Redacción El País
Saber si para la Fiscalía hubo o no delito en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marseten noviembre de 2021 es esperado con ansiedad por todos los actores involucrados —exjerarcas de esta administración— y sobre todo en los partidos de la coalición de gobierno, que han visto cómo esta causa implicó fuertes cuestionamientos porparte del Frente Amplio.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía en setiembre de 2022, y desde aquel momento han sido interrogados todos los que, de una forma u otra, tuvieron vinculación con el trámite: los exministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, los exsubsecretarios Carolina Ache y Guillermo Maciel, funcionarios de la Cancillería y del Ministerio del Interior, y hasta Alejandro Astesiano, el excustodio presidencial condenado y en la cárcel por tramitar pasaportes falsos y otros delitos de corrupción.

Ahora, en los últimos días, el fiscal de la causa, Alejandro Machado, dispuso el envío de un nuevo oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores que aún no ha sido respondido, y que entiende necesario para, luego de analizada toda la información documental y la aportada por los testimonios, tomar una decisión y archivar la indagatoria o formalizar una investigación penal.

Fuentes de la Cancillería, sin embargo, aseguran que no han recibido todavía la solicitud de esa información.

Como sea, en el equipo de Machado no planifican un pronunciamiento para antes de la feria judicial, que comenzará este primero de julio y finalizará el 15 de ese mes, según señalaron fuentes judiciales a El País.

Para entonces ese, Machado —que no dispone de plazo máximo en esta etapa de la investigación— podrá analizar y "contrastar" todos los datos recogidos hasta el momento, agregaron los informantes.

Hasta ahora, Machado ha puesto la mira tanto a lo ocurrido en la órbita de la Cancillería —ámbito al que apuntó con énfasis al comenzar la indagatoria— como a las actuaciones en el Ministerio del Interior, específicamente en la Dirección Nacional de Identificación Civil, cuyo exsubdirector Alberto Lacoste fue destituido tras conocerse en agosto de 2022 que se había reunido con el abogado Alejandro Balbi mientras se tramitaba este pasaporte —que finalmente obtuvo Marset mientas estaba recluido en Dubái por portar, justamente, documentación paraguaya apócrifa.

Días atrás El País informó que el fiscal estaba trabajando “a su ritmo”, ya que los tres funcionarios que integran su Fiscalía de Delitos Económicos “no dan abasto” con la labor pendiente y la “complejidad” de esta causa, que “abre nuevas puntas” ante cada nuevo paso que da la investigación.

De hecho, este caso tiene una segunda indagatoria, que se inició a fines del año pasado, luego de que Ache—hoy precandidata por el Partido Colorado— denunciara en Fiscalía presiones del gobierno de Luis Lacalle Pou para borrar un chat —protocolizado por escribano— que había tenido con Maciel, quien le advertía sobre la peligrosidad de Marset al momento en que Cancillería tramitaba este pasaporte —que luego facilitó la liberación del narco—, y le solicitaba conocer detalles sobre el paradero de este peligroso delincuente. Pero esta línea será profundizada una vez resuelta la causa del pasaporte.