POLÉMICA

Quien fuera la mano derecha y el hombre de extrema confianza del expresidente Tabaré Vázquez, Miguel Toma, compareció ayer ante un tribunal de la Presidencia que letomó declaraciones durante más de seis horas. Esto fue en el marco de la investigación administrativa por las misiones oficiales del exsubsecretario, a las que fue acompañado por una contadora de 26 años que era funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Entre las pruebas visuales que maneja la investigación hay una toma de la cadena de televisión ESPN donde se lo puede observar en la tribuna de un estadio viendo un partido de la Associazione Sportiva Roma acompañado de la joven.

Uno de los focos de la investigación está puesto en determinar si la hoy exfuncionaria de la Senaclaft tenía los conocimientos, competencias y experiencia como para que Toma la solicitara para integrar la delegación.

Las 14 misiones de Toma y sus asesoras costaron a la pasada administración un total de US$ 164.000. El gasto se discrimina de la siguiente forma: US$ 93.000 en pasajes y US$ 71.000 en viáticos, según documentos oficiales a los que accedió El País.

De los US$ 71.000 de viáticos, Toma y las asesoras devolvieron US$ 16.000.

El exsecretario de Presidencia y las funcionarias viajaron en misiones oficiales por el arbitraje de la minera Aratirí, la Cumbre de Presidentes del Mercosur y el juicio a militares en el marco del Plan Cóndor. Fueron 14 viajes entre el 9 de abril de 2018 y el 17 de febrero de 2020, según la documentación.

Los vuelos tuvieron como destino Washington, Roma y Santa Fe. Toma realizó 13 viajes en misiones oficiales. En una ocasión no viajó, y en ese caso sí lo hicieron sus dos asesoras, la abogada Sara Ilha y la escribana María Introini, que fueron en representación de la Secretaría de Presidencia. Ambas se trasladaron en avión a Estados Unidos para asistir a reuniones de trabajo con motivo del proceso ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí.

En cinco oportunidades -entre el 4 de julio de 2019 y el 17 de enero de 2020-, Toma viajó acompañado por la contadora Giuliana Pérez Muñiz, de la Senaclaft. Según los documentos, gastaron un total de US$ 41.000 en pasajes a Roma y a Washington, y US$ 24.000 en viáticos.

Los viáticos recibidos por el exsecretario del presidente Vázquez fueron bastante más elevados que los de la contadora Pérez. En los cinco viajes que ambos coincidieron, Toma percibió US$ 16.012 por concepto de viáticos y devolvió al erario público US$ 5.810. Es decir, Toma restituyó un 36% del dinero, según los documentos. En tanto, la contadora Pérez recibió para esos viajes en materia de viáticos la suma de US$ 8.309 y reintegró US$ 1.585. Eso significa que regresó el 19%.

Como informó el programa radial Así nos Va, Toma viajaba en clase ejecutiva y sus viajes a Europa llegaron a costar hasta US$ 7.345.

En tanto, el semanario Búsqueda consignó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió a fines de 2019 una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en las misiones oficiales en Roma que encabezó Toma. En estos casos, el exsecretario de Presidencia viajó en el marco del juicio que se desarrollaba a exmilitares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.

Un escueto mail anónimo llegó al entonces integrante de la Jutep, Daniel Borrelli. “En Presidencia están pasando cosas muy raras y sé que usted no está de acuerdo con esas cosas porque además de ministro ha sido juez”, señaló el mail que consignó Búsqueda.

La contadora Pérez Muñiz ya asistió a Presidencia para dar su testimonio en el marco de la investigación administrativa.

Ayer lo hizo Toma y se recogerán más testimonios vinculados al tema. Incluso no se descarta que el exjerarca del gobierno de Vázquez vuelva a declarar, si es que se producen contradicciones y se necesita una nueva comparecencia.

Ayer, Toma concurrió a la Torre Ejecutiva con una valija negra. Allí llevó materiales, documentos y fotografías para aportar a la investigación, por fuera de las consultas que recibía.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer en Canal 5 que el decreto que firmó días atrás y que le resta poder a los fiscales de gobierno, entre ellos Toma, no tiene nada que ver con este caso, aunque sí reconoció que, después del suceso, se disparó la resolución.

Tras recibir un e-mail anónimo a fines de 2019 sobre eventuales irregularidades en los viajes del exsecretario de la Presidencia, Miguel Toma, la Jutep colocó el tema en su agenda. El asunto, sin embargo, demoró un tiempo en ser abordado debido a que había otros más urgentes, como las denuncias contra los intendentes Pablo Caram (Artigas) y Carlos Moreira (Colonia).

El presidente de la Junta, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia, por lo cual el tema fue analizado por los otros dos miembros del organismo, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez. Y en una sola sesión fue archivado. A la semana, cuando regresó Gil Iribarne, dejó constancia de su disconformidad porque era rutina analizar cada situación durante un buen tiempo.

Pese a que no es vinculante, lo normal es que, antes de una resolución, se pida un informe a la Asesoría Letrada, cosa que no se hizo en el caso Toma.

La Jutep sí pidió a Presidencia tres informaciones: quiénes habían viajado a Roma entre 2018 y 2019 en el marco de un juicio a militares, un detalle de los gastos realizados y los informes individuales que debió entregar Toma luego de cada viaje.

Las respuestas a las dos primeras preguntas llegaron rápido a la Jutep; en cuanto a los informes, lo único que se entregó fue un documento único con un resumen de cada viaje.