Redacción El País
El caso del acuerdo portuario que el gobierno de Luis Lacalle Pou alcanzó a comienzos de 2021 con la empresa Katoen Natie para evitar un juicio millonario llegó esta semana finalmente a su fin, luego de dos años y medio de fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

La conclusión definitiva llegó con la decisión de la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, Silvia Porteiro, de archivar la indagatoria penal, tras prácticamente un año de trabajo. En noviembre del año pasado el caso ya había sido archivado por el fiscal Gilberto Rodríguez, pero la causa volvió a activarse a pedido del Frente Amplio, que presentó la primera denuncia penal en setiembre de 2021.

El Frente Amplio utilizó desde el primer momento, cuando motivaron una interpelación al entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, a mediados de agosto de 2021, los calificativos más pesados: han hablado de “entrega del puerto”, “pérdida de soberanía”, “abuso de funciones” y señalaron irregularidades de todo tipo, que hasta el momento no han podido ser verificadas por la Justicia.

Y así buscó el gobierno que quedara claro ayer al mediodía, en una conferencia de prensa que encabezó Heber, que estuvo acompañado por el resto de los indagados por el Ministerio Público en estos dos años de indagatoria: el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola; el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo; y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

Allí, Heber -que fue tal vez el mayor representante del oficialismo en este tema por su rol protagónico en el acuerdo con la empresa belga- leyó ante los periodistas los pasajes sustanciales del breve dictamen fiscal, y ratificó que él y los otros indagados fueron declarados “dos veces inocentes”, con lo cual -aseveró- “queda demostrado que se actuó bien en aquel momento” y que lo que se firmó con Katoen Natie -que extendió por 50 años la concesión de la terminal especializada en contenedores- fue “conveniente para el país”.

Y entonces apuntó al Frente Amplio, en especial a los dos senadores que promovieron esta denuncia: Charles Carrera y Mario Bergara.

“Esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor, que no fue mancillado porque no nos llevamos para la casa ninguna de estas acusaciones”, dijo Heber, quien renunció semanas atrás al Ministerio del Interior envuelto en otras acusaciones de la oposición, vinculadas en esa ocasión al también polémico caso Marset.

Heber sí hizo la salvedad de que un Tribunal de lo Contencioso Administrativo todavía analiza si ocurrieron irregularidades que puedan eventualmente llevar a la anulación del contrato.

Consultado acerca de la primera respuesta que dio Carrera a este archivo -dijo en su cuenta de X que la coalición de izquierda seguiría “denunciando este vergonzoso acuerdo que no solo es ilegal sino también inconveniente para la logística portuaria, la soberanía y el desarrollo del país”-, Heber contestó que el senador del Movimiento de Participación Popular “no tiene autoridad moral” para decir lo que dijo. “No cuenta su opinión para mí”, subrayó Heber.

En una carta abierta horas después de la conferencia, Charles profundizó en su posición, y recalcó que, pese a respetar el pronunciamiento de la Fiscalía, no lo compartía.

“Seguimos considerando que el acuerdo -negociado con total opacidad por el gobierno durante la pandemia- afecta nuestra soberanía y el desarrollo nacional. La entrega del puerto a una multinacional -un área estratégica del país- representa uno de los actos más vergonzosos en materia de cesión de soberanía de toda nuestra historia”, escribió Carrera, que insistió con la idea de que el acuerdo “rompe con una rica tradición” del país, en el sentido de buscar preservar la soberanía. “El enfrentamiento al atropello de las grandes corporaciones y a los poderosos es parte inherente de nuestra historia y de nuestra dignidad como país. Basta recordar la posición de nuestro país frente a las amenazas de juicios de la internacional Philips ’, entre otras”.

Asimismo, el legislador aseguró que la Fiscalía “confirma expresamente” las irregularidades que no son de tipo penal, y apuntó que en casos parecidos el Ministerio Público ha tomado otra determinación. “Resulta destacable -señaló siguiendo ese razonamiento- la existencia de un cambio de criterio de la Fiscalía al juzgar hechos similares, sobre todo, con la figura del ‘abuso de funciones’. La denuncia que se presentó contra el presidente de la ANP -Juan Curbelo- por haberse atribuido a sí mismo funciones del Directorio, refiere a hechos que fueron juzgados históricamente como delitos de abuso de funciones. Hoy -insistió-, ese criterio ha cambiado”.

Por último, subrayó que el FA no está solo; que lo acompaña “una decena de cámaras empresariales ligadas al sector exportador”. Y luego el senador opositor remarcó que seguirá “denunciando este vergonzoso acuerdo”.

De acuerdo al dictamen emitido por la fiscal penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, Silvia Porteiro, la denuncia presentada por el Frente Amplio debido a presuntas irregularidades en el acuerdo millonario con la empresa Katoen Natie, no tiene fundamento porque no se cometió ningún delito, “sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables” que al no tratarse de infracciones a la ley penal se dejaron de lado. “Estas -agregó la fiscal- no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer”.

Porteiro evaluó que, “luego de un meditado análisis de todas las evidencias integradas a la investigación”, arribó a las mismas conclusiones que el fiscal Gilberto Rodríguez, quien dispuso el primer archivo de la causa el año pasado.

“A nuestro juicio no corresponde el reproche penal pretendido”, señala en el dictamen, que indica que “la nueva evidencia” sumada por los senadores opositores cuando pidieron la reapertura del caso “no resultó en un aporte determinante”.

En definitiva, Porteiro entendió que “las decisiones adoptadas” para reorganizar la actividad portuaria, en el marco del acuerdo alcanzado con la firma belga, “pueden ser valoradas tanto desde el punto de vista de su acierto, mérito o conveniencia, en tanto las acciones llevadas a cabo por los denunciados podrán, eventualmente, ser pasibles de generar responsabilidad en el plano civil, administrativo, o dar lugar a responsabilidad política”, pero eso no significa que haya habido delitos. Es decir, a criterio de Porteiro, “no corresponde el reproche penal pretendido”.