudo haber recorrido el proyectil.

Siete de los especialistas integraban el equipo del Ministerio del Interior que realizaron la pericia original. Entre ellos estaba Jorge Rodríguez Aguilar que, según Gandini, aseguró haber recibido "presiones" por parte de las entonces autoridades del Ministerio del Interior para que "diera un informe diferente" al que fue presentado. En concreto, señaló por esas presiones a la directora de Asuntos Internos, Stella González, con quien dijo haber tenido una "reunión muy dura" por el tema. Rodríguez Aguilar se retiró poco después de ese hecho.

El octavo en comparecer ante la comisión fue el perito que realizó un informe a cargo de la familia Hernández, tras el resultado de la prueba original. Se trata de Washington Curbelo, que realizó el estudio sin concurrir al lugar y basado en los datos que les fueron proporcionados por la víctima y su familia. Basándose en esos datos, el experto había determinado que la bala sí había salido de la casa del policía, un resultado que fue cuestionado por la defensa de Martínez, al alegar que Curbelo nunca se constituyó en el lugar y que desconocía la topografía y la escena.

Por lo tanto, señaló Gandini, todo se basa en conjeturas. Por otra parte, la comisión recibió los resultados de una tercera pericia, realizada el año pasado a pedido de un planteo que la familia de la víctima efectuó ante la Justicia de Rocha. Realizada con una docena de armas de distinto calibre, tampoco tuvo un resultado concluyente.

"Nadie pudo confirmar nada" reflexionó Gandini, para luego hacerte una pregunta, que es lo que procurará resolver la comisión: por qué Carrera siempre mantuvo sin lugar a dudas que la bala que dejó a Víctor Hernández fue disparada efectivamente desde la casa de Martínez. Una postura que, recordó, su colega ratificó siendo senador. Gandini remarcó que lo afirmado por los peritos contrasta en forma radical con la versión del legislador frenteamplista.

Gandini aventuró que, tal vez, esa afirmación le sirvió a Carrera para justificar su "solidaridad" hacia Hernández, que se tradujo en su internación al margen de la normativa en el Hospital Policial por casi tres años y el pago de tickets de alimentación por un total de $ 940 mil a lo largo del período que recibió la ayuda.

El próximo lunes la comisión tendrá según lo previsto otra instancia clave. Para ese día está convocado Leonardo Anzalone, que dirigía el Hospital Policial en la época en que Hernández y su hermano fueron ingresados.

La consulta que se le hará pasa por un elemento central: por qué terminó aceptando su ingreso, cuando al tratarse de civiles no podrían haberse atendido allí. Un proceso que las mismas autoridades reconocieron que "no fue conforme a derecho".

En un audio en poder de la comisión que revela una conversación que Carrera y González mantuvieron con la madre y el hermano de la víctima, la entonces directora de Asuntos Internos admitió que Anzalone se había mostrado "reacio" al ingreso, aunque luego terminó avalando el pedido.