Por Fabián Cambiaso
Este lunes retomó sus actuaciones la comisión investigadora que, en el Senado, indaga sobre presuntas irregularidades en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017 y que tiene en la mira a su entonces titular, el actual senador frenteamplista Charles Carrera, en torno lo sucedido con Víctor Hernández, un civil que residía en La Paloma y que terminó paralítico en un confuso incidente que sigue sin aclararse hasta hoy. Una causa por la que pasaron nueve fiscales, siete jueces y que, desde el punto de vista penal, quedará impune debido a que los plazos de prescripción ya se cumplieron.

El objetivo de los senadores de la coalición es saber qué pasó aquel 11 de noviembre de 2012. Esa noche, la víctima se encontraba en su vivienda cuando fue herido por una bala que lo dejó paralítico y confinado a una silla de ruedas. Esa bala, según denunció, partió de una casa situada a pocos metros, en la que se desarrollaba una fiesta de la que participaban policías.

La investigación parlamentaria gira en torno a la ayuda que, luego de ese hecho, Hernández pasó a percibir por parte del Ministerio del Interior. Esta constó en la internación en el Hospital Policial -para lo que se lo hizo pasar como suboficial ayudante- y el otorgamiento de tickets de alimentación por $ 22 mil mensuales. La ayuda, que fue otorgada al margen de la reglamentación, se extendió hasta 2017.

Ante la comisión -de la que el Frente Amplio rechazó participar bajo el argumento de que constituye una acción de “persecución política contra Carrera”- se presentó este lunes el comisario Marcos Martínez, quien estaba a cargo de la seccional 11 de La Paloma en los días en que sucedieron los hechos. Se trata de la persona que fue señalada como uno de los principales responsables de lo que le sucedió a Hernández.

Según declaró ante los legisladores, la noche del fatídico incidente Martínez se encontraba en su casa -ubicada frente a la de Hernández- celebrando su cumpleaños con otras 14 personas, solo tres de ellas policías. Dijo que la reunión comenzó a las 21:30 y que todo iba bien hasta que, a la 1:30 de la madrugada, recibió un llamado del encargado de la seccional, que le informó que a la policlínica había ingresado Hernández, herido de bala. Martínez y sus compañeros pasaban a estar en ese momento indagados. El policía fue consultado por un personaje considerado clave: Victorio Forapagliero, a quien Hernández acusó a fines del año pasado ante la misma comisión de haber sido el autor del disparo que lo dejó paralítico.

Para Martínez se trata de una “teoría” que quiso imponer Hernández, que también la planteó a nivel judicial, pero que resulta falsa. Según el policía, Forapagliero estuvo solo unos minutos en su casa y se retiró sobre las 22:30, bastante antes de que Hernández denunciara haber sido herido. Forapagliero terminó denunciando penalmente a la víctima y a su abogado.

“Creo que las versiones surgen en base a un interés del señor Hernández para que el hecho se investigue, pero partiendo de premisas y falacias que lo que hacen es embarrar la cancha”, dijo Martínez. Allí recordó que las víctimas y su familia primero dijeron desconocer de dónde provino el disparo. “Lo dice su esposa, que era la persona que estaba con él en ese momento”, señaló.

Ante los legisladores Martínez negó incluso que alguien en su casa escuchara esa noche un disparo. Solo uno de sus amigos, precisó, percibió un ruido fuerte “similar a un cuete”. Contó que salieron a la puerta, miraron al frente y no vieron nada. “Lo único que ven es que desde la casa en la que vivía Hernández apagaban la luz”, dijo. El supuesto disparo tampoco pudo ser escuchado por el policía que estaba en esos momentos a cargo de la seccional, a 50 metros.

El abogado de Martínez, Ángel Sosa, aportó más elementos que cuestionan la versión de Hernández. Sobre todo en la hora en que quedó registrada la llamada por auxilio al ser herido. La única llamada fue efectuada, dice, a las 00:53 por la esposa de Hernández, veinte minutos después de lo que afirma la víctima. La “ambulancia” que llegó a auxiliar a Hernández, agregó, no tenía sirena ni giroscopios funcionando, por lo que se trató de un “vehículo común que llegó sin que nadie pudiese escuchar nada”. Por otra parte, siguió el abogado, la denuncia en la seccional no la realiza ningún familiar de Hernández sino el médico que lo atendió en la policlínica, a la 01:20 de la madrugada.

Martínez, en tanto, insistió: “Todos los elementos coinciden en que el disparo no vino de mi casa”. Al respecto citó una pericia realizada por peritos de la Policía Científica. Ante esto, el senador blanco Jorge Gandini recordó lo que siempre expresó Carrera: la bala salió de la casa de Martínez.

Ante la comisión Martínez también se expresó sobre la misteriosa desaparición de un rifle calibre 22 de la seccional que comandaba, que según un segundo expediente del caso coincidiría con la bala que hirió a Víctor Hernández. “Eso no es verdad”, señaló el comisario. “No se ha podido determinar hasta hoy el calibre de la munición que tiene el señor Hernández en el cuerpo”, expresó.

Martínez resultó sancionado por la desaparición de ese rifle. Tampoco se encontró el arma que hirió a Hernández.

Sosa apeló a un elemento que los legisladores desconocían y está relacionado con la prueba por la que el caso tomó estado público: el audio, difundido el año pasado por Canal 4, que relevó un diálogo entre Carrera y el hermano de Hernández. “Cualquiera que escuche esa grabación puede entender que ahí había otro tipo de delitos, que nunca se investigaron”, apuntó. Y dijo que Martínez resolvió presentar una denuncia penal. Según dijo, allí aparece todo lo relacionado con la prestación económica otorgada a Hernández, cuándo se hizo y quién la firmó. Según Sosa, Hernández comenzó a percibir el dinero por parte del ministerio aún antes de ser ingresado en el Hospital Policial.

“El audio completo es totalmente distinto al que reprodujo el medio de prensa” apuntó Martínez, para agregar que su contenido ya era conocido por el ministerio desde el año 2016. La defensa del comisario accedió a ese documento como elemento probatorio presentado en la demanda civil entablada por el caso. Al respecto, Martínez dejó ante la comisión un pendrive con al grabación referida. “Tal vez al escuchar el audio detenidamente puedan encontrar algunas respuestas que varios actores han tratado de ocultar”, prometió su abogado.

En ese audio aparece Stella González, entonces directora de Asuntos Internos del ministerio, que luego sería denunciada por falso testimonio por haber declarado como testigo que nunca se había reunido con Hernández.

En el fondo, Martínez y su abogado señalaron que el Ministerio del Interior jamás desarrolló líneas de investigación sobre el asunto: nunca tuvieron otra hipótesis de trabajo que la versión de que la bala salió de la casa del comisario. Sosa marcó la “casualidad” de que la investigación fuera dirigida por la oficina liderada por González, que tuvo participación en la internación de Hernández en el hospital y en que se le dieron los apoyos económicos irregulares que se indagan. “Ellos reconocen en el audio que están actuando de forma ilegal”, recordó. “Quizás, lo que les servía era que el disparo hubiera venido de la casa del comisario”.

Al respecto, el senador Gandini recordó que González fue la misma que en su momento ordenó sacar los DVR de Cárcel Central para que dejaran de filmar “en la misma noche” que se escapó de allí el mafioso italiano Rocco Morabito. “Son personas que estamos mirando con atención”, dijo el senador.

La comisión cursará un escrito a la Fiscalía General de la Nación fundamentando su pedido de información luego que el ministerio público rechazara una solicitud en ese sentido por parte de la investigadora. Ese organismo señaló que la normativa le prohíbe proveer a terceros los datos que refieran a “cantidad de denuncias” que reciben o que involucren a personas en calidad de denunciantes, víctimas o indagados.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi rechazó esa respuesta, al recordar que se trata de un organismo desconcentrado y que, por lo tanto, tiene un nivel jerárquico inferior al del Parlamento. Su planteo fue apoyado por su colega Guillermo Domenech (Cabildo Abierto). “Entendemos que no puede obstaculizar la investigación que hace el Parlamento”, consideró.

La comisión citó para el lunes 20 a los peritos que participaron del análisis de balística en el caso. Una semana después será el turno de Leonardo Anzalone, que dirigía el Hospital Policial cuando Hernández fue ingresado.