Redacción El País
La fiscal Alicia Ghione solicitó el desafuero del senador Gustavo Penadés para avanzar en la investigación que se abrió a raíz de ocho denuncias de explotación sexual a menores presentadas en su contra.

A principio de abril, Penadés envió una carta a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en la que pidió que “si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes (...) se proceda a dar trámite a dicho pedido en forma inmediata”.

Los fueros parlamentarios son un mecanismo de protección frente al Poder Judicial del que disponen senadores y diputados para contar con libertad para legislar, por lo que “jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”. A la acción de quitar dicho mecanismo se la conoce como desafuero. Los fueros pertenecen a la cámara, no al legislador, que no puede renunciar a ellos en forma voluntaria.

El desafuero no implica la expulsión del legislador de la cámara, sino que rige mientras dure la investigación. En caso de ser sobreseído, este podrá volver a desempeñar el cargo.

El pedido de la fiscal Ghione fue derivado a la Suprema Corte de Justicia, que luego lo enviará al Parlamento, donde la Cámara de Senadores dará curso y deberá aprobarlo por mayoría especial de 21 votos a favor.

Si se acusa de un delito penal a un senador o diputado, debe hacerse frente a la cámara a la que pertenece, “la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”, apunta el artículo 114 de la Constitución.

Aunque Gustavo Penadés había sido electo diputado, ocupa el cargo de senador desde el 1° de marzo de 2020, en lugar de Luis Alberto Heber, quien fue designado ministro (primero de Transporte y luego de Interior). Por lo tanto, la votación del desafuero de Penadés corresponderá a la Cámara de Senadores.

En tanto, el artículo 115 de la Constitución añade que cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

“Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”, agrega.

En noviembre de 2019 el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el desafuero del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos por su actuación como comandante del Ejército ante una confesión realizada por José Gavazzo, quien reconoció que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.

En abril de 2020 el senador solicitó que todos los legisladores votaran para que pudieran levantarle los fueros parlamentarios y solicitó que se hiciera "a la mayor brevedad posible". Sin embargo, dio marcha atrás ante la "clara posibilidad" de que la suspensión fuera definitiva y finalmente el senado no votó su desafuero por no encontrar intención de delito.

En 2019, el senador Daniel Bianchi compareció ante la Justicia por haber protagonizado un accidente en Punta del Este mientras conducía en estado de ebriedad. Por su parte, en 2017 el diputado Wilson Ezquerra fue juzgado por manejar alcoholizado por una ruta de Maldonado cuando atropelló a una mujer que circulaba por la misma ruta en una moto y en su misma dirección.

El anterior desafuero votado por la Cámara de Representantes fue el del diputado del Partido Colorado Carlos Signorelli. En 2011 debió rendir cuentas ante la Justicia por problemas financieros durante su gestión al frente de la Intendencia de Artigas.

Bastante antes, en 1990, Armando Da Silva Tavares ganó una banca en el Partido Colorado. Un año después la Justicia pidió su desafuero, el que se consideró en 1991 y fue rechazado por un voto. En 1994 perdió la banca y compareció ante la Justicia.