Redacción El País
Por orden del canciller Mario Lubetkin, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una investigación administrativa, luego de que Fiscalía le solicitara a esta cartera información por la presunta destrucción de documentos relacionados con la emisión del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset.

"Ante la situación de no encontrar cierta documentación que nos estaba pidiendo el fiscal se opta por iniciar una investigación administrativa que ordena el canciller", explicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en diálogo con Informativo Sarandí, lo cual había sido informado en primera instancia por Búsqueda.

Csukasi aclaró que "el caso de cómo se le entregó el pasaporte a Marset ya fue objeto de una investigación administrativa que no encontró faltas dentro del proceder de acuerdo a lo que la reglamentación indicaba", en cambio, la investigación administrativa actual refiere a "documentos que deberían existir y que desaparecen".

En palabras de la vicecanciller, lo que la cartera buscará determinar es la trazabilidad de este documento ya que lo que se sabe hasta ahora es que se trata de un archivo "que debería ser parte de un expediente", que se extrajo y devolvió, pero que ahora no aparece.

Diferenció esta investigación interna con lo que lleva adelante la Fiscalía ya que entienden que "la vía administrativa no choca ni compite con la vía judicial". No obstante, manifestó que parte de su equipo de abogados están dispuestos a hablar de lo que pasó, pero que a estos "nadie les preguntó".

"Capaz que es una falta leve. Esto debería haber sido parte del expediente, mal hecho golpecito. Capaz que encontrás dolo, capaz que encontrás intencionalidad, capaz que encontrás que alguien lo hizo a propósito, pero para no juzgar dijimos abramos la investigación administrativa y que surja lo que tenga que surgir", resumió.

Leonardo Mainé. El País.

El fiscal Alejandro Machado busca determinar si el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, tuvo intención de ocultar el contenido de las conversaciones entre los entonces subsecretarios del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

Por otro lado, la investigación busca esclarecer si hubo destrucción de documentos y si estos hechos configuran un delito. Una vez recabada la información solicitada, la Fiscalía iniciará una etapa de interrogatorios para profundizar en la investigación.

El caso surge luego de que la exvicecanciller Carolina Ache denunciara que fue convocada a una reunión en la Torre Ejecutiva por Roberto Lafluf (exasesor presidencial) y allí se le pidió que borrara los mensajes que tenía con Guillermo Maciel (exnúmero dos de Interior) en los que él le advertía que Marset “era un narco peligroso”. A su vez, Ache dijo que Lafluf se hizo de un acta protocolizada por un escribano que documentaba los chats y la destruyó. Tras el archivo de la primera parte de la investigación, está previsto que este año haya varias instancias judiciales de relevancia para avanzar en el caso, como es la declaración de los involucrados. A su vez, el fiscal podría llegar a decidir si pide alguna imputación a la Justicia.