Redacción El País
Cabildo Abierto (CA) considera que la Justicia debe determinar “la existencia o no de delitos y sus correspondientes responsables” y la “legalidad y pertinencia de la expedición del pasaporte” entregado al narcotraficante Sebastián Marset, y las derivaciones de la causa que investiga Fiscalía tras las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina Ache.

La Mesa Política de CA señala que desde la interpelación en el Senado en agosto de 2022 a los entonces ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, “ha surgido nueva información sobre la actuación de las autoridades”.

“Información que no fue brindada de manera completa por los jerarcas ministeriales en dicha instancia parlamentaria en la que nuestro partido les dio un voto de confianza”, señala el partido en una declaración y expresó su rechazo a esas “acciones y actitudes”.

El senador y líder de Cabildo Abierto dijo a Telemundo (Canal 12) que “quedaron algunas dudas no aclaradas” tras las explicaciones del presidente Luis Lacalle Pou el sábado en conferencia de prensa. “Esperemos que se esclarezcan lo antes posible a partir de las actuaciones de la Justicia”, aseguró.

Por otro lado, CA valoró “positivamente la sustitución del ministro y subsecretario del Interior, del ministro de Relaciones Exteriores y del asesor de Presidencia (Roberto Lafluf)”, tal como lo solicitaron “una vez conocido los hechos”.

Además, el partido exhorta las nuevas autoridades del Ministerio del Interior “a encarar cambios en las políticas de seguridad pública y en la lucha contra el narcotráfico”. “Es necesario revertir la realidad que se atraviesa desde hace más de una década, en la que se han dado fugas de capos mafiosos, medidas alternativas a peligrosos criminales, insuficiencia de escáners y radares, crecimiento del sicariato, entre otras situaciones de gravedad, que además afectan el prestigio internacional del país”, añade la declaración sobre los desafíos que tiene la cartera que ahora dirige Nicolás Martinelli.

Por otra parte, esperan que el nuevo canciller, Omar Paganini, “dé cumplimiento a lo votado en la Cámara de Representantes en octubre sobre el cese de los contratos que se hicieron en forma discrecional a través de designaciones directas, en particular de los ediles nombrados en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, así como la sustitución de todos los integrantes de la delegación uruguaya”.