Un tema discutible. Así definen en la coalición de gobierno la situación que envuelve al senador nacionalista Juan Sartori. En las últimas horas el legislador rechazó en forma contundente el fallo en el que, por tres votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia consideró constitucional un artículo de la ley cristal sobre funcionarios públicos, la que lo obliga a presentar la declaración jurada de bienes de su esposa, la ciudadana rusa Yekaterina Rybolóvleva.

Sartori ya lo dejó el claro. “No puedo ni voy a obligar a mis esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada”, enfatizó. El senador argumenta que esa obligación constituye una “violación al derecho a la intimidad y a la privacidad”, además de ratificar que está dispuesto a “enfrentar las sanciones correspondientes antes de ser parte de un sistema que ya fue”. Las sanciones, eventualmente, deberán ser definidas por sus colegas, que ayer comenzaron a procesar el tema.

En diálogo con El País, el nacionalista Rodrigo Blás respaldó a su correligionario, al considerar que la ley tiene un “error de difícil solución”: el de obligar a presentar una declaración jurada a sujetos que, como la esposa de Sartori, no deberían presentarla si no fuera por el vínculo. También porque permitiría sancionar a Sartori cuando el incumplimiento, técnicamente, es de otra persona.

En esta misma línea se expresó el senador Sergio Botana. “No puede obligar a la mujer si la mujer no quiere”, le dijo a El País, sobre la declaración de Rybolóvleva. Botana apuntó que el matrimonio no tiene bienes gananciales, desde el momento en que tienen separación de bienes.

“Me resulta jurídicamente chocante”, apuntó por su parte el senador cabildante Guillermo Domenech, al referirse a los sujetos obligados por la ley a presentar los bienes de su cónyuge. Una situación que, admitió, también tuvo que enfrentar. Por su suerte, señaló, su esposa accedió a declarar sus bienes. “Si no, estaría en la misma situación que Sartori”, confió.

En el Frente Amplio, en tanto, hoy comenzará a analizarse un planteó de la Vertiente Artiguista, que busca aplicar una dura sanción ante el anunciado incumplimiento por parte de Sartori. La oposición, sin embargo, primero esperará por el pronunciamiento que, el jueves, debería tomar la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Ese organismo había suspendido sus actuaciones sobre el tema a la espera del fallo de la Suprema Corte.

La representante frenteamplista en ese organismo, Ana Ferrarís, dijo a El País que la junta debería intimar a Sartori a que presente la declaración jurada de su esposa. De lo contrario, debería declararlo “omiso” en su obligación y elevar la consideración del tema al Parlamento. Ferrarís apunta que, al contrario de lo que sostiene el legislador, este también está omiso en su propia declaración, ya que no incluyó la titularidad, dice, de varias empresas que controla.

Una de las sanciones previstas ante la omisión es la retención del 50% de sus haberes que, en su caso, no tendría efectos prácticos. Fuentes parlamentarias y del entorno de Sartori confirmaron que el senador hace tiempo no cobra su salario. Por sus prolongadas ausencias, está excedido largamente de los 30 días reglamentarios de licencia de los que goza.

En la práctica, cobra por el día en que ejerce banca, que esta semana volvió a estar en manos de su suplente, Juan Straneo.

A instancias del senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista), el Frente Amplio analizará además la posibilidad de pedir que la cámara le aplique a Sartori el artículo 115 de la Constitución. Allí se habilita a suspender o incluso a expulsar a un legislador por “desórdenes de conducta en el desempeño de sus funciones” o por actos “que lo hicieren indigno de su cargo”. En cualquiera de los dos casos el planteo obliga a contar con una mayoría de dos tercios en sala, para lo que es indispensable parte del oficialismo.