NARCOTRÁFICO

Las implicancias que generó el nombre de Sebastián Marset para el gobierno de Luis Lacalle Pou continúan causando problemas. Incluso, puede llevar a que los ministros de Interior y Relaciones Exteriores deban explicar lo sucedido siendo interpelados por la oposición.

Si el hecho de que se le haya entregado un pasaporte a un narcotraficante en setiembre de 2021 que luego se lo señaló como un posible responsable en el asesinato de un fiscal paraguayo no fuera suficiente, un nuevo dato terminó de complejizar su caso.

Al momento de que el Ministerio del Interior y Cancillería determinaran la entrega del pasaporte uruguayo a Marset, la Policía lo investigaba junto a la DEA norteamericana, informó ayer El Observador.

Para la oposición esta situación es directamente “un escándalo”, que llevaría a “a la renuncia de las autoridades en cualquier país del mundo”, dijo en diálogo con El País el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani.

“Es un escándalo que ya tiene ribetes internacionales, porque el presidente de Colombia tuiteó al respecto, hay una investigación que llevan adelante Paraguay, la DEA y la propia policía uruguaya”, dijo.

Al mencionar al presidente de Colombia, Caggiani se refirió a un tuit de Gustavo Petro de las últimas horas, en el que compartió un artículo que hablaba sobre Marset, y escribió: “La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”.

Caggiani también se preguntó si en la cartera de seguridad “nadie googleó” el nombre del delincuente uruguayo, cuando Policía Científica expidió el certificado de buena conducta solicitado por el narcotraficante para obtener el pasaporte uruguayo. Y en ese sentido, el legislador frenteamplista también se preguntó si ello no amerita “una investigación administrativa” para al menos identificar eventuales responsabilidades en la omisión.

Todo este tema, de cualquier manera, será abordado por la bancada de Senadores de la coalición de izquierda de mañana lunes.

Sin embargo, para las autoridades del gobierno toda lucubración sobre este tema es, al momento, análisis “sobre el diario del lunes”. Porque, según entienden, en definitiva se trata de una situación que no pudo darse de otra forma, porque las investigaciones penales y los procesos administrativos de la Secretaría de Estado transcurren por “carriles separados”.

“Lo que se hizo fue cumplir con la ley. Si alguien de la Brigada de Drogas avisa a otra unidad que se está investigando a otra persona, los fiscales te matan”, dijo a El País un integrante del gobierno, que rechazó que se exija “discrecionalidad” en un tema que está “regulado”.

Esta misma línea es la que manejan legisladores oficialistas que relataron que, en su opinión, desde las bancadas nacionalistas y coloradas no es necesario que las autoridades brinden explicaciones.

Previo a que se conociera este último episodio vinculado a Marset, el canciller Francisco Bustillo había dicho que el gobierno “no se oculta nada”.

“No hay investigación ninguna en Cancillería, como entiendo que tampoco ha habido en el Ministerio de Interior; simplemente lo que se ha venido trabajando es un nuevo proyecto de decreto”, sostuvo Bustillo en conferencia de prensa el viernes.

De acuerdo a la información divulgada por El Observador, la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas en 2021 envió a la Policía paraguaya un informe en el que comunicaba que en octubre de 2020 dejó de estar vigente una requisitoria contra Marset por resolución del juzgado penal especializado en Crimen Organizado de 1er Turno que encabeza Adriana Chamsarian.

Esto implicaba que apenas unos meses antes de que en octubre de 2021 se le entregara al narcotraficante un pasaporte uruguayo la Policía había colaborado con la Justicia paraguaya brindando información sobre Marset. Asimismo, según la publicación, estas colaboraciones se dieron desde dos meses antes de aprobar el documento de viaje también con la DEA.