Encontrar la forma de regular la actividad que realizan las aplicaciones de alquiler de hospedajes, como Airbnb, está siendo tarea compleja para el oficialismo, ya que el proyecto de ley que impulsó el Ministerio de Turismo -y que el gobierno envió al Parlamento a inicios del 2022- continúa siendo analizado por una comisión del Senado.

El proyecto de ley destinado a regular el alquiler temporario con fines turísticos desató controversias con críticas de los dueños de las propiedades que son ofrecidas a través de plataformas y en las últimas semanas se sumaron los cuestionamientos de la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de la República (Udelar).

Según se desprende del proyecto de ley, su finalidad es regular el alquiler temporario de inmuebles distintos a los hoteles. Los define como aquellos alojamientos transitorios, temporales o por días con fines turísticos, y se excluye a las viviendas primarias, o sea, las que son residencia habitual de los propietarios. El proyecto establece, además, que los propietarios deberán inscribirse en el Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario bajo la órbita del Ministerio de Turismo.

El Instituto de Derecho Civil de la Udelar compareció ante la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado en la tarde del 6 de diciembre de 2022.

La delegación estuvo encabezada por el director de la cátedra, Gerardo Caffera, quien sostuvo que el principal error es confundir el contrato de arrendamiento con el de servicio de hospedaje.

Entre las diferencias está que las obligaciones del contrato de servicio de hospedaje alcanzan mucho más, como hacerse responsable por los bienes del huésped, tener acceso libre a su habitación, la obligación de prestar servicio de limpieza y cocina.

“Esa diferencia entre las obligaciones que se suman en uno y otro caso hace que, por lo menos a priori, parezca que se trata de situaciones que no son asimilables”, aseguró el experto ante los senadores.

Más adelante en su exposición, Caffera considera un error que contiene el proyecto de ley al tratar de definir el alcance de la regulación por temporalidad y no por el contenido o la naturaleza del contrato. “Las plataformas no son otra cosa que una especie de mercado funcionando en línea, con los clásicos intermediarios -o su ausencia- y con contactos directos entre los particulares o no. No hay una novedad jurídica importante”, afirmó.

Si bien el proyecto fue enviado por el gobierno, no hay unanimidad en filas oficialistas sobre cómo quedó redactado. Incluso, hay discrepancias por parte de legisladores colorados, que integran el mismo partido que el ministro de Turismo, Tabaré Viera.

El senador colorado Raúl Batlle planteó reparos al texto tal como está redactado. En su opinión, el proyecto responde a los intereses de un sector particular de la industria. “Quieren implementar algo que los proteja, en lugar de buscar cuál es la forma que tiene el país de ayudar a la hotelería y al servicio turístico”, aseguró el legislador y agregó: “El turismo ha cambiado en el mundo entero y esta ley no está interpretando eso ni está colaborando con el turismo en general, solamente está protegiendo a algunos que tienen miedo y que quieren cortar con esto”.

Batlle apuntó además a cuál es el aporte que realizan al turismo las distintas ramas del negocio que están viéndose afectadas por la irrupción de Airbnb y otras plataformas.

“Cuando uno ve las cifras de camas que aportan los privados con sus casas o apartamentos constata que son muchísimo mayores, históricamente, a las que ofrecen los hoteles. Entonces, capaz que tenemos que proteger a estos y no a los hoteles; hay que ver quién colaboró más en este país con la industria turística: si todos estos miles de camas que ofrecen los privados o las cifras mucho menores que ofrecen los hoteles, sobre todo, en las zonas turísticas”, dijo.

Ese mismo día la comisión recibió una nota de la Liga de Fomento de Punta del Este solicitando que se tratara el proyecto de forma “urgente”. Sobre ello, Batlle dijo: “Es porque, evidentemente, ven amenazado su negocio. Con respecto a la intención, creo que está clarísima. Son los típicos miedos de una industria que quiere defenderse y protegerse”.